Próvolo: ya con el edificio en poder de sus dueños, insisten con reabrir el instituto

La semana pasada la Justicia dispuso la devolución del establecimiento y del predio de 6 hectáreas donde funcionó hasta noviembre del 2016 el instituto para chicos sordos Antonio Próvolo (Luján), el mismo donde se investiga la presunta comisión de abusos sexuales contra chicos sordos y por los que está imputados 14 personas (2 curas y 2 monjas entre ellas). La asociación Obra San José es la dueña del inmueble y -considerando que ya no quedan medidas pendientes en el lugar y ya se completaron todos los allanamientos y rastrillajes-, el fiscal Gustavo Stroppiana (quien instruye la causa penal) resolvió devolverles el inmueble.

Ya con las instalaciones en su poder, los propietarios buscan conseguir nuevamente la habilitación para poder reabrir como establecimiento de educación especial. Sin embargo, en las condiciones actuales es imposible.

"La congregación Compañía de María para la educación de chicos sordomudos donó la propiedad a la asociación Obra San José para que allí funcione la escuela. La asociación es la dueña del inmueble, aunque pasó por una crisis muy importante y ahora se han designado las nuevas autoridades de la comisión directiva. Estamos a la espera de que la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia apruebe la nueva comisión, porque la idea es volver a tener habilitación como escuela especial", destacó a Los Andes el interventor de la orden religiosa en todo el mundo, Alberto Bochatey.

"Nuestra intención es volver a lo bueno que se hizo en el lugar", agregó el sacerdote.

"En el estado actual, la habilitación es imposible. En febrero del 2017, por medio de la resolución 93 y dentro de la investigación sumaria administrativa; se dispuso una suspensión preventiva de prestación de servicios y funcionamiento de todas las actividades educativas que transcurrieran en ese lugar físico. Dicha suspensión se prolonga hasta que el proceso penal determine o no la culpabilidad. Si determina que hay, queda firme la caducidad permanente de la habilitación. Y si se determina que no hay responsabilidad penal, el sumario no está cerrado tampoco ya que igual se han detectado una serie de irregularidades administrativas", indicó la directora de Educación Privada de la DGE, Beatriz Della Savia.

"Es importante aclarar que está suspendida la persona jurídica de la asociación Obra San José, independientemente de quienes estén en su comisión", aclaró de forma categórica.

Dentro de la investigación penal, el fiscal Stroppiana hizo lugar a un pedido de la querella y solicitó formalmente al Arzobispado de Mendoza que devuelva la copia del primer cuerpo del expediente e la causa que -sostienen los abogados- se llevó a mediados del año pasado.

Sin habilitación

"Queremos poder reabrir el colegio en algún momento". La frase es de Bochatey, y no es la primera vez que manifiesta públicamente una de las intenciones que tiene desde que fue nombrado como interventor.

"Nadie puede discutir que era una gran escuela, de excelencia. ¿Por qué tienen que pagar las culpas quienes no han tenido responsabilidad?. Nos hemos alegrado de que se devuelva el predio, que estuvo semicerrado durante más de un año. Es sorprendente que no lo hayan devuelto antes", insistió el interventor.

"Queremos que se llegue hasta el final y se sepa la verdad de lo que ocurrió", agregó, indicando que se está trabajando seriamente en la causa.

Más allá de la intención de Bochatey y de los dueños del inmueble de Boedo 385, actualmente es imposible que recuperen la habilitación como establecimiento educativo.

"La resolución 93/17 involucra a la obra Antonio Próvolo, a la asociación Obra San José y a la Compañía de María para la educación de sordomudos. Los 3 actores están involucrados en la investigación, que es por una causa penal por delitos muy graves. Por eso es que se dispuso la suspensión preventiva de la habilitación", insistió Della Savia.

La funcionaria resaltó además que todos los alumnos fueron reubicados en escuelas especiales -de gestión pública o privada-, y que todas sus necesidades han sido cubiertas.

"El Próvolo brindaba los servicios educativos y de salud concentrados en un mismo lugar. Pero no se lo puede considerar un establecimiento modelo por ello. Las prestaciones esenciales siguen estando cubiertas, y hoy los chicos van a la escuela y luego se dirigen a los efectores de salud", sintetizó Della Savia.

El abogado Carlos Lombardi -de la Red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos en Argentina- tampoco se mostró sorprendido por la intención de que reabra el Próvolo; aunque sí preocupado. "La idea primigenia era cambiar la comisión directiva de la asociación civil, y luego solicitar a las autoridades de la DGE que se levantara la suspensión. Buscan hacer un enroque de comisiones", indicó Lombardi.

"Se están moviendo porque quieren seguir lucrando y blanquear la imagen. No le importan las víctimas. Quieren meter un barniz de transparencia y de limpieza a ese instituto. Si le llegaran a levantar la suspensión, sería como volver a poner en funcionamiento la ESMA después de lo que fue la dictadura. Una cosa horripilante", indicó Lombardi.

"Más que preocuparse por reabrir el instituto, deberían preocuparse por indemnizar a las víctimas. Y no por esquivar los derechos como han hecho durante toda la historia", sintetizó el abogado de los denunciantes, Sergio Salinas.

En Italia, denuncian boicot para quedarse con las propiedades

El obispo de Verona, Giuseppe Zenti acusó a una asociación civil de personas sordas de aquella ciudad de estar detrás de todas las denuncias por abusos sexuales en las sedes del Próvolo (en la ciudad italiana, en La Plata y en Mendoza).

La denuncia forma parte de una acusación que Zenti realizó en febrero del año pasado, cuando el caso Próvolo ya había explotado en Mendoza y se hablaba además de detalles de episodios ocurridos en la sede veronesa y platense.

Zenti acusó a un grupo de ex estudiantes del Próvolo -donde se encuentra Gianni Bisoli (quien denunció haber sido abusado en Italia por el cura Nicola Corradi, detenido por los casos en Mendoza)- de impulsar todas estas denuncias para "quedarse con las hermosas instalaciones del instituto en esos lugares".

Siempre de acuerdo a Zenti, en 2007 la asociación de los antiguos estudiantes de Próvolo (dirigida por Giorgio Dalla Bernardina) se dirigió a él pidiéndole interceder por el uso de algunas instalaciones del instituto para que ellos pudieran reunirse, y allí lo habrían amenazado sosteniendo que "de otro modo los acusarían de pedofilia".

"Lo de Zenti raya lo caricaturesco. Es una realidad que la legión de curas del Próvolo de Italia violaron, vejaron y abusaron sexualmente a más de 60 personas en Italia. Y parte de ellos vinieron a Argentina; y uno de ellos (Corradi) está con prisión domiciliaria. El tema de los abusos sexuales es indiscutible", destacó el abogado Carlos Lombardi, quien además es apoderado de la asociación La Rete (quien acompaña la denuncia Próvolo en Verona).

"Con la acusación de Zenti, se trata de desviar el eje de la discusión. No creemos que el juez vaya a darle entidad a esta falacia que trata de desviar lo que realmente ha pasado", agregó.

Para el también abogado Sergio Salinas, "es una falta de respeto a las víctimas, y en particular al secreto que existe en la investigación ordenado por los jueces" dicha acusación.

"Si ese cura tiene información, será de la que se llevaron en contra de los derechos de las víctimas el Arzobispo de Mendoza y que en el día de hoy (por ayer) -por un pedido nuestro-, el fiscal solicitó al Arzobispado de Mendoza a que devuelva el expediente donde están los datos de las víctimas", agregó Salinas.

"La opinión de este cura es igual que la de toda la Iglesia, que no sólo no ha dado información cuando han solicitado y obligado la fiscalía, sino que además la oculta", sentenció Salinas.