El acuerdo de quita de la tasa a los espumantes se alcanzó en 2004. El Gobierno nacional -Néstor Kirchner era el presidente- dispuso aplicar una tasa de interés a las denominadas bebidas "suntuarias", entre las que ubicaba al whisky y otras bebidas alcohólicas, incluyendo en esa lista al champán, con un porcentaje del 12%.
La situación significaba un golpe duro para el sector vitivinícola local, que planteó su inquietud ante las autoridades nacionales, basándose en el hecho de que los espumantes ya no constituían una bebida "suntuaria" en razón de que habían llegado al grueso de la población y porque con la aplicación del impuesto, trasladado a los costos finales, podían poner freno al crecimiento que había alcanzado el champán en el mercado local. Luego de extensas deliberaciones se alcanzó un acuerdo, en un principio por un lapso de 10 años, a través del cual el sector vitivinícola se comprometía a invertir 100% de la tasa, más 25%, aspecto que permitiría paralelamente ampliar la posibilidad de fuentes laborales.
La industria cumplió con el acuerdo e inclusive superó las inversiones comprometidas y a modo de ejemplo podemos señalar que, en 2011, fue exceptuada de tributar 203,4 millones de pesos, pero volcó más de 132 millones en inversiones, mientras en 2012 se superó en un 20 por ciento el acuerdo suscripto. Las inversiones se volcaron en bienes de capital, como tanques o barricas e inclusive en la construcción de nuevas bodegas, con lo que crecieron también las fuentes de trabajo.
Sin embargo, si bien en un principio se habló de 10 años de vigencia, el decreto nacional tuvo primero una vigencia trienal, luego de 2 años y por último de un año. En 2011, la presidenta de la Nación anunció la ampliación del acuerdo en un acto realizado en una bodega del Sur, con motivo de la ampliación de una champañera, con lo que la vigencia se mantiene hasta el mes de febrero.
Por ese motivo también, días pasados dirigentes empresariales del sector se reunieron para plantear la posibilidad de que se permita la ampliación del acuerdo hasta 2014, que constituyen los 10 años del proyecto primario. El planteo del sector industrial fue acompañado por funcionarios del INV, quienes informaron sobre el seguimiento estricto que se le realiza a la medida, como la verificación in situ de la inversión, con los comprobantes y la pertinencia que exige el decreto, las declaraciones juradas de despachos y la facturación que deben presentar las bodegas.
Hay otras cifras que son significativas respecto de la importancia de la medida de exención del impuesto. Cuando comenzó a aplicarse el decreto, en 2005, las elaboradoras de champán eran 57 y actualmente suman 122. El titular del INV manifestó que desde la vigencia del decreto hasta la fecha, las bodegas han dejado de tributar $ 397 millones en impuestos internos, una cifra superada ampliamente por las inversiones. Un aspecto que ha permitido paralelamente alcanzar mayor competitividad a los espumantes, tanto en el mercado interno como en el internacional.
Así por ejemplo, las exportaciones FOB treparon de 8 a 21 millones de dólares, mientras los despachos al mercado interno pasaron de 25 millones de botellas a 42 millones. Si nos atenemos a los números, los casi $ 400 millones que las bodegas han dejado de pagar por la implementación del proyecto en 8 años no mueven la aguja en los presupuestos de miles de millones de pesos con que se maneja el Gobierno nacional, pero para la industria esa cifra es significativa porque, además de generar mayores puestos laborales y mejorar la producción por las inversiones, ha permitido al champán mantener y mejorar la competitividad en mercados cada vez más exigentes.
