Los diputados radicales se fueron a Casa de Gobierno hasta con escribano público. Pidieron los decretos firmados por el gobernador Francisco Pérez en diciembre pasado y el libro de registro de esas normas. Iban con la sospecha de que el mandatario viene nombrando personal, a pesar de los límites que él mismo se ha impuesto. Y los legisladores de la oposición dicen que el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Tobares, se negó a mostrárselos. Tobares dice que nunca les negó el requerimiento, que sólo pidió que se lo hicieran por nota.
Entonces los cuatro diputados se fueron a la fiscalía más cercana a poner la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora, la causa está en manos del fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay.
“En ningún momento les negué el libro, pero como se estaba usando, les dije que lo pidieran por nota dirigida al responsable de ese tema, que es el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, y que seguramente se autorizaría a que lo vieran”, dijo Tobares. El funcionario acusado aseguró que ayer por la mañana el fiscal Garay pidió copia del libro y que le fue remitida al mediodía.
Pero los radicales Néstor Parés, Tadeo García Zalazar, Martín Kerchner y Jorge López no dicen lo mismo. Fueron a pedir los decretos porque es en esos documentos donde se publican los nombramientos de personal. Como Tobares se habría negado a dar copia de los decretos firmados en diciembre, así como tampoco mostraba el libro de registro, entonces Parés se fue a buscar una escribana pública. La notaria tuvo la misma suerte que los legisladores, entonces ella labró un acta y con esa acta los legisladores se fueron a la Justicia.
La acusación que presentaron contra Tobares es por violar los artículos 36 y 43 de la Constitución provincial, el primero prescribe la obligatoriedad de publicar los actos de gobierno, el segundo la nulidad de los nombramientos en la planta del Estado que no respeten las leyes vigentes, particularmente el congelamiento del ingreso dispuesto por el propio gobernador Pérez; también habría violado la ley 6.335 que obliga a publicar los decretos firmados por el mandatario en un plazo máximo de 60 días de su firma.
Esgrimieron como prueba una nota de diario Los Andes del 17 de marzo pasado, en la que se informaba el nombramiento de Norberto Filippo como asesor del Ministerio de Cultura; en esa misma nota se publicaba que ese ingreso al Estado no era el único que se había publicado en el Boletín Oficial, a pesar de que el propio Pérez ha ordenado el congelamiento del ingreso y que en el presupuesto 2014 (aún vigente porque no se sanciona el de 2015) también ordenaba el congelamiento de las vacantes de la administración pública.
Tobares decía ayer que “los hombres de bien no cometemos delitos. Y yo no tengo fueros”. Es claro que la denuncia contra el subsecretario no es más que otro round en la larga pelea entre el Gobierno y el radicalismo por el ingreso de personal al Estado.
A fines del mes pasado esa pelea volvió a agitarse por un decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de febrero. En ese decreto se establecía que, debido a que se estaba aplicando el presupuesto 2014, sólo se usaba de esa ley las partidas previstas, pero no las restricciones que en ella estaban incluidas, entre las restricciones se cuenta el compromiso del oficialismo de no contratar personal que en ese presupuesto estaba incluido.
No es casual que los radicales pidieran los decretos de diciembre. Hay dos motivos: por un lado, hay plena vigencia del presupuesto 2014 y, por ende, de la prohibición de contratar, por el otro porque el plazo de 60 días para publicarlos previsto en la ley 6.335 ya está vencido. Es decir, de haber decretos nombrando personal no publicados en el Boletín Oficial, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por violar dos leyes y la Constitución Provincial.
