La situación financiera de la Provincia es apremiante. La administración del Estado requiere en forma urgente 5.800 millones de pesos, de los cuales un amplio porcentaje será para pagar el desfase que se generó en la gestión que va terminando, mientras que el resto será para que la futura administración pueda hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos a estatales y cumplir con otras obligaciones inmediatas.
Esto sin incluir pretensiones de los intendentes del oficialismo, que reclaman una suma para repartir entre sus comunas.
Se espera que mañana la Cámara de Diputados dé tratamiento al llamado proyecto de ley de endeudamiento que hace varios días consensuaron el gobernador, Francisco Pérez, y su sucesor, Alfredo Cornejo, para hacer frente al crítico panorama que se presenta con las cuentas públicas.
Dicho entendimiento entre el mandatario que pronto dejará su cargo y el que asumirá en diciembre constituyó un hecho de suma trascendencia en medio de una larguísima transición impuesta por el desdoblamiento electoral, que hizo que los mendocinos eligieran autoridades provinciales hace ya tres meses.
El arranque de este período de transición fue auspicioso por la invitación de Alfredo Cornejo a Francisco Pérez a desayunar juntos el día después del comicio. Luego hubo negociaciones entre representantes de ambos, que se desarrollaron con vaivenes y diferencias en cuanto a los números de la Provincia, hasta que finalmente se arribó al entendimiento para promover el proyecto que ahora es debatido en la Legislatura.
Sin embargo, el panorama actual genera inquietud. Se estimaba que un acuerdo entre el jefe del Ejecutivo y su sucesor debía allanar el trámite parlamentario. Pero ello no ocurrió; los diputados del oficialismo pusieron serios reparos a los números consensuados entre Pérez y Cornejo y, alentados por los intendentes de su propio espacio, plantearon exigencias que desbordaron las expectativas del Gobernador actual y el electo.
Si bien es razonable que los legisladores tomen un tiempo prudencial para analizar y debatir las propuestas que llegan del Ejecutivo, en especial por aquel precepto republicano de la división de poderes, en este caso puntual los reparos lanzados por los representantes del Frente para la Victoria pueden aparecer como desmedidos y a contramano.
Es que la crítica situación financiera que atraviesa la Provincia es atribuible en buena medida a problemas de gestión de la administración que va cerrando su paso por el gobierno. Este aspecto difícilmente lo puedan desconocer quienes desde las bancas representan al por ahora oficialismo provincial.
Por otra parte, los planteos hechos tanto por legisladores como por intendentes del justicialismo representan una clara objeción a los alcances del acuerdo al que arribó Francisco Pérez con Alfredo Cornejo, para reunir fondos que le permitan a aquel terminar su mandato cumpliendo con compromisos y a su sucesor disponer de los recursos que requiere para hacer frente a los compromisos iniciales.
En cuanto a los legisladores del radicalismo, la actual experiencia también debe servirles de seria advertencia a futuro.
Las peleas políticas sin sentido han llevado a la Provincia a encontrarse sin presupuesto a esta altura del año, lo que torna mucho más delicado el pedido de autorización para endeudarse que reclamó Cornejo y al que tuvo que acceder Pérez.
La aprobación del endeudamiento pedido y la discusión responsable del presupuesto para 2016 se tornan así necesarias y obligatorias.
