“Los casos son aislados pero podría haber más”. Ésta es la idea que ronda en la Bicameral de Seguridad, que investiga los casos conocidos la semana pasada en los que la policía participó de alguna manera en un delito. El más resonante fue el del domingo 27 de julio cuando un agente se emborrachó, robó y chocó un patrullero. Pero las denuncias -al menos informales- no terminan allí, sino que en estos días también hubo señalamientos por corrupción y pedidos de coimas.
En total este año ya hay 222 denuncias realizadas en la Inspección General de Seguridad contra el accionar de policías, número que supera en los 8 meses del año a los 217 de 2013 y se encamina a las 335 de 2012. “El responsable es el gobernador Francisco Pérez, en su calidad de jefe de milicias”, sostuvo el diputado radical y presidente de la Bicameral, Héctor Quevedo.
Es que detrás de las declaraciones policiales, que se refieren a los hechos como “casos puntuales”, están las responsabilidades políticas achacadas desde la oposición, situación que se reitera cada vez que el tema se pone en la mesa. Las quejas van desde la dilatación en la declaración de la emergencia de Seguridad, con media sanción en el Senado y postergada por la cámara baja, hasta una carta que esta semana mandó el bloque de Diputados de la UCR al Gobernador, para pedirle que “que tome las riendas” del tema en cuestión.
"Hay políticas erradas que han llevado al desmanejo policial", coincidió Martín Appiolaza, asesor del gobierno de Rosario en Seguridad y parte del equipo de Hermes Binner. El referente apuntó a la "falta de formación y enfoque doctrinario que diga qué tipo de policía queremos en Mendoza".
Los casos
El diputado provincial Néstor Parés detalló las situaciones más frecuentes en las que la participación policial es cuestionable, según la recopilación que han hecho en el bloque radical, información que está en la IGS.
“Según los casos más reiterados, de las 222 denuncias (no casos juzgados) lo que más resalta es acoso, malos tratos en la vía pública y comisarías, el 911 que atienden mal, las coimas -algo bastante normal-, la violencia intrafamiliar y social, ebriedad durante la prestación del servicio, robos de insumos en la comisarías, casos de corrupción como cargar los vehículos particulares con el cupo oficial, o sea con vales. Allanamientos sin orden judicial con sustracción de dinero, irregularidades en cuanto a la licencia administrativa en las licencias de conducir y venta de turnos para tramitar el certificado de buena conducta”.
Para dar muestra del extenso listado, esta semana que pasó no fue de las mejores para la institución policial. La noticia sobre el policía que robó una billetera y chocó un móvil policial tomó su propio vuelo y tuvo sus repercusiones en medios de comunicación nacionales. Los daños al patrullero fueron por $ 220 mil, según informó el jefe de la Policía Juan Carlos Caleri, y el asunto está en Fiscalía de Estado, la que tendrá que determinar cómo se resarce el daño.
Pero los episodios lamentables no terminaron allí: el lunes un funcionario de San Luis denunció que en Mendoza le cobraron una coima tras haberle hecho una multa por una infracción que no cometió, tal como narró el suceso. El martes se conoció que un penitenciario trabajaba como “buscador de clientes” junto a un psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, el cual se encargaba de falsificar informes internos para otorgar la prisión domiciliaria, a cambio de 15 mil pesos.
El miércoles se conoció otro caso similar en donde supuestamente se ofreció el mismo beneficio a un preso por delito de lesa humanidad a partir del pago de $ 75 mil. "Acá hay implicancia del Poder Judicial", señaló el diputado por el Frente Renovador, Daniel Cassia. Según el legislador, a partir de un pedido de informes contestado en el que solicitó saber la situación de 20 detenidos con prisión domiciliaria, "hay 15 casos que no tienen las patologías médicas necesarias para contar con arresto en su casa".
Las interpretaciones
Las aguas en el tema se dividen en cómo se consideran las situaciones conocidas en estos días: o bien como hechos puntales y aislados, o como muestras de casos que no se conocen pero hay más. Desde el Gobierno defienden la primera opción y se remiten a los hechos. "En los casos puntuales se ha intervenido y los policías encontrados en una situación de delito están judicializados. En donde hubo sospecha siempre actuó la Justicia y el mismo personal policial", sostuvo Caleri.
En la otra vereda están quienes apuntan al sistema en general como el posibilitador de los delitos puntuales y a la connivencia de las cúpulas como facilitadoras. “Estos casos son los emergentes pero no puede haber cierta forma de falta sin algún nivel de complicidad de otros pares y responsables políticos, ya sea por falta de control o falta de ejemplaridad, o llevar una sensación de desgano y pérdida de rumbo. De allí que se dan ciertos comportamientos no decentes”, analizó Appiolaza.
