Por Alfredo Leuco - Periodista. Gentileza Radio Mitre
“Puerta giratoria” es un concepto nefasto y muy peligroso. En los últimos días lo han repudiado desde el presidente Mauricio Macri hasta los encargados de la seguridad de la Nación y de la Provincia.
Es que “puerta giratoria”, en la vida cotidiana significa lisa y llanamente que matar, robar, violar o secuestrar es gratis en la Argentina. Que el que las hace no las paga. Que hay mil excusas para dejar libres a los criminales y mil problemas para las víctimas. Y esa impunidad, que potencia todos los delitos y que siembra pánico en la sociedad, es el peor de los mensajes. Es una incitación a la violencia. Un vale todo. Una forma de decirle a los malandras que sigan haciendo la suya, que es muy difícil, casi imposible que la Justicia los castigue y los condene como corresponde.
Es humillante para la condición humana. “Puerta giratoria” es que un delincuente entre por una puerta y al instante salga por la misma. Es como decir: a los victimarios, todo y a las víctimas, nada. Es como invertir en forma perversa el orden de los derechos humanos. Solo se respetan para los que cometen delitos y no se cuida al familiar o al que padeció ese delito.
Parece mentira pero hay varios motivos que explican esta realidad que fomenta la venganza, el linchamiento y la justicia por mano propia, es decir, que fomenta el lado más inhumano del ser humano.
Primero existe la doctrina Zaffaroni. En las universidades y en muchos juzgados se hizo carne ese concepto falsamente progresista de que el criminal es un pobre muchacho producto de las injusticias sociales del sistema capitalista y por lo tanto, para lavar las culpas, hay que protegerlo. También instalaron entre varios magistrados que el que sufre las consecuencias de un delito tiene que comprender de dónde viene esa persona que mató a su madre, a su padre o que le robó la moto a su hijo o que violó a su hija.
La jueza Servini dijo que hay que modificar la ley de excarcelaciones. Es que salen muy rápido. Dicen las autoridades actuales que muchas veces el denunciado sale antes que el denunciador termine con los trámites burocráticos. Eso fomenta el ojo por ojo que es lo peor que le puede ocurrir a la vida democrática. Apostar al ojo por ojo. A la ley de la selva. Ojo por ojo, al final nos quedamos todos ciegos y en la selva siempre gana el más fuerte. Nada más reaccionario y antipopular.
Eugenio Raúl Zaffaroni es el principal referente de este tipo de veneno judicial. Pero no es el único. Su escuela sembró en los miembros de la agrupación “Justicia Legítima para el kirchnerismo” el mismo disvalor.
Hay cientos de ejemplos todos los días. Pero le doy uno que es indignante e incomprensible desde el sentido común.
Es el caso de Chuki. Así se conocía a David Rosas. Tenía apenas 22 años. Mató a su ex suegra de un tiro en la cara, a un vecino que salió a defenderla e hirió a su ex pareja que, con apenas 21 años, ya tenía tres hijos. ¿Qué hizo Chuki después de semejante masacre? Se suicidó. Repito: tenía apenas 22 años. ¿Fue de golpe que enloqueció? ¿Ya había dado algunas señales? Por supuesto. Muchas señales que la Justicia prefirió ignorar. Chuki, antes de hacer el desastre que hizo, ya había tenido 5 causas por robo a mano armada, tenencia y venta de drogas y violencia de género. ¿Escuchó bien? Ya había cometido por lo menos 5 delitos. Era una alocada carrera delictiva para recibirse de criminal. Nadie lo frenó. Nadie lo metió preso como corresponde. Solo le faltaba matar... y mató. ¿Se da cuenta? Tenía 22 años y 5 jueces lo dejaron en libertad. Ninguno pensó que debía castigarlo con todo el peso de la ley para cuidar a la sociedad y para cuidar al propio delincuente. Si hubiera estado en un calabozo por todo el daño que hizo antes, seguramente se hubieran evitado tres muertes, la de su ex suegra, la del vecino y la suya.
Tal vez algún juez sintió que si no lo encarcelaba lo ayudaba a superarse. Y es todo lo contrario. El delincuente que no recibe el castigo que le corresponde de acuerdo con la ley, siente que tiene tiro libre, que tiene impunidad para hacer lo que quiera.
La contracara es que acaba de sonar un tiro para el lado de la justicia. El juez Marcelo Peluzzi, en un fallo histórico, sin precedentes reconoció esta semana el derecho de las víctimas a intervenir en la etapa de cumplimiento de pena. Por primera vez en el país se permite a las víctimas ser escuchadas por el tribunal antes de resolver cualquier pedido de libertad condicional, salidas transitorias o libertad anticipada que formule el asesino de Ezequiel Agrest. Este joven, al que mataron a la puerta de su casa era y es hijo de Diana Cohen Agrest que es presidenta de Usina de Justicia. Ella y su marido hicieron el pedido y el juez nacional de ejecución penal hizo lugar.
Se trata de un gran avance para la Argentina pese a que ese derecho ya había sido reconocido por las Naciones Unidas, el estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
Pero es una excepción. Un primer paso que hasta ahora no se daba. Ojalá a partir del 11 de octubre que entra en vigor se aplique con todo rigor la ley de flagrancia.
Por todo esto que le cuento, hoy la inseguridad es, por lejos, la principal preocupación de los habitantes del área metropolitana. Mucho más que los temas económicos como desocupación, pobreza e inflación.
Es que la fuerte presencia de la droga entre consumidores y narcos le sumó una fuerte impronta de crueldad y ferocidad a los delitos. Es a matar o a morir. La vida del que roba no vale nada y por lo tanto, tampoco le da valor a la vida del que mata. Hay una violencia extrema que mata por matar. Ya no alcanza con entregarle todo el delincuente. Hay que rezar para que no te mate.
Gran parte de la policía está atravesada por la corrupción que ayuda a los delincuentes. Lo vemos todos los días. Pero es la Justicia la que tiene más problemas. Muchos magistrados, por temor a las represalias de los cómplices de los delincuentes, por la falsa ideología garantista o directamente por dinero, dejan salir a los presos con una velocidad inusitada. Eso hay que cortarlo de raíz si queremos vivir en paz con nuestras familias y en una sociedad civilizada.
Dijo bien Patricia Bullrich que para el gobierno anterior la víctima era el delincuente. Tiene que quedar bien claro que el Estado debe proteger a los ciudadanos que respetan la ley y castigar a los que la violan. Esa es una grieta que consolida la democracia. Los decentes y honrados de un lado y los pistoleros y criminales del otro. Uno afuera trabajando para progresar y otros adentro, en la cárcel, pagando sus culpas y reeducándose para no volver a delinquir.
Entre todos tenemos que convertir la puerta giratoria en una puerta para que entren los delincuentes y para que salga la esperanza de vivir sin temor a morir.
