Inmediatamente después de que el juez federal Claudio Bonadío ordenara el allanamiento de las oficinas -en la ciudad de Buenos Aires- de la empresa que administra el hotel en El Calafate propiedad de la presidenta de la Nación, el kirchnerismo reaccionó de la manera más desacomedida porque los funcionarios y operadores -tipo Luis D’Elía- conformaron una trinchera para defender a Cristina Fernández y para atacar al magistrado pero nadie, ni siquiera la primera mandataria, intentó, o pudo, aclarar los puntos oscuros que se mantienen como consecuencia de la decisión judicial.
Todo surgió a partir de una denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer, por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur, destacando entonces que del análisis de la declaración jurada patrimonial de la Presidenta surge que es titular de acciones de la empresa.
Sin embargo, cuando se produjo el allanamiento se pudo conocer que las oficinas que figuraban en la Capital Federal se encontraban vacías y que todo el funcionamiento administrativo se realizaba en Santa Cruz.
El juez actuante se convirtió en blanco de las críticas de parte del kirchnerismo, que tuvieron un calibre realmente increíble, como el hecho de pedir la cabeza y mostrarla en la Plaza de Mayo (Luis D’Elía); que el magistrado reaccionó porque se encontraba cuestionado (Capitanich); plantear una denuncia judicial contra el juez actuante y hasta asegurar que en ningún país serio la Justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta (Aníbal Fernández).
También se indicó que la irregularidad no resultaba importante en razón de que podía ser solucionada con una multa de 3.000 pesos.
Sin embargo, el accionar de la Justicia permitió también conocer otros aspectos en el manejo del hotel en El Calafate. Así, por ejemplo, se supo que Austral Construcciones, empresa de propiedad de Lázaro Báez y que ha ganado la casi totalidad de las licitaciones de obras en el sur del país, alquiló las habitaciones, durante años, a precios que llegaron a duplicar los de mercado.
Se conoció también que en 2008 el matrimonio Kirchner rentó Los Sauces, otro emprendimiento en El Calafate, recibiendo un pago mensual de 105 mil dólares, que subió a 210 mil dólares el segundo año, a Juan Carlos Relats, quien en aquel momento construía un acueducto en Santa Cruz y un tramo de la autopista Rosario-Córdoba.
Para los analistas, no sólo sorprende el hecho de que los hoteles hayan sido alquilados sin ser ocupados sino también que esa clase de negocios están prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, mientras paralelamente podrían violar también el Código Penal.
De acuerdo con el Código, un funcionario no puede prestar servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean proveedores de éste.
El artículo 23 establece que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones; el 26 indica que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, mientras el 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones a su cargo.
No puede administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentren desarrollando sus funciones.
Si existieron o no irregularidades y si las mismas son pasibles o no de algún tipo de sanción, será la Justicia la que deberá determinar en definitiva. Pero para ello es necesario que se la deje trabajar e investigar en libertad. De lo contrario, las sospechas públicas serán socialmente más graves que cualquier pena que se disponga.
