La Justicia investiga por estas horas si se cometió un delito al permitir el viaje del empresario que murió por Covid-19 en Estados Unidos y llegó al país en un vuelo con repatriados operado por Aerolíneas Argentinas.
La víctima fatal es Elías Masri, un empresario de 91 años ligado al negocio inmobiliario. Se recibió de abogado en la Universidad del Litoral y, en la década del '50, comenzó a ejercer en el mercado. compraba propiedades, renovaba edificios comerciales o residenciales y volvía a avenderlos o alquilarlos.
El argentino había llegado a Norteamérica en 1988, donde creció hasta estar al mando de Falcon Properties, una empresa radicada en Nueva York con oficinas en la Quinta Avenida.
Sin embargo, el pasado 7 de abril, a los 91 años y por una insuficiencia respiratoria a causa del coronavirus, Masri falleció, según señalaba el obituario publicado por The New York Times. El mismo aviso indicaba que "los restos descansarán en Argentina", ya que la familia respetó la decisión religiosa del muerto (no quería ser cremado).
Con el último deseo del empresario, Florencia Masri, hija del argentino, gestionó los certificados para preparar el cuerpo y trasladarlo de regreso al país. Entre la documentación presentada estaba una notificación del Consulado de la República Argentina en Nueva York, para ser a su vez exhibido en la Oficina de Sanidad de Frontera.
Primero, los restos embalsamados de Elías Masri viajaron en un vuelo desde Nueva York a Miami, donde fueron colocados en la bodega de un avión de Aerolíneas Argentinas. El vuelo llevaba 243 repatriados, es decir, personas que habían quedado varadas en EE.UU. por las restricciones que desencadenó la pandemia. Finalmente, el cuerpo de Masri y los pasajeros arribaron a Ezeiza el sábado por la medianoche.
La polémica comenzó antes, cuando Baires Fly, una empresa de vuelos privados, ya había enviado la documentación a Sanidad de Frontera para pedir autorización a ANAC para traer un cuerpo desde Estados Unidos. Fue rechazado apenas notaron que el motivo de la muerte era por Covid-19?.
"Cuando descargaron el cuerpo del avión y revisaron la documentación se dieron cuenta que se trataba del mismo caso. En la reglamentaria, no figuraba el motivo de la muerte, sólo referían a 'causas naturales'", explicaron a Clarín fuentes de la investigación. Al contrastarla con la recibida días para consultar por el permiso de traslado, "notaron que eran los mismos permisos pero sin el certificado que indicaba que se trataba de un fallecimiento por enfermedad infectocontagiosa".
Más allá del contexto actual, Aerolíneas Argentina explicó que "la reglamentación interna de la compañía prohíbe el traslado de cuerpos sospechosos de haber tenido una enfermedad infectocontagiosa de cualquier tipo. En este caso, la compañía no fue informada de las verdaderas razones del fallecimiento".
"Aunque en principio el personal de la sucursal Miami actuó de buena fe y cumpliendo con los procedimientos establecidos, iniciamos las investigaciones administrativas correspondientes a los efectos de descartar responsabilidad alguna de parte de nuestro personal", informaron ante la consulta de Clarín.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud aclararon que el féretro que transportaba el cuerpo de Masri estaba herméticamente sellado, por lo que descartaron cualquier posible propagación del virus.
Es la Justicia la que seguirá el caso para determinar si hubo delito o negligencia de parte de los empleados de las oficinas de Aerolíneas Argentinas en Miami que no detectaron la ausencia del motivo de la muerte de Masri.
Una vez que esté recolectada la documentación, los investigadores tomarán declaración a los empleados apuntados y a personal del Consulado. También podrían ser citados a declarar los familiares, si se comprobara que pagaron algún tipo de coima para conseguir el traslado sabiendo que no estaba permitido.
Además del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de la maniobra para cometer el delito, las autoridades podrían imputar a los responsables por la violación del artículo 202 del Código Penal, que castiga al que propague una "enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", que contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Mientras tanto, y hasta que el juez indique lo contrario, el cuerpo del empresario fallecido permanecerá en un sector del aeropuerto de Ezeiza.