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hace 1 hora
Una fiscal de Santiago del Estero pidió enviar a subasta un local de explotación sexual en la ciudad de La Banda y destinar la recaudación a indemnizar a una víctima de trata de personas, informaron hoy fuentes judiciales.
La solicitud la efectuó la Fiscalía Federal General de Santiago del Estero, a cargo de Indiana Garzón, a través de varias resoluciones, y ahora deberá decidir el Tribunal Oral Federal que instruyó la causa por explotación sexual de un grupo de mujeres captadas en Misiones.
La fiscal Garzón requirió el remate o subasta pública del inmueble donde funcionaba el local de explotación sexual "Negro el 20", en la ruta provincial 51 a la altura de la localidad de La Banda, cuyos responsables fueron condenados en 2014 por trata de personas.
La funcionaria judicial propuso que el dinero que se recaude por la venta del inmueble se destine para lograr una "reparación integral y resarcimiento económico" de una mujer misionera, de 26 años, madre de seis hijos, que había sido rescatada del lugar en 2012.
La mujer había sido llevada a La Banda con una falsa promesa laboral y fue forzada a prostituirse durante algunos años en el local nocturno.
La fiscal exigió que se cumpla con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en su resolución del 4 de noviembre de 2015, cuando pidió instrumentar un "procedimiento transparente" para la venta del local y asignar los fondos obtenidos a la mujer esclavizada, como lo prevé la ley de Trata de Personas.
En 2012 Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en el local, rescató a un grupo de mujeres que eran explotadas sexualmente y detuvo a varios hombres acusados de regentear el local.
El caso fue llevado a juicio oral en 2014 y fueron condenados José Luis Luna, Carlos Cancino Franco y Samuel Emiliano Calderón por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una mujer misionera oriunda de la localidad de Jardín América.
"No me dejaban ni ver el sol, fui violada cuatro o cinco veces por cuatro personas para que aprendiera que estaba ahí para obedecer", declaró la mujer durante el juicio.
La Fiscalía General recurrió las condenas a 5 años de prisión para Luna y a 3 para Franco y Calderón por considerarlas exiguas, por lo que las actuaciones fueron giradas a la Cámara Nacional de Casación Penal.
La Sala II de Casación, integrado por Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, hizo lugar al planteo y un nuevo tribunal amplió las condenas a los imputados, y amplió el embargo para subasta de la construcción donde funcionaba el local de explotación sexual.
Esto significó que Luna, quien esperaba en libertad que la condena quede firme, fue detenido nuevamente y alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 35 de la localidad santiagueña de Colonia Pinto, y se concretó el decomiso del local.
