Durante la semana que finaliza la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus ex colaboradores y allegados desfilaron por los tribunales federales en el marco de la investigación de hechos de corrupción a los que se los vincula como principales mentores.
Tanto la ex primera mandataria como sus ex colaboradores Julio De Vido y José López coincidieron en descargar acusaciones de persecución política, de la que hacen partícipes también a los jueces, para salir al cruce del caudal investigativo que los coloca en una situación procesal muy comprometida.
El detenido empresario Lázaro Báez, principal destinatario de las millonarias obras públicas que llevaron al montaje de la tremenda red de corrupción que es ahora investigada, completó el peregrinar por los despachos de Comodoro Py.
Además, la Cámara Federal porteña confirmó el embargo de los millones de dólares hallados en una caja de seguridad de la hija de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que por disposición del juez Claudio Bonadio se llevó a cabo la tasación de propiedades de la ex presidenta, también en el marco de la investigación de una de las causas abiertas contra la familia Kirchner.
Las citaciones y las demás acciones mencionadas le sirvieron a la Justicia para neutralizar críticas sobre un supuesto aletargamiento de las investigaciones iniciadas a los responsables de la anterior administración. Cabe acotar, al respecto, que también mucho se especuló con una supuesta influencia del gobierno nacional entre los jueces para que las causas que tienen en el ojo de la tormenta a los Kirchner no impidan que la ex presidenta pueda competir en las elecciones legislativas del próximo año, alentando conjeturas no comprobadas que aluden a una mera especulación política de parte del macrismo.
Contrariamente, los hechos están demostrado que los jueces que se consideran en total plenitud para ejercer sus funciones no se prestan a ningún tipo de influencia y pretenden avanzar en pesquisas que, sin ninguna duda, son complejas más allá de las evidencias recogidas.
Por ello se debe defender la actitud de investigar y juzgar sin ningún tipo de apriete, tanto del lado de quienes están acusados de irregularidades en el ejercicio de la función pública como de quienes ostentan el poder político de turno.
El accionar libre e independiente de los magistrados nos llevará a tener de una vez por todas una Justicia digna, que nos garantice seguridad jurídica y estabilidad, para que se pueda tener certeza de quiénes fueron los responsables de la tremenda corrupción que invadió a la Argentina durante décadas y que tuvo en las últimas gestiones una inescrupulosidad alarmante.
La mayoría de los argentinos reclama saber la verdad sobre las irregularidades cometidas, que hicieron que muchos se enriquecieran de una manera alevosa con los recursos de todos los ciudadanos.
Si las causas que hoy se ventilan no avanzan y carecen de una resolución contundente, corremos el riesgo de que en nuestro país el accionar corrupto se repita y consolide sobre los cimientos de la República.
