El proyecto de Ley Impositiva que presentó el Ejecutivo en la Legislatura prevé exenciones impositivas del 50 por ciento para las empresas que se radiquen en los parques o zonas industriales de Lavalle, Santa Rosa y La Paz y el tema ya da lugar para la polémica.
“¿Por qué no se incluye a General Alvear?”, preguntó segundos después de la presentación el diputado radical alvearense Gustavo Villegas.
“¿Por qué no para San Martín?”, llegó a interrogar (entre la seriedad y la chanza) el propio justicialista del Este, Jorge Tanús, a pesar de que en ese mismo momento ejercía la presidencia de la reunión de presentación de esa ley y la de Avalúo enviadas por el Ejecutivo.
El tema promete discusiones en comisiones y en el recinto y hace posible la aparición de divisiones al interior de los bloques con realineamientos por departamento antes que por partido político.
El tratamiento de los parques industriales perfila un efecto similar al de las discusiones por la reformulación del reparto de los fondos de coparticipación municipal, que desplaza relaciones entre compañeros o correligionarios por las de 'coterráneo'.
No alcanzaron a transcurrir 24 horas desde la presentación de los proyectos a cargo del ministro de Hacienda, Juan Gantús, que la diputada provincial oficialista (de San Martín) Cristina Pérez, reflotó una iniciativa propia, presentada en mayo, que difiere de la propuesta del Ejecutivo y que ya cuenta con un dictamen favorable de la comisión de Hacienda.
Por ahora tiene el apoyo oficialista pero la semana que viene puede sumar el aval de la UCR, en un dictamen único.
El artículo primero del proyecto de ley de la diputada oficialista de San Martín establece que “se dispone una reducción de hasta el 50 por ciento (y por diez años) de las alícuotas, importes fijos y valores mínimos correspondientes a los diversos tributos provinciales para los obligados fiscales (empresas) que tengan sede principal en parques y/o áreas industriales creadas y reconocidas en el territorio de la provincia de Mendoza”.
“Es para las empresas que se radiquen, no para las que ya están funcionando”, aclara la legisladora. En el artículo cuatro exceptúa de este beneficio a las empresas instaladas o por instalarse “en parques o áreas industriales y de servicio que al momento de la promulgación de esta ley gocen de exenciones u otros beneficios impositivos otorgados por el Estado provincial en razón de su radicación”.
Pasado en limpio, lo que el proyecto del gobernador, Francisco Pérez, prevé para tres parques industriales (Lavalle, Santa Rosa y La Paz), el de la diputada Cristina Pérez lo amplía y generaliza a otros parques y zonas industriales, lo que extiende la promoción a diez de los catorce parques industriales de la provincia.
Es que de los polos industriales -activos o en desarrollo- diez están a cargo de municipios (y tienen promociones comunales pero no provinciales) y cuatro se encuentran bajo la órbita de la Provincia y ya disponen de beneficios que los dejan afuera de la promoción: los parques: Industrial Provincial y el Biotecnológico en Luján, el TIC de Godoy Cruz y el Pasip de Palmira.
Des-favorecidos
Los departamentos de Lavalle, Santa Rosa y La Paz tienen una historia de promociones con las que se ha intentado encarar acciones reparadoras del efecto de baja población que siguió a la sequía provocada por la corta de caudales en los ríos Mendoza y Desaguadero por obras hidroeléctricas.
Bajo el gobierno de Rodolfo Gabrielli estos tres municipios gozaron de los beneficios de los diferimientos impositivos nacionales -para paliar las promociones en San Juan y San Luis-, que también incluyeron a Malargüe, General Alvear y -luego- a San Rafael.
Con la gobernación de Julio Cobos y parte de la de Celso Jaque los tres departamentos del noreste mendocino dispusieron de partidas promocionales específicas en los presupuestos provinciales para compensar hacia arriba los fondos de coparticipación destinados a los tres departamentos con baja población.
Este beneficio se cayó durante el gobierno de Jaque y ahora con Pérez el salvavidas vuelve con la forma de la promoción impositiva industrial para los mismos tres municipios.
Pero resulta que en los tres casos los parques industriales no pasan de ser proyectos o transitan por etapas iniciales de ejecución. En Santa Rosa está orientado a empresas agroindustriales, es municipal, se encuentra en desarrollo y tiene un predio de 35 hectáreas.
En Lavalle existe una zona industrial en la órbita municipal. Mientras, en La Paz, existe un terreno de 100 hectáreas transferido por la Provincia, que ahora gestiona su cambio de objeto a dominio privado para poder instalar un parque industrial.
Mientras, en otros departamentos de la provincia, ya funcionan parques industriales municipales con mayores niveles de desarrollo.
Explican los nuevos avalúos
Las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas, que presiden el diputado José Muñoz (FPV) y el senador Francisco Cofano (FPV), se reunieron con los titulares de la ATM, Claudio Gil, y de Catastro, Gustavo Cruz, para comenzar con el análisis pormenorizado del proyecto de ley de Avalúo para el año próximo.
Según indicaron los funcionarios, “no hay grandes modificaciones respeto de la ley aprobada el año pasado”. Lo que sí se “actualiza” es el valor unitario de la construcción.
Para ello, se ha hecho un estudio del mercado en la provincia y de allí se ha incorporado un 20% de incremento en el avalúo que implica pasar de 1.048 pesos el valor del metro cuadrado construido - vigente en este ejercicio -, a 1250 pesos. Además, se actualiza un 20% el valor mínimo para la aplicación del adicional por baldío a los nuevos valores de la tierra, pasando de 49 pesos el metro cuadrado a 59 pesos.
Una de las inquietudes planteadas desde el radicalismo, tal como lo expresaron el diputado Martín Kerchner y el senador Sergio Moralejo, es el impacto que el incremento podría tener en el impuesto Inmobiliario y a su vez, en el impuesto a los Bienes Personales.
En ese sentido, el titular de la ATM sostuvo que “en realidad, nosotros hemos hecho un cálculo sobre nuestra base catastral y más del 85 por ciento de las viviendas no supera el mínimo del impuesto sobre los Bienes Personales”.
