Hoy se cumple un mes de esa jornada en la que 15 mil personas salieron a recorrer el centro mendocino -como varios miles más lo hicieron en diversas partes del país- para reclamar el fin de la violencia contra las mujeres. Ellas y ellos, de distintas edades, pertenencia social, ideología, se unieron en un pedido común, bajo la consigna "Ni Una Menos", para que se implementen medidas para terminar con los femicidios.
Las agrupaciones que organizaron la movilización en Mendoza solicitaron la declaración de emergencia, de modo que se destine presupuesto para la aplicación de la ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde que fue aprobada, en abril de 2009, y hasta 2013, unas 1.300 mujeres han sido asesinadas en la Argentina por un hombre de su círculo íntimo.
El observatorio de la asociación civil "La Casa del Encuentro", que recopila datos ante la ausencia de un relevamiento oficial centralizado, muestra que cada 30 horas se produce un femicidio en el país.
En cuanto se supo de la convocatoria a la movilización nacional, los senadores provinciales aprobaron cuatro proyectos de ley para crear una Fiscalía Especial contra la Violencia contra la Mujer, una Comisaría de la Mujer y un Observatorio de Violencia de Género, como también para otorgar licencias laborales en la administración pública y reducir la jornada a quienes sufrieran violencia de género.
El mismo día de la marcha, esas propuestas llegaron a la Cámara de Diputados, donde tenían que analizarse también varias otras iniciativas, por lo que fueron remitidas a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
El después de la marcha
Karina Ferraris, directora del Isepci Mendoza (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), destacó que el 3 de junio marcó un antes y un después en la lucha para terminar contra la violencia de género. "La masiva convocatoria a la marcha hace que sea imposible que las cosas sigan igual. Es un hito", resaltó y agregó que quien estudie el tema no podrá obviar la referencia al "Ni Una Menos".
Ferraris destacó que el reclamo extendido, desde un abanico muy diverso de personas y organizaciones, provocó que el gobierno anunciara la creación de un Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres, como prevé la ley 26.485 aunque hasta ahora no funciona.
Sin embargo, también planteó que la voluntad política se expresa en recursos económicos destinados a erradicar este flagelo, mientras en 2014 el Estado Nacional invirtió apenas 80 centavos por mujer con esta finalidad.
Silvina Anfuso, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), señaló que la marcha favoreció muchos anuncios oficiales, la mayoría de medidas vinculadas a la seguridad, como la implementación de pulseras anti pánico. Pero indicó que si hubiera habido una partida presupuestaria que permitiera la correcta aplicación de la ley nacional, no serían necesarias porque se trabajaría en la prevención y el acompañamiento previo.
“Lo que marcó ‘Ni Una Menos’ es que la sociedad se viene sensibilizando y asumiendo compromisos pero las políticas públicas no terminan de acercarse a la demanda social”, planteó. Para ilustrar esta inquietud, comentó que organizaron una capacitación sobre violencia de género y hay unos 100 hombres y mujeres inscriptos (empieza hoy, a las 15, en el comedor de la UNCuyo).
Ambas instituciones, Isepci y MuMaLá, participaron en la elaboración de un monitoreo nacional en el que se analizaron las deudas en la aplicación de la 26.485.
En cuanto al presupuesto local, Anfuso explicó que la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad no tiene fondos propios, sino que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos (que tuvo en 2014 una partida de 12 millones de pesos, para repartir entre tres direcciones). Y agregó que un 70% de ese monto se destina a pensiones.
El abordaje de la problemática se realiza desde los municipios, pero el trabajo no está regulado ni articulado desde el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano de aplicación de la ley. De hecho, cuando llega una llamada al 144 -número gratuito- se deriva a la consultante a una institución local, pero como se desconoce la realidad de cada localidad, a veces está saturada o no es específica.
Deudas pendientes en el país
En marzo, las organizaciones Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) e Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) difundieron un documento sobre las “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”. Esto es, un monitoreo sobre la aplicación, en todo el país, de la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Una de las conclusiones del relevamiento es que, a seis años de la aprobación de la normativa, aún no ha sido implementada en su totalidad ni se ha traducido en una reducción en el número de femicidios ni en un abordaje integral de la problemática. Además, el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de su aplicación, cuenta con un presupuesto ínfimo.
El informe completo se puede consultar en http://issuu.com/lasmumala/docs/monitoreo Monitoreo nacional.
