Lo que en su tierra natal parecería un emprendimiento más, no así en España, donde hace casi 20 años residen los argentinos Gonzalo Scattini y Claudia Caballe. Fueron demorados por elaborar y vender clandestinamente pizzas artesanales en 22 provincias españolas. La Guardia Civil de Zaragoza los investiga como presuntos autores de un delito contra la salud pública y por evasión fiscal.
Gonzalo y Claudia viven en Azuara, un pueblo de poco más de mil habitantes, que todavía están sorprendidos por lo ocurrido. En un comunicado de prensa, la Guardia Civil de Zaragoza informó que el 14 de enero pasado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil había sido alertado acerca de "la existencia de pizzas elaboradas y comercializadas presuntamente de forma clandestina".
De ahí se constató que los argentinos comercializaban, mediante publicidad y venta por Internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases para pizzas, logrando la plena identidad del director comercial.
"Estamos sorprendidos por la repercusión que está teniendo el tema. Hay una instrucción abierta sobre una serie de hechos que se les imputa a mis clientes que hay que probar", dijo a Clarín Jorge Enciso Gómez, abogado del matrimonio argentino.
Según la investigación, entre enero de 2019 y febrero de este año, las pizzas presuntamente elaboradas por la pareja de argentinos habrían sido vendidas a 50 establecimientos de 22 provincias españolas, cantidad que las autoridades estimaron en 12.000 kilos de mercadería que habría sido distribuida en vehículos de mensajería que no contaban con las condiciones de profilaxis y refrigeración adecuadas.
Incluso, las pizzas llegaron a bares, hoteles, restaurantes, campings, empresas de catering y organización de eventos. "Simplemente estuvieron a disposición de las fuerzas del Estado. Ellos no estaban presentes cuando la Guardia Civil llegó con la orden de entrada. Ahora mismo están en su domicilio. No se les quitó el pasaporte ni nada", relató el abogado de los pizzeros, quienes no cuentan con doble ciudadanía pero sí residen de manera legal en el país europeo.
Durante el registro en el domicilio de Azuara, se secuestró un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro heladeras, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.
"Claudia se encuentra en paro, cobrando el subsidio por desempleo. Ha trabajado como limpiadora y trabajos que ha podido ir encontrando para soportar las cargas familiares. Gonzalo iba buscando cualquier tipo de empleo. Ahora mismo se encontraba sin trabajo. Tienen tres hijos. Si ellos hubieran estado explotando una industria de la magnitud que parece ser la que se les está atribuyendo, no tendrían ningún problema económico y la situación económica que soporta la familia es bastante precaria. No se les puede atribuir que tengan un comercio al por mayor", advirtió el letrado.
