Finalmente el Ministerio Público Fiscal acató la resolución de la Primera Cámara del Crimen, y desde las 21 de ayer la monja japonesa Kumiko Kosaka (42) -una de las acusadas e imputadas por los casos de abuso sexual y corrupción de chicos sordos en el instituto religioso Próvolo (Luján)- permanece detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Ya fueron rechazados dos cuidadores ofrecidos por la defensa de Kosaka.
La monja aún no cuenta con un cuidador autorizado por la Justicia -las dos personas que habían sido propuestas oportunamente por la defensa obtuvieron conclusiones negativas en los informes del Cuerpo Médico Forense-, por lo que la custodia la están haciendo en el domicilio efectivos policiales. Además anoche mismo le instalaron una tobillera para realizarle el control de geoposicionamiento satelital, otra de las exigencias que requiere este tipo de prisión.
Lo llamativo es que la nueva persona propuesta como cuidadora por la defensa de Kosaka -en la figura del abogado Carlos Varela Álvarez- es otra monja, y durante la mañana de hoy le realizarán los exámenes pertinentes para ver si cumple con los requisitos o no.
La custodia la hacen policías y ya tiene una tobillera electrónica.
La decisión de la Primera Cámara del Crimen tuvo lugar a principios de setiembre y sorprendió a la querella y a los propios investigadores de la causa, puesto que no sólo que los custodios ofrecidos no habían pasado las pericias sino que el mismo Cuerpo Médico Forense recomendó en julio que tampoco se le otorgara la prisión domiciliaria a Kumiko.
El abogado de Kosaka denuncia "manipulación" en los testimonios
Carlos Varela Álvarez, abogado defensor de la monja Kosaka Kumiko aseguró esta mañana en declaraciones radiales que las declaraciones de los testigos del caso Próvolo han sido "manipuladas". En diálogo con La Red Mendoza, destacó que esta acusación ha sido informada por un organismo del Estado especializado en personas con discapacidad (Adajus), y recalcó que el Programa Nacional que asisten a personas con discapacidad en caso judiciales dictaminó que los intérpretes de los chicos sordos han deformado sus testimonios.
“Al principio pensamos decir que como abogados, cuando vemos testimonios contradictorios, decíamos ‘bueno, esto es parte de que uno está mintiendo’. Pero acá dicen que hay manipulación de los testimonios a través de los interprete. Nosotros hoy día estamos en condiciones de decir hasta el momento que muchos de los testimonios que se han producido han sido manipulados. En este caso por los intérpretes”, afirmó Varela Álvarez.
En reiteradas oportunidades la querella -abogados de los denunciantes- han cuestionado el rol de Adajus; y la Confederación Argentina de Sordos, el Movimiento Sordos de Mendoza y la UNCuyo (por medio de la Facultad de Educación) han remitido los avales de estos profesionales a la Justicia.
Por otra parte, el abogado de la monja confirmó que la religiosa ya está bajo el régimen de prisión domiciliaria. "A las 13 horas (de ayer) fue llevada a la Fiscalía, donde se le comunicaron las condiciones de detención y las reglas de conducta. Yo estuve con ella, me pude comunicar en horas de la noche y ya estaba en ese lugar. También le tengo que decir que hay personal penitenciario que la está cuidando. No es que esté feliz en su nuevo destino sino que el Estado sigue su presencia allí", sintetizó.
15 imputados y contando
La causa ya tiene a 15 imputados, entre los que se destacan los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y 3 ex administrativos del establecimiento, además de la monja japonesa. También la ex representante legal del instituto -Graciela Pascual- y la madre superiora de Kosaka (Asunción Martínez) están imputadas.
En cárcel común aguardan el juicio Corbacho, los 3 ex administrativos -Jorge Bordón, Armando Gómez y un tercer ex celador- y Pascual, mientras que el mayor de los curas (Corradi, 82 años y quien era el regente) y Kosaka están con el régimen domiciliario. La defensa de Pascual también solicitó este beneficio, y están a la espera de lo que determine la Justicia.
Además hay 4 ex directoras imputadas (por participación secundaria -omisión, ya que los abusos denunciados habrían ocurrido mientras estaban al frente del instituto y no hicieron las denuncias correspondientes-), la ex cocinera, uno de los ex jardineros y una de las psicólogas que se desempeñaba en el lugar. La semana pasada la querella también solicitó que se imputara a otra ex psicóloga, también por participación secundaria.