Hace unos días nos hemos referido en esta columna a algunos aspectos del problema de la FFAA argentinas, específicamente a cierta intención del gobierno de transferir tierras a otro ministerio y hacer negocios inmobiliarios. Resulta necesario adentrarse un poco más en un asunto difícil, conflictivo, pero al que es necesario encontrar una solución.
Luego de la última dictadura militar y de las secuelas desastrosas de la Guerra de las Malvinas, ni los gobiernos, ni los partidos políticos, ni la sociedad hemos sabido qué hacer con las FFAA. Primó en general una postura de rechazo a todo lo militar. Tampoco hubo una discusión o análisis sereno y serio del problema, salvo en reducidos ámbitos académicos.
Por otro lado la abolición del servicio militar obligatorio, durante el gobierno de Menen, terminó convirtiendo a las FFAA en parte de la burocracia estatal. Sin una misión clara su debilitamiento fue evidente.
Algunos datos son elocuentes. Los recursos económicos destinados a las FFAA en nuestro son los más bajos de toda la región, menos del 1% del PBI. Brasil tiene entre el 1 y 1,5%; Uruguay, Chile y Bolivia entre 1,5 y 2,5%; Colombia y Ecuador entre 2,5 y 5%. En 1981 Argentina tenía 180.000 militares entre profesionales y conscriptos; hoy posee 70.000, parte de ellos en oficinas, lejos de los cuarteles. Un país con el octavo territorio más grande del mundo esta así con un Estado prácticamente indefenso.
El equipamiento de las tres fuerzas es penoso, no hay barcos, ni aviones, ni entrenamiento, ni municiones para hacer ejercicios. Todo esto no ha sido producto del azar, hubo una política deliberada de debilitamiento de la fuerza, incluso transfiriendo recursos a la Gendarmería Nacional y la Prefectura, que tienen casi la mitad de gente que las FFAA.
Ante este cuadro es necesario tener en cuenta algunos hitos jurídicos sobre las FFAA y sus efectos. En abril de 1988 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554. Es una ley sencilla y clara que establece que la defensa nacional “tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de los habitantes”. “Las FFAA son el instrumento militar de la Defensa Nacional y se integran con los medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo en forma disuasiva o efectiva”.
La Ley de Defensa Nacional no fue reglamentada hasta el gobierno de Néstor Kirchner. Que, como ha dicho el ex Ministro Horacio Jaunarena, tenía sobre el asunto un análisis limitado y viejo en lo conceptual y en la práctica, destructor por el deterioro que produjo en todo tipo de capacidades militares. Sancionó el Decreto 727/06 que desvirtuó a la ley que reglamentaba. Iba más allá de lo establecido en la norma, de acuerdo con la cual las amenazas internas eran enfrentadas por las Fuerzas de Seguridad y las externas por las Fuerzas Armadas. La mencionada reglamentación estableció que la amenaza externa debía ser de las Fuerzas Armadas regular de un Estado nacional, algo que ya no sucede en el conflicto bélico moderno.
Según el especialista Rosendo Fraga, el presidente Macri en 2016 dijo públicamente que las misiones de las FFAA era tres: ser instrumento de la política, la protección del medio ambiente y la participación en lucha contra el terrorismo. Luego agregó otras tres: cooperar en la protección de las fronteras, cooperar en la lucha contra el narcotráfico y asistir en las emergencias sociales. Estas misiones han quedado establecidas en el Decreto 683/18, lo que significa una modernización y un cambio importante frente al criterio vigente durante el gobierno anterior.
Claro está que la implementación de este cambio jurídico requiere resolver cuestiones de adiestramiento, equipamiento, el presupuesto necesario y las reglas con las cuales deben operar. La tarea de hacer unas nuevas FFAA será larga y trabajosa, pero parece iniciarse.
