El paro docente pareció ser el primer paso, y una movilización -a la postre desmadrada por parte de la CGT- terminaron constituyendo el cierre de una serie de reclamos entre los gremios y el Gobierno nacional. El problema principal se plantea porque ninguna de las dos partes quiere ceder posiciones y continúan tensando la cuerda. La propia Iglesia Católica ha advertido de la situación y reclamó al gobierno de Macri “un esfuerzo máximo para alcanzar un acuerdo razonable...” y al gremio docente lo exhortó a “ceder un poco” en sus reclamos para poder acceder a algún tipo de solución.
Por lo sucedido en el orden cronológico y porque en la movilización cegetista se mezclan sindicalismo y política, debemos referirnos a lo que ocurrió con el paro docente. La conducción del gremio que nuclea a los docentes, especialmente en la provincia de Buenos Aires, tiene marcados puntos conflictivos. Su titular, Roberto Baradel, es un abogado cuestionado por no haber incursionado demasiado en la actividad docente y especialmente porque responde políticamente a un sector duro del kirchnerismo.
Con ese cúmulo de antecedentes a sus espaldas, resulta muy complicado que pueda escapar a las acusaciones que surgen desde el Gobierno respecto de que la medida de fuerza tiene un fuerte contenido político. Otro aspecto a considerar se centra en el hecho de que, a pesar de que la Educación es una de las actividades de fuerte contenido federal, en la que cada provincia acuerda con sus propios dirigentes, la medida de fuerza de la provincia de Buenos Aires fue considerada como “nacional” por los pares gremiales del interior.
En el planteo también cabe considerar lo que sucede con el oficialismo. Si nos atenemos a lo señalado por los propios funcionarios, en el Ejecutivo nacional parecen dispuestos a calificar de “política” y “electoralista” cualquier medida o planteo que adopten la oposición o los gremios. Sin embargo, también cabría recordar que el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación brindado por Mauricio Macri tuvo un contenido más destinado al año electoral que a brindar un balance sobre la tarea realizada y el accionar futuro de la gestión.
A ese aspecto debe sumarse que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pareció haber tomado la confrontación con el gremio docente de una manera personal y, en lugar de acercar a las partes, tensó aún más la cuerda. Puede que el Gobierno tenga razón en su posición respecto del contenido “político-partidario” de la medida impulsada por Baradel, pero también debe poner en consideración que la multitudinaria marcha respondió a un malestar que alcanza a la gran mayoría de los trabajadores de la educación.
En el caso específico de Mendoza, las diferencias entre la concepción que tuvo el Gobierno con la del gremio respecto de la adhesión es tan amplia que resulta difícil establecer una realidad concreta. Pero también debe advertirse que si hubo docentes que decidieron trabajar, en muchos de los casos fue para no perder el presentismo (o ítem Aula) y no porque no estén disconformes.
Lo cierto es que en ese esquema de tires y aflojes hubo un sector, el más importante, que resultó seriamente perjudicado: el de los chicos, especialmente aquellos que concurren a los colegios del Estado y que en general responden a los sectores más desprotegidos de la sociedad, porque la gran mayoría de los colegios privados tuvo clases. Sindicalistas y Gobierno deben dejar de lado la confrontación y buscar priorizar el diálogo. Como bien dice la Iglesia, “cualquier escalada de confrontación y violencia verbal va a alejar toda posibilidad de solución”.
