A través de dos resoluciones complementarias la Dirección General de Escuelas (DGE) busca reordenar la situación de los docentes. Es que desde que Jaime Correas se hizo cargo del gobierno educativo se detectaron aproximadamente unos 2.000 docentes que en lugar de estar frente al aula están cumpliendo tareas en otras áreas bajo el amparo de las "misiones especiales".
Si bien se trata de una figura válida y necesaria para el sistema, los nuevos funcionarios no encontraron registros de dónde se están desempeñando esas personas y quiénes son los encargados de controlar sus actividades.
Así en primer lugar se redactó la resolución 36 que dispuso dar por finalizadas a partir del 29 de febrero de 2016 las afectaciones de misiones especiales con anterioridad al 9 de diciembre de 2015 y en segundo, la 39 que detalla el formulario para asignar nuevamente estos nombramientos siempre y cuando se dispongan para tareas relevantes, dentro de la DGE y por parte de personas que cumplen con perfiles técnicos adecuados para las mismas.
"La primera resolución surge porque no había ningún registro exacto de cuántas misiones especiales había, ni sabíamos dónde se estaban desempeñando algunos agentes para notificarlos", comenzó a explicar Mónica Coronado, subsecretaria de Gestión Educativa. Según informó, se encontraron con que algunos de estos nombramientos fueron determinados con criterios objetables.
"Eran pocos, en proporción, los irregulares pero representan una gran ofensa para el docente que sí cumple", aclaró. Como un ejemplo de los casos cuestionables mencionó a los maestros que trabajaban como secretarios de legisladores o asesores que no cumplían horario.
Con respecto a la segunda resolución, que permite la solicitud y renovación de misiones especiales, Coronado señaló que se aprobarán siempre que la persona sea necesaria en esa otra función, que su tarea sea relevante y que su perfil profesional coincida con esa necesidad.
"Cada uno de esos pedidos van a estar respaldados por el solicitante", detalló la funcionaria. En general se determinará un año como plazo y si se demuestra que la tarea se desarrolló con idoneidad se podrá renovar. "Pero se tendrá que firmar el papel, lo que nos permitirá tener una base de datos cierta para saber dónde están esos docentes y sobre todo quién los monitorea", añadió.
Otro requisito que se tendrá en cuenta es que esas otras actividades se desarrollen en el ámbito del mismo gobierno educativo. "Porque antes teníamos gente trabajando en otros ministerios a los que les pagaba la DGE", comentó. Para la subsecretaria de Gestión Educativa, se trata de normas de orden para un sistema que se había vuelto caótico.
"No significa que queremos reducir las misiones especiales sino redistribuir esa capacidad en necesidades reales que hemos detectado en el sistema, así evitar favoritismos, que se tomen por amistad o compromiso político", remarcó la mujer. El tiempo para presentar los nuevos formularios será hasta el 29 de febrero porque se busca darle tiempo a los docentes para resolver su situación actual, ya que cuando una persona es designada para una misión especial se contrata a un suplente para cubrir ese puesto.
"Además de las renovaciones se pueden presentar personas nuevas para cubrir las misiones pero son formularios diferentes porque a la gente que ya tiene trayectoria no se le pide tanta información, en cambio a las nuevas se le pide el CUIL y un pequeño CV", dijo Coronado.
Adrián Mateluna, titular del SUTE, expuso que las misiones especiales no entran dentro de su discusión, pero que sí defenderán a aquellos docentes que dejaron de estar frente al aula para cumplir funciones en las comisiones de distintos temas que se han ido creando en las distintas paritarias.
"Nosotros tenemos actualmente 5 comisiones en las que trabajan 14 compañeros que se abocan a temas como infraestructura, zona, junta electoral, entre otros", detalló. Si bien su trabajo se enmarca en la de misiones especiales es un futuro buscan que se les de otra designación "para que quede claro que no son designaciones arbitrarias".
2.700 cambios de funciones
Otro aspecto que llama la atención a los funcionarios de la DGE a la hora de ordenar la situación de los docentes es que de una planta de 55.000 agentes hay 2.700 que tienen cambio de funciones, es decir, que no pueden estar frente al aula porque alguna enfermedad se los impide y trabajan en otro sector de la escuela.
"Es un número importante por lo que se están tomando una serie de medidas en el área de salud laboral", contó la subsecretaria quien reconoció que se trata de un área muy vulnerable. "Se están estudiando qué alternativas hay para resolver este tema pero no es sencillo porque implica la salud de las personas y nadie quiere estar enfermo", destacó Coronado.
"Uno a veces se centra en las excepciones pero son pocos los casos de las personas que se generan una enfermedad para no ir a trabajar. Van a haber algunos dispositivos de control, pero siempre se va a respetar la dignidad de un trabajador que está enfermo", subrayó la mujer.
Normativa de sanciones en estudio
Que amonestaciones sí, que amonestaciones no. Parece ser el debate para mejorar la conducta de los alumnos en la escuela secundaria. Sin embargo, para Mónica Coronado, subsecretaria de Gestión Educativa, se trata de un debate necio que va mucho más allá. Es que a mediados de 2013 se remplazaron las amonestaciones por un modelo basado en la quita de créditos que para muchos no tuvo resultados satisfactorios, por lo que ahora se espera que la nueva gestión de la DGE modifique el sistema.
"Se cree que poniendo amonestaciones se va a resolver un problema más complejo, pero para que el chico esté contento hay una serie de factores a tener en cuenta. Si la escuela genera sentido de pertenencia, un plan de estudio interesante, propuestas pedagógicas cercanas, uso de tecnología, patios donde dé gusto estar, baja la violencia", expuso. Para ella el sistema de créditos fracasó porque no se tuvieron en cuenta esas variables.
"Nosotros tenemos una normativa en estudio que es un ajuste de las que se vienen trabajando pero que recupera lo que ha funcionado bien y cambia lo que no y además es complementaria de otros aspectos tendientes a mejorar la convivencia en la escuelas", aseguró la funcionaria. Lo que ella todavía no tiene claro es cuándo se comenzará a aplicar esta nueva propuesta, es decir, si llegará o no al comienzo del ciclo lectivo el próximo 29 de febrero.
