Una de las ex psicólogas del instituto religioso Antonio Próvolo -identificada con las iniciales M.I.G.- está citada para declarar el viernes como testigo dentro de la causa que investiga la comisión de abusos sexuales y corrupción de chicos sordos en el establecimiento.
Y su declaración ha generado una creciente expectativa en el fuero judicial, ya que -dentro de la investigación- se trata de la primera persona que se desempeñaba en el instituto de Carrodilla que reconoció haber recibido en el lugar (mientras trabajaba allí) a padres de alumnos denunciando que sus hijos habrían sido víctimas de abusos sexuales, acusando por ello a dos de los ex administrativos actualmente imputados.
Dicha declaración fue aportada a la Justicia el 28 de noviembre del año pasado, cuando la misma psicóloga fue citada los días posteriores a que estallara públicamente el escándalo. Incluso, la profesional de la salud indicó en aquella oportunidad que tenía conocimiento de dos casos y -si bien no había sido testigo presencial- dio detalles sobre cómo 2 padres llegaron a la escuela a pedir explicaciones referidas a dichos episodios.
Además, destacó que ella recomendó a uno de los hombres que hiciera la denuncia, y que el cura Nicola Corradi -ex regente- y la ex representante legal, Graciela Pascual (hoy los 2 imputados y presos) se reunieron en soledad con él. Además, manifestó que después de esa reunión, la despidieron (a M.I.G.) de su cargo.
“Eso sucedió en el mes de julio, el último día de clases. Y luego, cuando se reinician las clases posterior a las vacaciones de invierno, a mi me despiden. Mi hipótesis personal con respecto a mi despido es haber hablado de esta situación, y tensiones personales debido a cuestiones laborales”, sintetizó la psicóloga en noviembre.
Al tanto
Uno de los episodios al que se refiere M.I.G. tuvo lugar en julio del 2010 y es el que -cree- catapultó su salida forzada del Próvolo.
Según relató en noviembre del año pasado, todo se inició con el padre de una niña que llegó enojado al instituto diciendo que su hija acusaba a un celador de haberla querido besar. La psicóloga contó que pudo entrevistarse con la chica de 11 años, y que su versión era creíble.
Ante esta situación y en presencia del ofuscado padre, M.I.G. convocó a Pascual y al celador acusado; y fue la ex representante legal quien intentó llevarle tranquilidad al hombre diciéndole que el celador acusado no iba a estar más en el interior del establecimiento.
“Yo sugiero que también el padre Nicola (Corradi) tome conocimiento sobre los hechos sucedidos, y al padre de (...) le digo que si él creía que era necesaria la denuncia, que la realizara”, reconstruyó la psicóloga en su primera declaración.
Siempre de acuerdo a su relato, en ese momento Pascual le comunicó que ella se iba a encargar de la situación y autorizó a M.I.G. a que se retire.
“Yo me quedo preocupada por la situación y me dirijo a la oficina del padre Nicolás con intención de informarle lo que había acontecido, y saber en qué había terminado esta reunión (con Pascual y el papá de la nena). Y la veo de lejos salir a Graciela (Pascual) de esa oficina. Voy a hablar con el padre Nicolás, y este estaba enojado. Me dijo que yo estaba haciendo denuncias, y ahí fue que yo le explico lo que había pasado y que yo no estaba haciendo ninguna denuncia, que sólo estaba informando la situación. Y que le había dicho al padre de la niña que podía hacer la denuncia, y le expreso que yo consideraba que estaba haciendo lo que me correspondía según mi función” (sic), manifestó a fines del año pasado.
En ese momento, la mujer que declarará nuevamente el viernes dijo que Corradi le pidió que se retirara y que se lo observaba enojado. Luego vino el receso invernal y el despido ya detallado. Estos pormenores son los que llevan a los investigadores a presumir que esta semana refuerce su primera declaración, lo que complicaría aún más a muchos de los 15 imputados que tiene la causa. Precisamente el administrativo acusado en este episodio y otros dos -Jorge Bordón y Armando Gómez- están detenidos e imputados como autores de los abusos, junto con los curas Corradi y Horacio Corbacho, y la monja japonesa Kumiko Kosaka.
Resuelven prisiones domiciliarias
La monja Kumiko Kosaka (como autora de los delitos) y la ex representante legal del instituto Próvolo, Graciela Pascual (por participación primaria), son las dos mujeres que están imputadas y detenidas en la cárcel de Agua de las Avispas (Cacheuta) como parte de la investigación por abusos sexuales y corrupción de menores en el establecimiento.
En ambos casos ha sido solicitada por su defensa la posibilidad de cumplir la prisión preventiva bajo el régimen de domiciliaria, y en el caso de Kosaka se suma el dato de que una cámara judicial ya ha autorizado a que así sea. Ante este fallo -con carácter de que sea cumplido “inmediatamente”-, ahora se está a la espera de que se cumplan las garantías imprescindibles para poder otorgarla. Estas son: pericias psicológicas favorables para la imputada, para la mujer que ha sido ofrecida como su cuidadora y una encuesta socioambiental que apruebe el domicilio que se ofrece.
Lo que preocupa a algunas fuentes judiciales es que ya se han hecho con anterioridad pericias a la monja, y las oficiales (del Cuerpo Médico Forense) ya resolvieron que ella no está apta para este régimen, y recomiendan que no se le otorgue. Con anterioridad ya han sido rechazadas además una posible cuidadora y una hipotética locación, aunque su defensa ha ofrecido dos nuevas alternativas.
“La fiscalía aduce que no se puede otorgar la prisión domiciliaria sin cumplir todos los requisitos, por lo que es difícil entender que la cámara haya resuelto con un criterio de hace 10 años, cuando solamente se exigía que hubiese un lugar apropiado para que se autorice la domiciliaria”, destacaron dichas fuentes de la investigación.
Respecto a Pascual, luego de que la semana pasada fuera rechazado el pedido de liberación y se confirmase que debe cumplir la prisión preventiva; ahora su defensa está iniciando el trámite para que le autoricen el mismo régimen que ya tiene Kosaka. Las 2 siguen detenidas en Cacheuta.
