Esta semana será crucial para los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), y para los ex administrativos del Instituto Próvolo Jorge Bordón (50), José Luis Ojeda (41) y Armando Gómez (46). Los 5 se encuentran detenidos, imputados como autores de al menos 26 abusos sexuales a menores sordomudos en el albergue de esa institución religiosa, y la Justicia definirá mañana si les dicta la prisión preventiva así como también dónde deberán cumplirla.
Estaba previsto que todo se decidiera ayer pero la audiencia fue maratónica: los abogados de los 5 imputados se explayaron alegando los motivos por los que consideran que deberían recuperar la libertad o cumplir prisión domiciliaria (según cada caso). Y luego la querella replicó estos argumentos, procedimiento que se extendió durante toda la tarde.
Ante esta situación, la jueza de Garantías Alejandra Alonso decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana para comunicar qué ocurrirá con los detenidos.
De los 5, Corradi es el único que tiene prisión domiciliaria, mientras que los otros se encuentran alojados en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Durante las últimas semanas, Bordón y Gómez pidieron recuperar la libertad, aunque a ambos se les denegó.
Días decisivos
Corradi -en un domicilio particular-, Corbacho, Bordón, Ojeda y Gómez están detenidos desde el 30 de noviembre del año pasado, luego de que salieran a la luz las primeras denuncias de abusos sexuales contra ellos. El ex fiscal de la causa, Fabricio Sidoti, los imputó y dispuso su detención, pero aún no les han dictado la prisión preventiva y eso es lo que buscan el nuevo fiscal -Gustavo Stroppiana- y la querella por estas horas. Esto permitiría que aguarden hasta la elevación a juicio tras las rejas (excepto Corradi).
Pasadas las 10:20 -y divididos en dos tandas-, los imputados ingresaron a la sala de audiencias. Al igual que ha ocurrido con los anteriores encuentros, estaba previsto que el escenario fuera la sala del Cuarto Juzgado de Garantías. Sin embargo, y teniendo en cuenta que debía albergar a una gran cantidad de personas -imputados, abogados defensores, familiares de las víctimas, abogados de la querella, fiscal y la propia jueza-, todo se mudó a la Segunda Cámara Penal, de mayor capacidad.
Corradi (trasladado en silla de ruedas y con unos lentes oscuros), Ojeda y Gómez fueron los primeros que ingresaron acompañados de personal policial. Los dos últimos -al igual que las víctimas- tienen discapacidades auditivas y de habla.
Pocos minutos después fue el turno de Corbacho y Bordón.
El abogado Sergio Salinas, querellante y miembro de la ONG Xumek, destacó que ellos y la fiscalía insistieron con el pedido de prisión preventiva, teniendo en cuenta el tipo de delito y la prueba existente.
Además, solicitaron a la Justicia que revea la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria a Corradi. Es que pese a que llegó en silla de ruedas a Tribunales, cuando salió de la sala para ir al baño lo hizo caminando por sus propios medios.
Durante la reunión, los abogados defensores insistieron en desacreditar las declaraciones de una testigo de identidad reservada que compromete a los imputados. Según sostienen, en su testimonio hay contradicciones, mentiras y hechos de los que no hay pruebas. Y lo contraponen al de otra testigo, quien en la cámara Gesell declaró que está bien y que nunca vio nada.
Esta última es la mujer que al salir del interrogatorio advirtió a otro testigo -mediante lenguaje de señas- que no declare “nada malo” sobre los curas. En este detalle se amparan los querellantes para sostener que no es fiable su testimonio, y sostienen que los peritos determinaron que la testigo desacreditada por la defensa dice la verdad.
Gestiones por el destino del edificio
La vicegobernadora Laura Montero se reunió ayer con el secretario de Culto de la Nación, Santiago Estrada, con la idea de convertir la imponente sede del Instituto Próvolo de Carrodilla (cerrada por la DGE) en una escuela inclusiva para chicos oyentes y no oyentes, y donde se enseñe como segundo idioma el lenguaje de señas.
"Sería un buen destino para un lugar en el que hubo tanto dolor y espanto, poder generar algo innovador y pionero”, destacó Montero, quien resaltó que la idea fue bien recibida por el funcionario nacional. No obstante, para poder avanzar en este proyecto es necesario expropiar el sitio (pertenece a la orden religiosa) mediante una ley.
El lunes la DGE oficializó el cierre del establecimiento y la quita del subsidio estatal que recibía hasta que haya sentencia en la investigación por los abusos sexuales. Esto despertó el rechazo de los docentes y algunos padres de los 80 alumnos que estaban listos para comenzar las clases en marzo, quienes consideran que no existe otra institución preparada para brindar la formación y contención que necesitan.
La DGE igual avanza: ayer informó que ya está reubicando a los alumnos (aunque no aclaró en qué colegios) y destacó que se está pensando en “la mejor oferta educativa, con acompañamiento acorde a las necesidades y trayectorias escolares”.
También se explicó que desde las direcciones de Educación Especial y Educación Privada están contactando a los padres de los alumnos y que se crearán nuevos cargos de terapeutas del lenguaje y profesionales en lengua de seña.
Los padres que aún no se hayan contactado con la DGE lo pueden hacer al 4492808.
