Sociedad
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hace 16 minutos
El Senado tiene previsto aprobar este miércoles en sesión la ley que permite que las empresas privadas financien las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido. Pero la reunión se postergó para la semana que viene, porque algunos senadores pretenden aplicarle cambios y agregados al dictamen de consenso.
Uno de ellos es el justicialista chubutense Alfredo Luenzo, quien propone obligar a las redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, a ceder espacios para videos y anuncios gráficos de campaña electoral, tal como actualmente lo hacen las radios y la televisión, desde 2011, con la famosa leyenda "Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral".
Luenzo realizó este planteo esta tarde, en una breve reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales en que se analizó la situación del proyecto de ley, que ya está listo para ser debatido en el recinto, pero requiere de un acuerdo amplio para su aprobación porque, como es una ley electoral, se necesita la mayoría absoluta de votos, es decir de la mitad más uno de los integrantes del cuerpo (37).
Como ese número aún no está garantizado, en la reunión de Labor Parlamentaria se decidió postergar la sesión para el miércoles 20, con el fin de tener listo el texto.
"Cargamos con responsabilidades a los medios tradicionales pero no a las redes sociales", sostuvo el senador por Chubut, quien además insinuó que la futura ley quedaría desactualizada si se excluye del texto a las redes sociales.
La ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) establece que la televisión y la radio están obligadas a ceder el 10% del total de la programación para fines electorales.
El dictamen del Senado, acordado entre Cambiemos y el PJ, rebaja al 5% esa obligación. Y ahora, Luenzo propone ampliar imposición a las redes sociales.
Al planteo del chubutense le siguió otro del radical chaqueño Ángel Rozas, quien señaló que también debería considerarse a los medios digitales y señales de radio y televisión extranjeras que operen en la Argentina, y a los que ni la ley vigente ni el proyecto en debate los obligan a ceder espacios para publicidad electoral.
La publicidad electoral y otros aspectos de la ley serán negociados en los próximos días y serán plasmados en un borrador que llevarán al recinto la semana que viene, con el fin de aplicarle correcciones al dictamen, ya firmado el año pasado, directamente en la sesión.
Los senadores también están negociando los cambios con Diputados, con el fin de que la eventual media sanción no se trabe en la Cámara Baja y pueda haber ley en vigencia antes del 12 de julio, cuando arranca formalmente la campaña, según el Calendario Electoral 2019.
El proyecto en discusión permite los aportes de personas físicas y jurídicas a las campañas electorales con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña a cada partido; obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, y reduce a la mitad el tiempo de programación de televisión y radio destinado obligatoriamente a spots y mensajes proselitistas (antes era el 10 por ciento y ahora, del 5 por ciento).
La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto y es pretendida por la Casa Rosada y también por el peronismo para ahuyentar los fantasmas de una campaña sin aportes por el caso de los cuadernos de las coimas, como consecuencia del cual varios empresarios desfilaron durante el año pasado por los tribunales.
En otras palabras, si no hay una ley que permita aportes privados para las elecciones, ningún empresario querrá poner un peso. Están asustados, dicen en los pasillos del Palacio del Congreso.
