Los habitantes de Puerto Rico votan hoy en un plebiscito sobre el estatus político de la isla en relación con Estados Unidos, en una consulta no vinculante en la que el actual gobierno local promueve la anexión como estado número 51, pero que todo el espectro de la oposición llamó a boicotear, y cuyo aval por parte de Washington sigue siendo una incógnita.
Los portorriqueños pueden elegir entre la independencia; la anexión a EEUU (“estadidad”) o mantener la situación actual de estado libre asociado.
Los opositores denuncian que el proceso está arreglado para lograr un resultado favorable a la denominada “estadidad”, y reclaman que nunca se les ofreció la oportunidad de presentar propuestas propias para someter a votación.
Las opciones ofrecidas al electorado, señalan, fueron preparadas unilateralmente por la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que promueve la anexión de Puerto Rico a EEUU como su estado número 51.
El gobierno encabezado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el PNP siguió con el proceso pese a la oposición del resto del abanico político del país y sin el aval que solicitaron al gobierno de EEUU para validar los resultados.
Sin aval del Tío Sam
Según la encuesta del diario El Nuevo Día, un 72 % de los ciudadanos registrados acudirá a las urnas, aunque no está claro si el resultado será avalado por el Departamento de Justicia de EEUU.
El ex presidente Barack Obama dispuso la entrega de U$S 2,5 millones a la isla en caso de que Puerto Rico decidiera celebrar una consulta sobre su estatus. El uso de esos fondos, sin embargo, requería que el secretario de Justicia norteamericano aprobara las opciones planteadas en la papeleta.
El Departamento de Justicia ya rechazó una primera versión de la papeleta porque no incluía la presente condición de estado libre asociado. El gobierno accedió luego a enmendar el documento y agregó la opción de “estatus territorial vigente” a las de “estadidad” o libre asociación/independencia incluidas inicialmente. Dicha enmienda no fue acogida ni respondida todavía por el Departamento de Justicia, por lo que al momento el evento carece del reconocimiento del gobierno norteamericano.
Como estado libre asociado, Puerto Rico no pertenece a EEUU. De todas formas, sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, aunque no tienen derecho a participar en las elecciones presidenciales y sus representantes en el Congreso no tienen voto.
Los críticos hablan de un sistema colonialista.
La mayoría republicana de EEUU en el Congreso podría no tener interés en anexionarse la isla, al temer que la mayoría de sus habitantes sean votantes demócratas. De hecho, el legislador demócrata en la Cámara de Representantes norteamericana, Steny Hover, dijo el viernes que espera que la ciudadanía vote en favor de la anexión de Puerto Rico a EEUU.
“Los portorriqueños tendrán la oportunidad este fin de semana de elegir el futuro estatus de su isla. Espero que voten a favor de la ‘estadidad’ -anexión- y sigan formando parte de nuestro país como un miembro pleno e igual de nuestra unión”, señaló Hoyer.
Pero uno de los principales problemas es de carácter financiero. Puerto Rico está prácticamente en bancarrota y necesita la ayuda de Washington. Actualmente está reestructurando una deuda de casi 70.000 millones de dólares. Si fuera un estado norteamericano, podría acogerse a la ley de insolvencia estadounidense para declararse en quiebra, como ocurrió en su momento con la ciudad de Detroit. En ese caso, Washington debería hacerse cargo de al menos una parte de la deuda de la isla.
La consulta será la 5° en la que se convoque a los portorriqueños para preguntarles sobre la relación entre EEUU y la isla, territorio norteamericano sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense, que algunos ven como una colonia y otros, desde que se dotó en 1952 de Constitución, como un Estado Libre Asociado.
Las consultas de 1967, 1993, 1998 y 2012 sirvieron para poco, como parece ocurrirá con esta, aunque el gobierno local evalúa que al haber dispuesto EEUU de una partida económica para la celebración del plebiscito este puede no caer en saco roto, como lo hicieron todos los celebrados antes.
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) pidió a la población que no vote; la principal formación opositora, el Partido Popular Democrático (PPD), partidario de perpetuar el actual estatus, se declaró a favor de boicotear la iniciativa.
