Hace minutos la Justicia provincial determinó que las 2 monjas imputadas por los abusos sexuales y episodios de corrupción de chicos sordos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Carrodilla) continúen con esa situación procesal.
Luego de que el abogado de las religiosas solicitara el cambio de situación con la intención de que cese la imputación y queden liberadas de la causa, la Justicia no hizo lugar al pedido y consideró que la monja japonesa Kumiko Kosaka continúe cumpliendo prision domiciliaria, y que su par Asunción Martínez continúe con la acusación por omisión en uno de los hechos.
Entre los fundamentos para rechazar el pedido y mantener la situación actual, la jueza Alejandra Alonso destaca que las pruebas recabadas hasta el momento (sumando las nuevas declaraciones) confirman las imputaciones actuales; y argumenta que "ninguna prueba ha modificado favorablemente, sino que por el contrario han empeorado su situación procesal".
Pese a que el abogado de las monjas había insistido en su presentación en que no existía riesgo de fuga para sus defendidas, Alonso consideró que éste sí existe. Y lo hizo en base a las declaraciones realizadas a Los Andes por el perito de parte que ha contratado la congregación Hermanas del Huerto (a la que pertenecen Kosaka y Martínez). "Las hermanas del Huerto (como surge de los diarios) siguen aportando con dinero a Kosaka, lo que demuestra el apoyo y el riesgo de fuga", sintetiza Alonso.
Incluso, la magistrada insistió en que los peritajes realizados a los denunciantes son coherentes y dicen la verdad.
"Esto lleva más tranquilidad a las victimas ya que se mantiene no solo la imputación a las monjas, sino también a la ex representante legal del instituto Graciela Pascual (también con prision domiciliaria)", resumió el abogado de las victimas, Sergio Salinas.
Las dos monjas integran la segunda causa judicial dentro del caso que investiga la presunta comisión de abusos sexuales y hechos de corrupción contra ex estudiantes del instituto religioso. Kumiko está imputada como autora y encubridora de al menos 3 hechos, mientras que Martínez está imputada por omisión en un episodio.
La primera causa -principal- tiene a 4 imputados (los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez) como autores de los hechos; y Bordón se convirtió en el primer condenado de la causa. Tras reconocer la autoría de los hechos que se le adjudicaban, fue condenado a 10 años de prisión.
