Con la experiencia reciente de la falta de fuentes de financiamiento y su impacto en la obra pública, el Gobierno intenta avanzar con un proyecto que le permitiría contar con fondos extras para el mantenimiento de las rutas al menos a partir de 2015: la instalación de un sistema de peajes, con la mira puesta en un principio en la Panamericana y en un tramo de la ruta a Chile.
En realidad, la iniciativa, sometida a estudios de prefactibilidad, es un anteproyecto a financiar con un préstamo del BID que la Provincia prevé devolver una vez puesto en marcha, con la recaudación del pago de la tarifa. Y ya salió a interesar a bancos argentinos para solventar la contraparte exigible.
“Hay algunas entidades de capitales nacionales que podrían participar de la inversión. Faltan algunos meses de trabajo, pero no puede ser que cada vez que el sistema “estornuda” la Provincia se mantenga en incertidumbre con la financiación de algunas obras”, reconoció el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, acerca de las motivaciones del Ejecutivo para avanzar con la idea y ante las complicaciones presupuestarias de 2014.
Entre las trazas que potencialmente contarían con un puesto de peaje aparecen la Panamericana, luego de un ensanche de trocha y muy cerca de la conexión con el Corredor del Oeste. La restante regulación estaría sobre la ruta a Chile, con altura a definir.
Por lo pronto, ya se encomendaron una serie de estudios técnicos a una consultora de la región chilena de Rancagua contratada para tal fin. Según anticipó Baldasso, son los que “van a determinar la demanda en función del flujo de vehículos, además de un estudio de mercado que permita calcular un valor de referencia para la tarifa y el presupuesto proyectado”.
Tarifas, recaudación y más
Si de tarifas se trata, una referencia dentro del territorio mendocino es la que rige a partir del Arco Desaguadero, sobre la ruta nacional 7 (Km 899), en el control administrado por la UTE Cartellone- Rovella-Carranza (Caminos del Oeste), cuya concesión debe renovarse en 2015. Para traspasarlo, los vehículos menores abonan desde $ 2,80, mientras que en el Paso Internacional Túnel Cristo Redentor la tarifa inicial es $ 3.
No sería el primer intento por habilitar un sistema de peaje en el pedemonte mendocino y camino a la cordillera de los Andes, como sí puede observarse del lado chileno. En el vecino país, sobre rutas troncales como la 5 existen entre 3 y 6 puestos de control según sea el destino final.
Lo cierto es que el proyecto llega con el antecedente de un intento similar que en su momento se previó sobre la ruta 82 a la altura de Cacheuta frustrado por falta de aprobación legislativa.
Al respecto, Miguel Rivas, responsable en Mendoza de la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), destacó que “el peaje se justifica en función del tránsito, de ahí que existan 9 mil kilómetros de rutas concesionadas en todo el país”.
Es lo que pretende revertir el Gobierno provincial, para asegurarse un flujo tal que ante una crisis las obras viales y de conservación de la traza no se interrumpan.
"Igual el sistema cambió: antes los concesionarios reinvertían parte de la recaudación, ahora depositan todo en una cuenta de la Nación”, reseñó Rivas.
Mientras tanto, Mendoza, como otras provincias con rutas aún sin concesionar, está incluida en el sistema Crema (Convenio de Rehabilitación y Mantenimiento) que ejecuta el Ocovi (Órgano de Control de Concesiones Viales).
Precisamente, el Crema se “cortó” recientemente por falta de recursos, y así dejó licitaciones paralizadas. De acuerdo con lo enumerado por Rivas, “en tal situación están la ruta 7, la 142 a El Encón, la 143 a San Rafael y en proceso de reconcesión la 144, a Malargüe. Sólo la 312, también en San Rafael, llegó a licitarse, pero la contratación se frenó”.
Los transportistas se ponen en guardia ante el riesgo de que los costos suban considerablemente. En Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones) subsiste el malestar por la prometida quita de $ 55 en tasas de control de Iscamen pendiente desde marzo.
“Así nos quedaremos más afuera del mercado. A través de los impuestos aportamos al mantenimiento de rutas y sabido es que lo que se busca recaudar, pero habrá que debatirlo si es a cambio de menor presión fiscal. Hoy cuesta creer en promesas”, señaló Guido Calzetti, titular de Aprocam.
Ante la alternativa de que se aplique al transporte extranjero, Calzetti advirtió que “lo que no se pague por un lado, se pagará por otro. Cuando salgamos, se convertirá en una doble imposición”.
