La cadena de complicidad por la serie de abusos sexuales cometidos en el instituto para chicos hipoacúsicos y no oyentes Antonio Próvolo (Luján) es lo próximo que quiere resolver la Justicia local dentro de esta causa.
Por ello es que esta semana, además de continuar realizando Cámaras Gesell a testigos y posibles víctimas de los cinco imputados (dos curas y tres administrativos), el fiscal Fabricio Sidoti solicitará una compulsa para que se investigue a las autoridades educativas -actuales y pasadas (varios padres coinciden en señalar que una ex directora conocía las aberraciones que se cometían y las ocultó)-.
Sucede que en el seno interno de la investigación cuesta creer que todos los abusos se hayan realizado sin que exista ningún conocimiento o sin que jamás se haya hablado del tema puertas adentro. De hecho, desde 2000 y hasta la fecha nunca ingresó una denuncia contra la institución en la DGE y eso les resulta, cuando menos, raro.
Además, este jueves se definirá la suerte de los dos detenidos que han solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria (el cura Nicolás Corradi -82- y el trabajador Armando Gómez -46-). Si bien Sidoti la negó en primera instancia (y esta semana solicitará la prisión preventiva para los cinco), es la Justicia de Garantías quien debe expedirse al respecto. Mientras tanto, los imputados continúan detenidos en el pabellón 5 donde se alojan los presos por Violencia de Género.
Hay al menos 25 casos confirmados de abusos sexuales y corrupción de menores ocurridos durante los últimos años, y en las declaraciones se acusa a los cinco involucrados como los autores.
Silencio sospechoso
Hasta el 30 de noviembre, Corradi era el regente del instituto que funcionaba en la misma sede donde también se encuentra la delegación local de la orden religiosa. De hecho, es además el domicilio legal que tiene declarado el octogenario cura, detalle a tener en cuenta al momento de definir si aceptan la prisión domiciliaria, puesto que debería proponerse otro.
Horacio Corbacho (56) es el otro cura imputado y que también está detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Su caso es más que particular, teniendo en cuenta que más allá de que el Arzobispado lo tiene registrado como cura de la orden, en la Dirección Nacional de Culto Católico no hay ningún registro ni dato de Corbacho como sacerdote o integrante del Próvolo. A ellos se suman Jorge Bordón (50, monaguillo), José Luis Ojeda (41) y el ya mencionado Gómez.
Más allá de que la parte religiosa no estaba directamente vinculada con la educativa, a los investigadores les resulta extraño que docentes y directivos (actuales y quienes ya no están) no hayan sabido nada de esto.
Más teniendo en cuenta que los chicos que pernoctaban en el albergue -aquí es donde interviene la orden y donde denuncian que ocurrieron los ataques- también estudiaban en el establecimiento.
De hecho, la madre de un chico que fue abusado en 2008 en el lugar y que hizo la denuncia en aquella ocasión (nunca prosperó) también dijo haber denunciado a quien era directora en aquel momento, y que incluso la Justicia citó a esta mujer. Pero su caso recién salió a la luz el mes pasado, cuando se conocieron todos.
Definen el futuro de los imputados
Pasado mañana será un día crucial para la causa. A las 9 se celebrará la audiencia en la que la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, definirá si finalmente otorga a Corradi y a Gómez la prisión domiciliaria (tal como han solicitado sus defensores). Considerando la avanzada edad del cura Corradi, legalmente corresponde este beneficio. No obstante, lo tenebroso de las acusaciones y el caso en sí transforman la reunión del jueves en algo especial.
En tanto, Sidoti continuará con las declaraciones y por lo pronto no tiene previsto realizar una nueva inspección ocular en el instituto ubicado en Boedo 385 de Carrodilla. Quienes pasan por el imponente portón de rejas ubicado en el acceso al predio pueden observar a un patrullero apostado y vigilando permanentemente.
