Los imputados por haber cometido más de 25 abusos sexuales a menores sordomudos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) siguen buscando esquivar la cárcel.
Primero fue el turno de los curas Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), quienes solicitaron la prisión domiciliaria en diciembre y sólo al primero se la otorgaron por su avanzada edad.
La semana pasada fue el turno de Jorge Bordón (administrativo y monaguillo), quien pidió directamente la libertad y también le fue denegada.
Ayer, quien hizo el mismo pedido fue Armando Gómez (46), otro administrativo imputado como autor de los abusos a menores de edad, y la Justicia de Garantías también se lo rechazó, por lo que continuará en prisión.
Gómez -al igual que las víctimas- es sordo, por lo que la defensa solicitó entonces que se le otorgue la prisión domiciliaria amparándose en las “condiciones indignas” en que se encuentra detenido en la penitenciaría, más teniendo en cuenta que tiene una discapacidad.
Ante esto, la Justicia solicitó a la Defensoría de Personas con Discapacidad que intervenga, inspeccione la celda y asista tanto a Gómez como a José Luis Ojeda (el quinto imputado, quien también es sordo y comparte celda con Gómez) para determinar si pueden continuar allí.
De esta manera, queda en evidencia el motivo por el que el lunes la misma Justicia de Garantías rechazó a la Defensoría como querellante en las causas: tanto las víctimas como los imputados son personas con discapacidad, por lo que tiene intereses contrapuestos en lo que hace al objetivo fundamental de este organismo.
Asimismo, se pidió al OAL y a la Justicia de Familia que entreviste a la familia de Gómez ante la hipotética posibilidad de que haya reiterado los abusos por los que está imputado con sus hijos (menores de 5 años).
