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hace 4 minutos
Ante la desprotección en la que se encuentran los maestros cuando son agredidos en las escuelas, hoy se sancionó en la Legislatura una modificación al Código de Faltas que contempla distintas sanciones para las personas mayores de edad que ofendan al personal docente y no docente.
Los agresores deberán cumplir trabajos comunitarios o abonar multas. Si el maltrato es reiterado, el magistrado puede castigar al agresor con días de prisión. "Las agresiones incluyen maltrato verbal, psíquico, físico y acoso", explicó uno de los impulsores de la modificación, el diputado Tadeo García Zalazar (UCR).
“El juez determinará la pena de acuerdo a la gravedad del hecho y cuando hay reincidencia puede llegar a la prisión”, agregó.
El proyecto es una fusión de las iniciativas presentadas por los diputados Tadeo García Zalazar (UCR), Jesús Riesco (PD) y el Ejecutivo.
“Apunta a equiparar el rol docente a los de otros funcionarios públicos. Creemos que no es la única medida posible para mejorar las condiciones en el aula y a los docentes, pero si mejorará la convivencia en los establecimientos educacionales”, explicó García Zalazar.
En el artículo 43 de Código de Faltas se determinan las agresiones y las sanciones para las personas que ofendan a los funcionarios públicos. "El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa con burlas, mofas, palabras o actos a un funcionario público en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya delito, será castigado con arresto hasta tres días o con multa hasta trescientos (300) pesos", dice el texto.
En tanto desde la bancada demócrata, el diputado Rómulo Leonardi sostuvo que “desde hace tiempo existe este reclamo para dar más seguridad a los maestros, esta ley nos es la solución definitiva, pero servirá para bajar la violencia de los padres y alumnos hacia los docentes”.
“También se incorporó una modificación que habla de las sanciones a los padres que no cumplan con sus obligaciones, por ejemplo se multará a los padres que no retiren a sus hijos de la escuela”, agregó el diputado radical.
“La DGE deberá abrir en todas las regiones administrativas una ofician de asesoramiento legal para los docentes”, apuntó.
La norma fue aprobada por unanimidad, pero al momento de la votación los legisladores del FIT y PTS se ausentaron del recinto de sesiones.
