Publicidad y precios al estilo Moreno

A comienzos de febrero Moreno les comunicó verbalmente a cadenas de supermercados y electrodomésticos que debían levantar todas las campañas publicitarias, medida que se extiende hasta la fecha. Debe decirse que las grandes empresas de comercialización acataron dicha orden sin cuestionamientos públicos.

Sabido es que el propósito perseguido por el funcionario era el de provocar daño económico a los medios independientes, a los diarios más leídos del país al igual que a los canales de televisión con mayor audiencia. Por cierto el boicot no afectaba al cartel de medios oficialistas que viven de los generosos aportes del gobierno, es decir, de los contribuyentes.

Un estudio cuantitativo llevado a cabo por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) muestra -con contundencia- las consecuencias de esta decisión arbitraria e irracional. Allí se indica que cuando los supermercados publicitaban sus ofertas, la diferencia de precios entre los distintos supermercados, para iguales productos, no superaba el 6%.

Un año después esa diferencia de precios llega al 20%. Además, la falta de información ha contribuido a aumentar la inflación. Resulta interesante señalar que el relevamiento se efectuó durante 180 días sobre 3.476 casos de consumidores, vía telefónica y personalmente en las principales ciudades del país, incluyendo Mendoza.

También el Indecom procesa electrónicamente decenas de miles de tickets de compra, que son enviados voluntariamente por los compradores, desde marzo hasta fines de agosto. La conclusión del trabajo es que las medidas impulsadas por el gobierno no cumplieron con las expectativas deseadas, dado que el crecimiento inflacionario ponderado se mantuvo en incluso superó al del año pasado.

Como ocurre siempre en estas situaciones, quienes más se perjudican son los consumidores de menores recursos, a quienes le resulta más difícil obtener la información que se oculta.
Un punto que no debe soslayarse es la manifiesta ilegalidad de la prohibición, cualquiera sea la forma en que se haya adoptado. Viola los derechos de los consumidores a informarse y la obligación de las empresas a informar, principios básicos plasmados tanto en la ley de Defensa del Consumidor como en la de Defensa de la Competencia.

Justamente un principio fundamental de la competencia es la existencia de información, abundante, precisa, clara y confiable, que permita tanto a compradores como a vendedores adoptar sus decisiones. La falta de información, o su mala calidad, aumenta artificialmente los costos, hasta extremos por los cuales muchas veces las transacciones no se pueden realizar debido a esa carencia.

Las ofertas y precios de los supermercados, publicitados en diarios y medios gráficos de comunicación masiva, les permite a los consumidores desde sus propios hogares saber dónde es más conveniente comprar. Cuando tal información no existe requiere grandes costos de tiempo saber los precios de uno y otro lugar; en definitiva, impide ahorrar en cada compra o comprar más con el mismo dinero.

Hace ya mucho tiempo que todos los ensayos de represión económica de Moreno no sólo no han conseguido su propósito de impedir que los precios aumenten, sino que además han desquiciado cadenas productivas enteras como la de la carne y el trigo, proveedoras de la alimentación básica de los argentinos. A esta altura de los acontecimientos es inaceptable que el funcionario en cuestión siga ocupando ese cargo.