Viejas ideas, nuevos proyectos, otra entidad, y un solo objetivo: regular el precio del vino y equilibrar el stock a través de fondos que llegarían de distribuidores y cadenas comercializadoras.
Frente a la crisis de los sectores; medidas y proyectos son los que aparecen. Esta semana se supo que se volvió a reflotar un viejo anuncio. Se trata del Fondo de Estabilización de stock, el cual fue comunicado en su momento por el gobernador Francisco Pérez, en la vendimia 2014, y hoy el presidente del INV Guillermo García junto con los diputados por Mendoza del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti, intentarán remontarlo en la Cámara de Diputados con el objetivo de que sea discutido y aprobado en los próximos meses.
La creación de un fondo de estabilización de stocks se crearía de manera permanente, y buscaría recaudar fondos por -aproximadamente- $ 200 millones para mitigar riesgos, a los fines de compensar la oferta y demanda. Según explicó Guillermo García, hasta el momento habría tres fuentes de financiamiento. “Una posibilidad es que provenga del Estado, aunque esta vía estaría descartada por el conocido déficit de cuentas públicas.
En segundo término, está la posibilidad de una reducción temporaria de impuestos, y la tercera sería una contribución que haría la cadena comercial”, contó el mandatario.
Sobre esto, Guillermo Carmona, aseguró que la tercera opción, la de aplicar una tasa a la cadena comercial, sería la más factible, ya que en definitiva, según el diputado, “se llevan la renta más abultada de la comercialización del vino y en definitiva son quienes distorsionan el precio del vino”.
El argumento que exponen es que el precio que recibe el productor no es el que se refleja en las góndolas de los supermercados. “Según el Indice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el Departamento de Economías Regionales de CAME para una canasta de 20 alimentos agropecuarios, en agosto la diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola superó en 8,01 veces a lo que recibió el productor en el campo.
La uva de mesa, aunque es la época de menor consumo del año, el consumidor pagó en agosto 48,9 veces más de lo que recibió el productor”, indicó la CAME en un estudio realizado esta semana.
García explicó que a pesar de los aumentos de ventas en el mercado interno y externo, “se observa que los precios pagados a los productores continúan en los mismos valores que años anteriores, lo que dificulta el financiamiento de la cosecha 2016”.
“Ante estas dificultades -continuó- es que en los próximos dos meses esperamos constituir un fondo de estabilización de precios y stock, que busca recomponer la participación de los productores en el porcentaje histórico que ha tenido el precio del vino en el precio pagado por el consumidor de 34%”.
Esta iniciativa trata de incorporar un aporte realizado por la cadena a un fideicomiso, con el objetivo de que este valor se transforme en un aporte al productor de uva genérica, y que al mismo tiempo retenga volúmenes de vino. Con esto último, se lograrán disminuir los excedentes y restringir la oferta, trasladándose en un aumento de precios de vino en el mercado de traslado.
De este modo, según adelantó el presidente del INV, este fideicomiso estaría en manos del Estado y del INV, con la posibilidad de que tenga una administración no vinculante, por la relación de lo público y privado.
Pero además, según contó Guillermo García, “esta herramienta buscará intervenir no sólo en momentos como esta temporada de sobre stock y precios bajos, sino también en épocas en que falten productos, por las cuestiones que sean, y los precios estén elevados, largando vino al mercado”.
Según aseguró el directivo, el mecanismo debería estar en línea en los próximos dos o tres meses, para así corregir el precio y que los productores tengan en su mano dinero para las labores culturales.
En relación a la posibilidad de que esta herramienta se discuta, Carmona y García aseguraron que hay consenso, lo “único que hay que rever es cómo se financiará”.
Entidades a favor y en contra
Parecería ser que el consenso por parte de todas las entidades vitivinícola no sería tal. Dirigentes de algunas de ellas estiman que el intervencionismo estatal en el mercado no es la solución al problema. Además, a los actores del sector les preocupa que esta herramienta se traduzca en un impuesto para la cadena comercial y que ésta luego, traslade ese valor al consumidor o a los establecimientos.
En este camino es el que se enmarca Bodegas de Argentina. Su gerente, Juan Carlos Pina, estimó que ellos están totalmente en desacuerdo con cualquier tipo de intervencionismo.
“La única forma genuina para que el precio se incremente es que el Estado instrumente medidas económicas acordes. Como un tipo de cambio más rentable e inflación en porcentajes más bajos de los que venimos viendo”, aseguró Pina.
Asimismo, sumó: “Lo que el productor quiere es que lo que él produzca tenga valor, no quiere compensaciones, ni subsidios, ni mucho menos intervención. Entre 2003 y 2011 nadie se quejaba por la situación del sector, por el simple hecho de que las condiciones económicas eran las acordes. Estos esquemas vienen a corregir y compensar errores macro y las malas decisiones del Ejecutivo”.
Coincidió con esta visión Sergio Villanueva, director Coviar y gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA). “Estas mega soluciones, tienen mega problemas, sobre todo cuando se hacen sin consenso de entidades”, destacó.
Tanto Pina como Villanueva temen por la vía que este instrumento se financiaría. El primero de ellos estimó que “si la masa de dinero sale de un impuesto, tasa, porcentaje o como le quieran llamar, que se le aplicaría al producto, indudablemente terminaría pagando esto la bodega. Es un impuesto encubierto”.
Advirtió de igual manera el gerente de UVA. “Estamos alarmados porque entendemos que esto será un impuesto exclusivo que tendrá el vino. Por esto, tememos que el distribuidor o aumente el precio, perjudicando las ventas y el valor del producto -relegando competitividad frente a las bebidas sustitutas- y por el otro, el mismo distribuidor o supermercado, traslade ese incremento a la bodega”, sentenció Villanueva. Y agregó: “Nos oponemos a nuevos tributos que en definitiva distorsionan la cadena comercial y a cualquier intromisión del Estado en el sector sin consenso”.
En función a la posibilidad de que salga de una reducción de impuestos -como puede ser el IVA- remarcó que es menos dura que la anterior, pero para Pina “no se conseguirá así el dinero que para solucionar el problema de stock y precios bajos”.
Carlos Iannizzotto, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), se mostró más parcial en sus comentarios. Es que según este dirigente, el sector cooperativo apoya instrumentos que terminen con los efectos cíclicos del sector, ya sean, precios de vinos bajos o altos. Sin embargo, manifestó que este proyecto de ley tiene un defecto -por el cual no se llevó a cabo en su momento- “y es el problema logístico de fondeo”.
“Si va a hacer un nuevo impuesto, no es el momento, no es sano. Mientras que si se tiene en cuenta una reducción de tasas, es una alternativa para analizar, aunque no creo que por esta vía se consiga todo el dinero necesario”, agregó Iannizzotto.
Además, igual que sus colegas, concordó que esto debería estar articulado entre lo público y privado, para evitar intervencionismo estatal “caprichoso” y “a los fines de transmitir transparencia en las fórmulas que se establezcan para determinar el precio y los stock, acorde a las vendimias”.
Mauro Sosa, presidente del Centro de Viñateros del Este, no quiso “jugarse” mucho con su opinión, ya que determinó que como institución no la han podido analizar ya que no cuentan “ni con un borrador del ante proyecto”.
“No sabemos cuál pueda ser la intervención del Estado y cómo impactará en definitiva en la cadena comercial”, acentuó. Sin embargo, “creemos que no es momento de definir una herramientas permanentes cuando estamos llegando a fin de año y la medida de diversificación no se cumplió. Creo que habría que empezar por redefinir y rediseñar las actuales para que funcionen correctamente y otorguen el resultado necesario en el mercado en lugar de avanzar con otras medidas”, expuso Sosa.
Finalmente, Gabriela Lizana, titular de Aproem, dijo que “cualquier medida que tiendan a equilibrar las injusticias que se producen en la cadena comercial son buenas. Además, es una manera de corregir desequilibrios, de los que hace tanto venimos hablando”.
Sube la contribución a Coviar
El viernes pasado el directorio de Coviar decidió incrementar 10% la tasa contributiva que abonan las bodegas para financiar los programas que ejecuta la entidad.
“Hubo acuerdo en aumentar 10% con relación al año pasado. La alícuota que correspondía era del 30% pero como los que ponen la plata es la gente del sector que está atravesando una fuerte crisis, encontramos un equilibrio entre lo que tendría que haber sido y lo que puede ser, lo acordamos entre todos”, señaló Juan Carlos Pina, director de Coviar y gerente de Bodegas de Argentina.
