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hace 5 horas
El Gobierno de Mauricio Macri autorizó un tarifazo sobre el servicio de gas, una jueza federal frenó el aumento en Mendoza y desde ese momento reina la confusión en la sociedad mendocina.
La pregunta de miles de usuarios es: ¿hay que pagar o no la boleta de gas? Tantas voces han intervenido, tanto por el si como por el no, que la gente no sabe qué hacer.
Ante esto, el senador provincial Gustavo Arenas (FpV-PJ) presentó un proyecto para citar en carácter de urgente a la Legislatura a los actores involucrados en la confusa situación.
Arenas quiere que junten al delegado local del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), el gerente de la empresa Ecogás y el secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Sergio Marinelli.
Además serán invitados la jueza federal en primera instancia Olga Pura Arrabal, quien suspendió la aplicación de esos aumentos en Mendoza, y representantes de la asociación de defensa de los consumidores Protectora, la cual presentó el amparo que sirvió para frenar los incrementos.
El objetivo de la iniciativa, que será tratada el próximo martes en la sesión del Senado, es que las autoridades de esos organismos y de la compañía prestadora brinden explicaciones sobre sus posiciones encontradas con respecto a los aumentos tarifarios, desentendimientos que han creado un clima de incertidumbre generalizada en los mendocinos.
A la vez, la magistrada federal fue quien a fines de mayo avaló el amparo que suspendió los incrementos y los acotó con un tope del 80% en vista de la refacturación que ordenó hacer, y además emplazó a Enargás a presentar en 60 días un cuadro tarifario diferencial –similar al de La Pampa– destinado a nuestra provincia.
Simultáneamente, Protectora es la entidad que motorizó el amparo en la Justicia para que quedaran sin efecto las subas aplicadas, lo que derivó en el dictamen de la jueza para rever el cuadro tarifario e incluso ordenar que se agregue una categoría para proteger a los usuarios mendocinos debido a las particularidades climáticas de toda la provincia.
En este confuso cuadro de situación, los anuncios realizados por parte del Poder Ejecutivo provincial no se corresponden con lo informado por Ecogás, mientras que las oficinas del Enargás permanecían cerradas hoy, cuando muchos usuarios angustiados por la situación se acercaron para saber qué hacer con respecto al tema.
La propuesta del legislador justicialista se basa además en la preocupación causada por un proyecto de ley que presentó la senadora nacional Pamela Verasay (UCR), avalado por el secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Sergio Marinelli, para que en Mendoza haya dos tipos de facturación, lo que terminaría dividiendo a los usuarios en ciudadanos de primera y segunda categorías.
El Enargás es el ente descentralizado encargado de regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas con referencia al servicio público de gas.
Mientras, Ecogás es la compañía que presta el servicio desde hace más de 20 años en Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan y Catamarca, además de Mendoza, al abastecer a más de 1.250.000 clientes en 254 localidades.
Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos es la autoridad competente local en ese tema, y Protectora es una asociación nacional sin fines de lucro que defiende los derechos, y promueve la información y la educación de usuarios y consumidores.
