El Cepillo o Paraje Altamira, esa es la cuestión. Con el arranque de 2016 parte de la vitivinicultura de alta gama ha quedado atrapada en esas cuatro palabras. Es que la ampliación de la IG Paraje Altamira en San Carlos ha resultado en una controversia entre productores y bodegueros sobre la necesidad o no de ampliar la zona, y en ese caso cada uno atiende su juego.
La semana pasada, tal como lo publicó Los Andes, el INV dio a conocer la decisión de la ampliación de la IG Paraje Altamira. Por lo tanto, la superficie terminó duplicándose, pasando de unas 4.500 hectáreas a 9.300 hectáreas.
La región quedó delimitada de la siguiente manera: al norte por calle La Superiora, al sur por calle El Indio, al este por la cota de 1.000 metros sobre el nivel del mar del río Tunuyán y al oeste por una línea imaginaria creada en función de un límite geológico.
Pero la decisión no conformó a todos, por lo que surgió la pelea entre los “nativos” (quienes quedaron dentro de la primera delimitación en 2013), y los “inmigrantes” (los nuevos moradores de la IG). Los primeros sostienen que las propiedades comprendidas en la ampliación no comparten la mismas características de suelo o clima, por lo que afirman se debe buscar otra IG que los contenga, que para la mayoría sería El Cepillo.
Cuento largo hecho corto: unos 47 productores “nativos”, entre los que se encuentran: Facundo Suárez Lastra, de Finca Suárez; Luis Reginato, de Catena Zapata; Sebastián Zuccardi, de La Agrícola SA; Juan Zuccardi, Bodega Chakana; Humberto L. Persano, de Finca Propia y Finca Las Glicinas SA; Diego Morales, de Bodega Salentein, y Marcelo Pelleriti, de Monteviejo, remitieron al diario una carta vía mail, en donde aseguran, entre otras cosas, que “...el estudio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo estableciendo los límites de la Indicación Geográfica denominada Paraje Altamira es serio, consistente y con significancia estadística, por lo que sostenemos que los límites no deberían ser modificados...”.
Agrega que “sabemos perfectamente que Altamira es muy diferente a zonas vecinas como La Consulta, El Cepillo, Eugenio Bustos, por destacar a aquellos lugares que se pretende alcanzar con la IG agrandada”.
Ricardo Pérez Valenzuela director técnico del Laboratorio de Edafología del UNCuyo y quien llevó adelante el primer trabajo sobre la IG, dijo que “nosotros hicimos el estudio y establecimos que esos eran los límites; el INV habrá tenido otra información para ampliar la zona, pero desconozco qué variables se han tenido en cuenta”.
De hecho, existen mapas realizados por el INTA en 1979, a los que tuvo acceso Los Andes, que darían por tierra con la ampliación, ya que delimitan a Altamira en los límites de la primera zona.
Alejandro Sejanovich, quien fue uno de los que estudiaron los suelos de la zona y está a cargo de los vinos Teho, estima que la ampliación de la IG es un error y que lo que se debería hacer es analizar otras IG para esas zonas.
“Acá lo que hay que tener en cuenta es que las zonas a las que se está ampliando la IG no tienen menor calidad que Altamira, sino que son distintas. Es decir, las zonas y los suelos son diferentes. Se ha hecho un trabajo muy serio sobre los suelos y el clima que se ha terminado desvirtuando. No es mensaje positivo para la comunicación del vino”, señaló.
En las acusaciones cruzadas surge la idea de un negocio inmobiliario que podría crecer de la mano del reconocimiento internacional de los vinos, razón por la que pelea sería tan fuerte.
Es que sin ir mucho más lejos, en el último reporte de Luis Gutiérrez, representante de la revista The Wine Advocate, una de las tres más importantes del mundo del vino y que termina por traccionar las ventas, especialmente en el mercado Estados Unidos -el más importante para Argentina-, las dos IG más reconocidas fueron Paraje Altamira y Gualtallary.
Pero en aquel momento el periodista advirtió que “no todos los viñedos son lo mismo. Incluso con los mejores sitios, la ubicación sólo proporciona el potencial al vino... En las manos de un viticultor y enólogo pésimo estos sitios producen vinos pésimos”.
Es cierto, que hay muchas bodegas que están trabajando fuertemente el desarrollo de los vinos de terruño, los que ya no están relacionados con una delimitación política, sino directamente desarrollados en base a estudios científicos del suelo y otras variables que los hacen únicos. Y el trabajo ha sido bueno, en la medida que la mayoría de los mejores vinos puntuados de Argentina corresponden a esa clase de vinos.
En este sentido, para Juan Facundo Suárez, de Finca Suárez, esta ampliación “sienta un precedente muy negativo en este largo camino que estamos recién empezando a transitar de diversificación cada vez más preciso. Va en sentido contrario a lo que se hace en el mundo y se está empezando a hacer en Mendoza con mucho esfuerzo, que es hilar cada vez más fino en las características únicas de cada vino”.
Por su parte, Juan Pelizzatti dueño de la bodega Chakana, afirmó que “la ampliación fue claramente promovida por algunas de las corporaciones más poderosas del vino que tienen propiedades fuera de la IG original y dentro de la extensión, la que no responde a una necesidad técnica sino comercial”.
“Toda la movida -agrega- es muy sospechosa respecto de lo que se quiere proteger, que es la diversidad y la originalidad de los terruños de Mendoza. Claramente, duplicar la superficie de una IG diluyendo su identidad para beneficio de algunos productores no va en la dirección de promover originalidad y diversidad”.
Desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura confirmaron que se ha notificado a las bodegas en conflicto y que se espera los siguientes pasos legales que quedarán a cargo del nuevo presidente del organismo.
La interna dentro de la interna
En 2013 unas cinco empresas, entre las que se encontraban Agrícola Presidente SA, Altos Las Hormigas, Grupo Peñaflor, La Rural, O. Fournier y Bodegas SA Limitada, presentaron oposición a la delimitación de Paraje Altamira comprendida en la resolución 44-2013 del INV. Estudio mediante, el INV resolvió otorgar una ampliación parcial de la IG original.
En este sentido, Julián Groisman, de Agrícola Presidente, sostuvo en un comunicado que “no han considerado los estudios que presentamos, tanto respecto a las características del suelo y clima, ni a los antecedentes históricos que justifican una zona más amplia.
Todo esto fue avalado por el INTA y por profesionales especialistas. Por eso nos llama la atención que nuestra empresa, que tiene importantes extensiones implantadas en la zona y que en sus escrituras dice que se encuentran en Altamira, haya quedado fuera”.
Agregó: “El documento de identidad, el título, dice Altamira, pero para la burocracia del organismo de control, que ha sido presionada por algunas bodegas que, por razones exclusivamente económicas y de una marca, pretenden quedarse con la identidad en exclusividad, parece que no es así, aunque el documento de identidad diga otra cosa”.
La preocupación por los terrenos
“Tenemos un clima y un suelo privilegiado. Lo que usted planta acá se da. El que se va a probar otras tierras termina volviendo”, dice Andrés Rafael Latorre, con la camiseta bien puesta de su terruño. Este sancarlino de 71 años nació y trabajó toda su vida en la región de El Cepillo y Altamira.
Don Andrés está lejos de entender los alcances de una IG y de qué manera esta podría favorecer su rentabilidad, que “es cada vez peor”. Esta porción de la geografía de San Carlos tuvo un desarrollo espontáneo y sostenido de la mano de los productores tradicionales, que desde los años '30 descubrieron y apostaron a sus bondades.
En la última década dio un salto exponencial con la llegada de capitales extranjeros. Frente a todo este avance, los pobladores y los productores tradicionales observan desde afuera la pelea que los “grandes” están librando por su terruño.
La disputa y reclamos de los empresarios en torno a la IG recaló en el municipio meses atrás. Para dar una respuesta al tema, el Concejo Deliberante local definió por ordenanza la 'Primera Zona Agrícola de Altamira'. Quienes la defienden hablan de un concepto más solidario y razonable que la IG, donde no hay “uvas de primera o de segunda, según la capacidad de lobby de los productores”.
Productores se reunieron con el intendente Jorge Difonso y al único acuerdo que llegaron fue que apostarían con mejoras y servicios para el lugar. “Acompañar al pequeño productor para que no tenga que malvender sus tierras es nuestra premisa”, dijeron en la comuna. / Gisela Manoni
