El acuerdo se alcanzó en 2004. El Gobierno nacional, por ese entonces con Néstor Kirchner como Presidente, dispuso aplicar una tasa de interés a las denominadas bebidas “suntuarias”, entre las que ubicaba al whisky y otras bebidas alcohólicas, incluyendo en esa lista al champán, con un porcentaje del 12 %.
La situación significaba un golpe duro para el sector vitivinícola local que planteó su inquietud ante las autoridades nacionales basándose en el hecho de que los espumantes ya no constituían una bebida suntuaria en razón de que habían llegado al grueso de la población y porque con la aplicación del impuesto, trasladada a los costos finales, podían poner un freno al crecimiento que había alcanzado el champán en el mercado local. Luego de extensas deliberaciones se alcanzó un acuerdo, en un principio por un lapso de 10 años, a través del cual el sector vitivinícola se comprometía a invertir el 100% de la tasa, más un 25%, lo que permitiría paralelamente ampliar la posibilidad de fuentes laborales.
La industria cumplió con el acuerdo e inclusive superó las inversiones comprometidas. A modo de ejemplo podemos señalar que, en 2011, fue exceptuada de tributar 103,4 millones de pesos pero volcó más de 132 millones en inversiones, mientras en el año en curso se superó en un 20% el acuerdo suscripto. Las inversiones se volcaron en bienes de capital, como tanques o barricas e inclusive en la construcción de nuevas bodegas, con lo que crecieron también las fuentes de trabajo.
Sin embargo, si bien en un principio se habló de 10 años de vigencia, el decreto nacional tuvo primero una vigencia trienal, luego de dos años y por último de un año. En 2011, la propia Presidenta de la Nación anunció la ampliación del acuerdo durante un acto realizado en una bodega del Sur, con lo que la vigencia se mantiene hasta febrero. Por ese motivo también, días pasados dirigentes empresariales del sector se reunieron para plantear la posibilidad de que se permita la ampliación del acuerdo hasta 2014, que constituyen los 10 años del proyecto primario.
El planteo del sector industrial fue acompañado por funcionarios del INV, quienes informaron sobre el seguimiento estricto que se realiza a la medida, como la verificación in situ de la inversión.
Hay otras cifras que son significativas respecto de la importancia de la medida de exención al impuesto. Así por ejemplo, cuando comenzó a aplicarse el decreto, en 2005, las empresas elaboradoras de champán eran 57 y actualmente la cifra llega a 122, tal cual lo ha señalado el titular del INV, quien manifestó que desde la vigencia del decreto hasta la fecha, las bodegas han dejado de tributar 397 millones de pesos en impuestos internos, una cifra que ha sido superada ampliamente por las inversiones.
Esto permitió paralelamente alcanzar mayor competitividad a los espumantes tanto en el mercado interno como en el internacional. Así por ejemplo, las exportaciones FOB treparon de 8 a 21 millones de dólares, mientras los despachos al mercado interno pasaron de 25 millones de botellas a 42 millones.
Los casi 400 millones de pesos que las bodegas han dejado de pagar por la implementación del proyecto en 8 años no mueven la aguja en los presupuestos con que se maneja el Gobierno nacional, pero para la industria esa cifra es significativa porque, además de generar mayores puestos laborales y mejorar la producción por las inversiones, ha permitido al champán mantener y mejorar la competitividad en mercados cada vez más exigentes. De allí que resulta necesario que el Gobierno nacional extienda la implementación del acuerdo hasta alcanzar los 10 años que contemplaba el proyecto primario.
