Mientras el impacto del shock de reducción de subsidios en la inflación parece persistir, crecen las internas dentro del Gobierno y las críticas desde afuera. El golpe al bolsillo de los consumidores se podría haber acotado si la reforma energética se hubiera encarado no solo de una forma gradual sino también integral, que modificara los mecanismos de formación de precios a nivel mayorista, aseguran expertos en Energía cercanos al Gobierno.
Tal como se hizo, los ingresos de los hogares perderán un 4% de poder compra en 2016, según proyecciones privadas, a pesar de la batería de medidas sociales compensatorias en materia de impuestos y asignaciones familiares y la tarifa social.
La paradoja es que las críticas a la gestión del ministro Juan José Aranguren provienen incluso de FIEL, un think tank económico del cual el funcionario actualmente es vocal en uso de licencia. Fernando Navajas, economista jefe de la consultora y referente en materia de energía , consideró entre colegas que la reducción de subsidios debió haber sido más gradual pero, por sobre todo, más integral.
Según el último "Informe Trimestral de Coyuntura Energética” de FIEL, con las correcciones de precios y tarifas del gas natural incorporadas en la Resolución 28 del MEyM, “el Gobierno completó la primera fase -y posiblemente la única para 2016, dependiendo de la dinámica inflacionaria- de la corrección de severas distorsiones acumuladas durante una década de populismo energético, cuyos cambios se iniciaron en enero con las Resoluciones 6 y 7 para el caso de la energía eléctrica”.
El impacto en 2016 sobre los subsidios -que el Gobierno estima en u$s 8.000 millones divididos en partes iguales para gas y electricidad, rondaría los u$s 6.000 millones porque la devaluación local lo irá diluyendo y porque dependen del ajuste del precio de gas que paga el sector eléctrico, incorrectamente estimado en las cifras oficiales.
“El Gobierno avanzó notablemente en cerrar la brecha de precios que alimentaba los subsidios fiscales y deprimía los incentivos a atraer inversiones; se simplificaron las estructuras de precios y se llevaron a la práctica mecanismos de mitigación vía tarifa social recomendados por FIEL hace seis años”, admite el informe.
“Pero reducir los subsidios es más que elevar los precios que paga la demanda. Es también bajar los costos”, agrega. En este aspecto, la crítica de FIEL es que “los cambios se hicieron de un modo divorciado con la discusión y diseño de los mecanismos de formación de precios de largo plazo, lo que está dando lugar a la validación de sobrecostos innecesarios que resultan en aumentos onerosos para la demanda”. Las principales observaciones del informe son:
En el caso de la electricidad, el Gobierno no dio aún la mínima pauta de cómo reorganizar la formación de precios en el mercado mayorista, y organizar mercados de capacidad o expansión que resuelvan el problema heredado de que los costos marginales de corto plazo son muy superiores a los costos marginales que resultarían bajo una configuración regulatoria eficiente.
El intento de motorizar la inversión en energía eléctrica renovable va en la dirección correcta, pero termina operando con una dudosa justificación económica si al mismo tiempo no hay parámetros de referencia de que las nuevas tecnologías confluyen a un mercado que forma precios de modo moderno, resolviendo los problemas creados por mecanismos de remuneración de tecnologías diametralmente opuestas y en muchos casos insostenibles por lo onerosas.
En el caso del gas natural, el ajuste del precio de gas en boca de pozo es excesivo desde una lógica del verdadero costo de oportunidad representado por el costo del gas natural de frontera (es decir, Bolivia). “Hacerle pagar u$s 5 por MMBTU a toda la demanda residencial (y entre u$s 7 y u$s 8 a los segmentos de mayor consumo, valores que están entre los más caros del mundo) era innecesario desde el punto de vista de la eficiencia económica excepto por un afán de validar remuneraciones a productores más allá de los precios de eficiencia.
Esto se tradujo en un sobreajuste tarifario que, en un contexto de inflacionario, transfiere rentas a los productores de modo muy apresurado”, evalúa FIEL.
Para el think tank, cerrar la brecha de los subsidios sin una referencia de largo plazo y guiada por costos marginales de corto plazo debe ceder a un esquema fundamentado y sostenible. “La simplificación del debate de shock versus gradualismo no permitió ver las verdaderas disyuntivas”, enfatiza el informe.
“Compartimos el diagnóstico de FIEL”, sostiene Andrés Di Pelino, subdirector del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía (Ceege) de la UBA e integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. “El gas en boca de pozo experimentó un aumento significativo y eso se ha ido a la tarifa”, describe. “Los consumidores lo van a sentir, especialmente los de clase media y media baja, dado que se suma al aumento de la electricidad y la nafta. Corregir los desaguisados de la gestión previa llevará meses”, advierte.
“Si seguimos con este nivel de inflación, los aumentos de gas y electricidad serán insuficientes”, alerta, y deberán hacerse nuevos ajustes, ya que el retraso tarifario no debería ser el ancla de la inflación, que debe combatirse con política monetaria y fiscal.
Futuro cercano
“Estamos viendo un reacomodamiento del mercado energético y, en particular, del gas”, evalúa Ariel Eisenstein, socio líder de Energía y Servicios Públicos de KPMG Argentina y autor de un informe difundido esta semana. Para Eisenstein, el ajuste del precio de gas en boca de pozo sirvió para “mandar un mensaje a los productores para que inviertan y se pueda regresar al autoabastecimiento perdido en 2012”. Ahora, “hay que esperar la reacción del mercado”, afirma.
Tanto Di Pelino como Eisenstein dicen que es crucial ver qué sucede en las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI), que tendrán lugar antes de fin de año y, si bien son responsabilidad de los entes reguladores, el ENRE y Enargas, conllevarán audiencias públicas.
Pero Navajas es menos optimista: “Ahora entramos en una fase nueva, en donde a medida que queda claro que los aumentos bruscos generaron un efecto inercial de la inflación que no cede, empieza el nerviosismo y las peleas dentro del Gobierno. Tenemos a los ministros de Energía y Hacienda opinando diferente”, dice.
En su paper “Subsidios a la energía, devaluación y precios”, publicado a fines del año pasado, Navajas analizó los ciclos de corrección de tarifas de electricidad desde 1945 y concluyó que nunca lograron grandes recuperaciones del atraso en el primer año, excepto en el único episodio en el que se buscó atraer a la inversión privada: 1989-90. La recuperación de 1990 fue superior a la caída de la fase anterior y ocurrió no solo como una corrección de precios relativos, sino como un cambio estructural en preparación para el ingreso de inversores privados al sector vía privatizaciones.
“La historia muestra que los ciclos de caída real en el precio de la energía no se revierten en forma de shocks a menos que exista un sesgo fuerte hacia la formación de precios que acomode la entrada del sector privado”, sostiene Navajas.
De no existir una recomposición de precios pensada para facilitar el ingreso de capitales privados al sector o un fuerte movimiento de cierre del déficit fiscal, las correcciones suelen ser parciales. “Este ciclo (la gestión de Macri) se parece más al de 1989-90 que a los otros”, considera.
Su estudio también muestra que tarde o temprano la política macro pasa a tomar control. “Hoy la política energética la sigue teniendo (el ministro de Energía y Minería) Aranguren”, dice, pero advierte que esto es transitorio.
“La política energética no está supeditada a la política macroeconómica porque esta no considera a la reforma de subsidios como un problema para la inflación. El hecho de que hasta ahora haya sido sectorial no implica que la cosa no se dé vuelta. Es lo que está empezando a ocurrir”, describe.
La inflación y el impacto en el bolsillo hacen que la macro pase a dominar a la política sectorial, observa.
Según Navajas, la reducción de subsidios se podría haber morigerado o podría haber sido más eficiente en términos fiscales e impacto inflacionario si se hubiera acompañado de una revisión de los mecanismos de formación de precios mayoristas. Sin embargo, "no es lo que cree el Gobierno ni el propio Presidente. Su visión es que la inflación es un fenómeno monetario y claramente no lo es en el corto plazo", agrega.
¿Fallaron con el timing de la política de subsidios? “Sí, pero ya se hizo. Alpiste con la inflación. Mandaste la tasa de interés a las nubes para controlar el ajuste de tarifas. Te pegás un tiro en el pie”, describe. Su trabajo dice que el shock inflacionario prevalecerá por sobre el de la estabilización fiscal. “Quedará la estabilización cuando los ajustes tarifarios se completen, si para entonces estamos vivos”, ironiza.
Algunas rosas
Más allá de las críticas, los analistas le reconocen al Gobierno que se animó a tomar una medida con alto costo político. Incluso Navajas le atribuye al ministro de Energía “agallas para los aumentos”. Dante Sica, director de Abeceb y ex secretario de Industria, también destaca que “a pocas semanas de asumir, el Gobierno dio una señal clave: inició un proceso -que recién está en una primera etapa- orientado a corregir los desequilibrios que implicaron los subsidios en los últimos años”.
Sica también resalta que la medida “no dejó desprotegidos a los sectores vulnerables”, ya que las tarifas sociales prevén que quienes consuman menos de 150 KWh pagarán cero $/MWh, mientras aquellos que consuman más de 150 KWh deberán pagar $ 27 /MWh (en lugar de $ 95 /MWh). “Si bien el ahorro fiscal que implica la reducción de subsidios podría compensarse con tarifas sociales, la variante es positiva ya que los ahorros benefician a quienes lo necesitan y las tarifas se van orientando a una normalización, que es un componente central para exhibir una regularidad en la política económica”, concluye.
