Está fuera de toda discusión la importancia que tienen las pymes como unidades productoras de bienes y servicios, y como fuentes generadoras de empleo, constituyendo una parte sustancial de la economía no sólo en nuestra provincia sino también en el país y el mundo.
Si bien son bastante dispersas las estadísticas respecto de cuánto empleo generan, fundamentalmente en razón de los distintos criterios utilizados para determinar cuándo una empresa encuadra o no en la categoría pequeña y mediana, se entiende que entre el 50% y el 70% de la población económicamente activa trabaja en este sector, aceptándose unánimemente que el conjunto de las pymes provee el mayor porcentaje de empleo en la República Argentina.
Pero además del aporte al mercado laboral, su impacto social y relevancia estratégica para el desarrollo productivo, suele ubicar a las pymes como destinatarias de un espacio especial y preferente en las políticas públicas. Sin embargo, tal espacio no es ocupado en la actualidad por este sector, cuyos representantes -en un contexto de asfixia- claman por la implementación de medidas que coadyuven a paliar la crisis.
En efecto, el diagnóstico de emergencia productiva, laboral y social de las pymes es evidente y concordante desde de todos los sectores.
La Fundación Observatorio Pyme (FOP), en su primer informe trimestral de 2016, dio cifras inquietantes sobre la actividad: de enero a marzo, las pymes industriales registraron una caída en las cantidades vendidas del 4,5% y un descenso del 1,2% en la ocupación, lapso comparado con el último trimestre de 2015. (FOP: “Coyuntura pymes industriales - Primer Trimestre 2016”).
En idéntico sentido, la Federación Económica de Mendoza informó que, en julio, las ventas minoristas medidas en cantidades, cayeron en Mendoza un promedio del 10,45% frente a igual mes del año pasado. Esta baja superó al promedio nacional publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para todo el país (8,1%), y advierten que se trata de la séptima caída consecutiva de las ventas minoristas en Mendoza. (FEM: publicación 5/8/2016).
Fedecámaras advirtió que unos 5.000 comercios minoristas debieron bajar sus persianas este año como consecuencia del brusco aumento de tarifas y por los efectos de la inflación, cifra a la cual deben agregarse unas 500 pymes.
Acrecienta la crisis del sector el nuevo régimen de liberalización de compras al exterior a través de internet, previéndose que -aun con el recargo tributario con el que ingresarán al país- los productos tendrán un precio final un 50% inferior a los del mercado local.
Desde el punto de vista de la pérdida del empleo, los datos oficiales brindados por la Encuesta de Indicadores Laborales (Ministerio de Trabajo de la Nación, junio 2016) son verdaderamente alarmantes: se han perdido 96.534 puestos de trabajo a nivel nacional en 2016 (sin contar estatales ni empleo informal). En este contexto, la caída del empleo de mayo a junio en el Gran Mendoza fue del 0,3% y la tasa interanual, también del 0,3%, sólo superada por el Gran Paraná (6,2%) y el Gran Buenos Aires (0,6%).
Apyme se ha pronunciado públicamente a nivel nacional indicando que la emergencia ocupacional y la emergencia de las pymes son dos caras de un mismo problema de fondo: la imposición de un modelo excluyente, con una fuerte caída en la actividad, determinada por las políticas de desregulación y ajuste, con una brutal transferencia de ingresos desde los sectores de la producción nacional hacia los grandes exportadores, la industria concentrada y el sistema financiero nacional y multinacional. (Comisión Directiva Nacional Apyme, 27 de abril de 2016).
La devaluación, la eliminación o reducción de las retenciones al agro y la minería, la apertura importadora, la desregulación financiera, la desarticulación de programas clave para el desarrollo, la ola de despidos en el sector tanto público como privado, la eliminación de subsidios y el golpe tarifario en todos los servicios, entre otros factores, conforman un cóctel explosivo para las pymes y la producción nacional.
La situación en nuestra provincia es aún peor que la media nacional, y los dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas de Mendoza nos han impuesto de la gravedad de su situación y de la necesidad de implementar en forma urgente medidas concretas que coadyuven a superarla.
Con este diagnóstico y reclamo -que comparto plenamente- presenté ante la Cámara de Senadores un Proyecto de Ley (Expte. N°68.147, 02/08/2016) que tiene como objeto declarar la emergencia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia por el plazo de un año, y establecer durante este período reducciones impositivas, subsidios energéticos y líneas de créditos especiales, con la condición indispensable de que las empresas beneficiarias se abstengan de efectuar despidos o suspensiones de sus trabajadores sin justa causa. De esta manera, la premisa de la propuesta es conservar el empleo.
Coincidimos con Apyme que es preciso recuperar un rol activo y eficaz del Estado en favor del desarrollo con inclusión, impulsando el fomento del crédito productivo, la defensa de la industria nacional y el consumo interno, con equidad distributiva, una política tributaria progresiva, un costo razonable de la energía y la protección de las producciones regionales. Estamos convencidos de que éste es el camino para el desarrollo de las pymes y el crecimiento del empleo.
