La segunda jornada de análisis de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva se mantuvo dentro de los límites de la tranquilidad. El único dato llamativo de la mañana de ayer fue el único incremento en ingresos brutos. El Gobierno pretende quintuplicar la alícuota a la venta de armas de fuego, llevándola del 4% al 20%.
El otro tema que insumió alguna discusión fue las amplias facultades que tendría la Administración Tributaria Mendoza (ATM) para crear nuevas categorías en el Impuesto Inmobiliario. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, los legisladores indicaban que esas facultades eran inconstitucionales, puesto que los impuestos deben ser autorizados por la Legislatura y no por el órgano encargado de la recaudación fiscal.
En estos temas se agotó el debate entre oficialismo y oposición. Hubo algunos cruces pero fueron por cuestiones ya tradicionales en el tratamiento de este paquete de leyes: el avalúo de las propiedades, el impuesto inmobiliario y la actualización catastral.
Estos viejos debates están referidos a cómo incrementar la recaudación sin ser injustos con los que vienen pagando religiosamente el inmobiliario, pero incorporando nuevas parcelas que hoy figuran como baldíos o propiedades en secano y que actualmente son propiedades habitadas y algunas de lujo.
Es una situación de la que se viene hablando al menos desde la gobernación de Arturo Lafalla, cuando se afirmaba la necesidad de hacer los "vuelos fotoaerométricos" que barrieran todo el territorio provincial. Otra vez se mencionó la necesidad de ese barrido en imágenes, aunque ahora hay tecnología satelital.
En esta oportunidad el titular de la ATM, Claudio Gil, trajo un dato para calmar las críticas en este sentido. Este año se incorporaron 2,8 millones de metros cuadrados de construcción no declarada y 140 barrios cerrados, debido al trabajo que el personal de Catastro está realizando para actualizar esa base tantas veces fustigada.
El gran tema del avalúo es el cambio de modalidad de cálculo. Esta nueva forma de de fijar el precio evita la organización escalonada de las categorías de propiedades y tiene impacto directo en la determinación del impuesto inmobiliario.
De hecho, para que el impacto sea gradual, es que se prevé en el texto de la norma que, para las propiedades que tengan un avalúo fiscal de hasta 200 mil pesos, paguen el año que viene un 20% más de lo que pagaron este año; mientras que aquellas propiedades de entre 200 mil y 300 mil pesos de avalúo fiscal, deberán pagar como tope un 30% más de lo que pagaron durante 2013.
En este sentido, es que en el proyecto de ley se incluyó la atribución para que el titular de la ATM corrija los posibles desfasajes que se produzcan al aplicar el nuevo método. La forma de salvarlos sería creando categorías de vivienda nuevas, que contengan estos desfasajes y fijarles una solución alternativa de pago. Esto es visto entre los diputados como otorgar a Gil atribuciones impositivas que están restringidas constitucionalmente.
El otro tema que surgió en la charla entre Gil y los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue el incremento de la alícuota de ingresos brutos para la venta de armas de fuego. Para esto, se crearía un rubro aparte para las armas, separándolas de los productos de pesca. Así la alícuota se llevaría del actual 4% al 20%. Parece más una política activa para restringir la venta de armas de fuego en una sociedad cada vez más violenta, que una estrategia recaudadora.
Sin datos que lo justifiquen, el incremento fue anunciado casi como al pasar. Sólo alguien comentó a Gil: "Los comerciantes del rubro te van a ir a buscar. Van a instalar un polígono de tiro en la puerta de la ATM". Gil, sonriendo respondió: "¡Que vengan!".
