El presidente Mauricio Macri firmó ayer los decretos que fijan regulaciones para evitar conflictos de interés por su pasado empresario y para casos que involucren a funcionarios, y que entrarán en vigencia a partir de hoy cuando sean publicados en el Boletín Oficial, horas antes del informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso.
Así lo confirmaron a DyN fuentes de la Casa Rosada que indicaron que ambas normas serán dadas a publicidad "mañana (por hoy) en el Boletín Oficial", por lo que el tema formará parte del debate que se desarrollará más tarde en la Cámara de diputados cuando Peña y sus funcionarios brinden el informe bimestral de gestión, en el marco de la polémica generada por los casos del Correo y la empresa Avianca, empresas vinculadas a la familia presidencial que tuvieron contratos con el Estado.
Reunión de gabinete
Macri encabezó ayer por la mañana en Olivos la habitual reunión de gabinete de los martes, en la que el principal tema tratado fue el informe presentado por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, con los resultados de la evaluación Aprender 2016 que, según advirtió el propio Macri, determinó una situación "dolorosa" de la educación pública con 4 de 10 chicos de primaria con problemas de comprensión de textos.
Cerca de Macri aseguraron que en la reunión del Gabinete en pleno -además de los más de 20 ministros y algunos secretarios, se sumaron los titulares del Senado, Federico Pinedo y de Diputados, Emilio Monzó- no se trató la tensión social y política que acosan al gobierno desde las últimas semanas a raíz de los paros docentes, la polémica por los piquetes y el paro general anunciado por la CGT para el 6 de abril.
“El informe sobre la situación de la Educación fue el eje central de la reunión de Gabinete”, señalaron a DyN fuentes del Gobierno nacional que además negaron que Macri y sus ministros hayan analizado la situación económica, social y política a raíz de los paros anunciados por los distintos gremios.
Fuentes cercanas a Macri ratificaron la postura del Gobierno de "no convocar a paritaria nacional" en respuesta al insistente reclamo de los docentes que cumplen la segunda semana de paro en la provincia de Buenos Aires, y aclararon que cuando pronunció la frase "caer en la escuela pública" que generó duras críticas, el Presidente "no lo hizo para culpar de la situación a los docentes, sino una crítica a la situación general del sistema educativo".
No fue un "furcio"
Cerca del jefe de Estado señalaron que "no fue un furcio" y retrucaron: "Los que criticaron esa frase lo hacen porque se resisten a debatir sobre la situación crítica en que se encuentra la escuela pública" que en cambio, aseguran, pretende abrir el Gobierno con el proyecto de ley denominado "Plan Maestro" que ayer Macri anunció enviará al Congreso basado en un acuerdo firmado en Purmamarca, Jujuy, con todas las provincias.
Por su parte, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, presentó también un informe sobre los avances de "expedientes electrónicos en la administración pública" y su colega de Transporte, Guillermo Dietrich, informó sobre "una explosión de venta de pasajes de aerolíneas low cost, recientemente habilitadas por el Gobierno, para bajar costos de "pasajes entre Buenos Aires y Barcelona".
Rechazo legislativo para el DNU de escuchas judiciales
La alianza oficialista Cambiemos sufrió ayer una nueva derrota en la comisión bicameral de Trámite Legislativo al fracasar en su intento por validar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri por el que transfirió a “dos jueces penales, con rango de juez de Cámara”, las escuchas judiciales.
Durante el debate, la diputada kirchnerista Diana Conti tuvo un encendido discurso en el que acusó a "un sector del oficialismo de ser connivente con ese Poder Judicial que persigue a Cristina Fernández de Kirchner y muchos de su gabinete".
Conti denunció al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), por "abuso de autoridad" al firmar un convenio con la Corte Suprema de Justicia para garantizar la transparencia del sistema de captación de comunicaciones.
Desde el oficialismo respondió el presidente del bloque Pro, Nicolás Massot, quien advirtió que "este gobierno no quiere ser cómplice de la Justicia" e instó al kirchnerismo a que "dejemos de ver conspiraciones. Yo me haré cargo de las cosas de mi gobierno, ustedes háganse cargo del gobierno anterior, no neguemos lo obvio", profundizó el diputado por Córdoba en referencia a las distintas causas judiciales en las que funcionarios kirchneristas son investigados por corrupción.
Lo cierto es que el kirchnerismo juntó nueve avales para emitir dictamen de rechazo al DNU 102/2017 firmado por el presidente Macri por el que transfirió la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, a “dos jueces penales con rango de Juez de Cámara”.
En otro orden, el kirchnerismo también rechazó el decreto que movía los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio, mientras que avaló el 52/17 restableciendo la inamovilidad de los mismos.
Tampoco avaló el DNU que autorizaba al Servicio Aduanero a poner en forma directa, a disposición del Ministerio de Desarrollo Social, las mercaderías alojadas en terminales portuarias y depósitos de almacenamiento, mientras que aún no estaba definida la suerte del DNU que aumenta la distribución del beneficio líquido que arroje la explotación de casinos que beneficia a las provincias.
Todos los decretos deben pasar por el pleno de la Cámara y sólo con la aprobación de Diputados o Senadores le alcanza para ser revalidado.
