Cinco días antes de las PASO, el oficialismo buscará dar un golpe de efecto en un Congreso dormido: desempolvará una decena de proyectos de ley con el fin de acordar un texto sobre la prohibición de candidaturas a quienes estén condenados por causas de corrupción.
Con la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, esta imposibilidad sólo rige para quienes afronten condenas firmes.
El oficialismo ahora quiere que sea ley: inicialmente propuso que baste una sentencia de primera instancia, pero ahora, tras negociaciones con la oposición, ablandó su postura y propondrá como requisito un fallo de cámara.
El proyecto que establece esta restricción -en ese caso con sentencia de primera instancia- obtuvo dictamen el 7 de noviembre de 2017, pero como no se trató perdió estado parlamentario.
Ahora retomarán el tema en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por Pablo Tonelli (Pro) y Diego Mestre (UCR), respectivamente, que fue convocado para el próximo martes a las 15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
Si la iniciativa fuera ley, por ejemplo, exministro kirchnerista Julio de Vido, que está preso, no podría ser precandidato a diputado nacional, como actualmente lo es por el partido Dignidad Popular, que lleva de postulante a gobernador al periodista Santiago Cúneo.
Es porque De Vido está condenado desde el año pasado por la tragedia de Once a 5 años y 8 meses de prisión, acusado de ser partícipe necesario del accidente de 2012.
Durante el debate de comisiones de 2017, la diputada kirchnerista Nilda Garré anunció que su bloque no apoyaría la iniciativa por considerar que violenta el principio de inocencia de los posibles candidatos.
