Fue una semana intensa para el gobierno provincial, pero esta vez la rapidez de reflejos le permitió al Gobernador ponerse al frente de un reclamo que puso muy inquietos a los empresarios vitivinícolas, que tuvieron la virtud de acomodarse al requerimiento de Cornejo de unir voluntades a la espera de lo que pudiera solucionar la política.
La conducción de la jugada, compartida con el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, apostó a la figura presidencial como la elegida para decidir sobre la aplicación o no del gravamen al vino.
Los personajes del gobierno nacional que aparecieron en escena antes de la decisión de Macri tuvieron distintos rostros y actitudes. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el que generó enojos y ofensas, no sólo por la pretendida aplicación del impuesto, sino, fundamentalmente, por esa inclusión del vino en el rubro de las bebidas “no saludables”, tal vez uno de los motivos por los que el sector más se alteró con la propuesta nacional.
Pero Dujovne no estuvo presente el miércoles, cuando las representaciones política y empresaria de las provincias vitivinícolas formalizaron el reclamo en la Casa Rosada. Fue una señal alentadora, porque si bien sí estuvieron colaboradores del mencionado funcionario, que explicaron por qué se había planteado la aplicación del impuesto interno, quien encabezó el encuentro fue una cara más amable del gobierno nacional ante este tipo de diferendos: el ministro de Producción, Francisco Cabrera.
No hubo respuestas concretas en esa reunión, pero tanto Cornejo como los empresarios que lo acompañaron percibieron de parte de los funcionarios nacionales presentes predisposición para buscar una salida consensuada al reclamo, siguiendo un poco la línea trazada al comienzo de la semana por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien prometió agotar las instancias de diálogo.
Por otra parte, la explicación de por qué al vino no se lo puede catalogar como una bebida nociva para la salud se transformó en un argumento sólido, casi irrefutable, frente al razonamiento de Hacienda.
Un día después, ya con Macri presente en la sede gubernamental, tras su regreso de Estados Unidos, la solución llegó, justamente, por decisión presidencial. No en vano Cornejo había apostado a ese recurso final. Ya se sabía de antemano que el titular del Ejecutivo sería la voz determinante en el diferendo.
Macri aprovechó la jornada de encuentro con los gobernadores para llamar al mandatario mendocino y comunicarle a solas su decisión de no enviar al Congreso el impuesto al vino y a los espumantes en el contenido de la reforma tributaria.
Más allá de tener la sensación de haber triunfado en una batalla durísima y hasta inesperada, Cornejo también sintió alivio por el logro y no tardó no sólo en comunicar la novedad, sino que también retomó su público apoyo al estilo de gestión de Macri.
Cornejo priorizó el gesto de que la Nación aceptara tratar el polémico impuesto sobre el borrador del proyecto que luego será girado al Congreso; en otras oportunidades discusiones como ésta tuvieron que ser solucionadas en el ámbito parlamentario, con todas las dificultades que ello acarrea en virtud de las diferentes miradas políticas sobre la economía y sus indicadores.
Cabe plantear qué lectura hacer de una decisión presidencial que habría contrariado totalmente a su ministro de Hacienda y que, además, ya provocó la reacción de Coca-Cola, que hizo público su descontento por la exclusión de las bebidas azucaradas de la eliminación de los impuestos internos realizada a partir del reclamo de las provincias vitivinícolas.
Sin duda, el gobierno nacional necesita más que nunca el apoyo de los gobernadores para poder llevar a cabo sin mayores sobresaltos, y en el marco del consenso básico que planteó el presidente Macri, las reformas propuestas. Con más razón tratándose, como en el caso de Mendoza, de una provincia aliada políticamente y conducida por una figura a la que Macri sigue valorando mucho.
En el plano provincial, cuando se conoció la intención de aplicar el impuesto al vino, desde la oposición peronista hubo un duro planteo a la iniciativa, pero también un desafío al Gobernador para que se pusiera al frente de una estrategia que directamente impidiera la aplicación del gravamen.
Como respuesta al planteo opositor, Cornejo no sólo se apuró para poder pilotear la situación generada por el descontento de los sectores vitivinícolas, sino que, como ya se ha señalado en esta columna, consiguió que las enojadas voces de los vitivinícolas se silenciaran a la espera de las negociaciones.
Con bastante acierto, allegados al oficialismo local destacaron que no fue habitual durante las dos gestiones justicialistas previas a la de Cornejo que los gobernadores de turno hicieran planteos fuertes ante la Nación como el que le tocó al actual mandatario. Empresarios del vino señalan que cuando se pensó la estrategia mendocina, a la que luego se sumó San Juan, Cornejo les dijo francamente que había que asumir el riesgo de confrontar con el gobierno nacional para priorizar los intereses de la provincia.
En síntesis, el caso del impuesto al vino puso de manifiesto una vez más la reconocida habilidad política de Cornejo, en este caso para sacar a flote un tema complejo y bastante sorpresivo.
Y así como logró introducirse en el gradualismo de Macri (a lo de gradualismo se alude porque el impuesto al vino estaba incluido en un proyecto aún no enviado al Congreso), en el plano local, puertas adentro de Mendoza, el Gobernador redobla la apuesta cada vez que puede y, curiosamente, la aplicación del gradualismo político no parece ser una de sus prioridades.
La demostración de fuerza con el problema del vino le da más envergadura a su gobierno para promover con éxito las iniciativas que considera prioritarias, en especial, en estos días, en lo referido a la ampliación de la Suprema Corte (de inminente debate en el Senado) y la promoción de más medidas tendientes a acelerar los tiempos de la justicia.
La oposición justicialista, díscola, en parte, en Diputados con las leyes de Avalúo e Impositiva y rebelde en comisiones del Senado con el proyecto de mayor número de jueces de la Corte, sólo le suma más fuerza al oficialismo. Sus reacciones son propias de un partido muy golpeado electoralmente desde hace cuatro años, al que le falta encontrar una línea conductora que no repita errores y lo proyecte como alternativa.
