Próvolo: la querella pidió la pena máxima para Corbacho y que la Iglesia pida disculpas

Luego de que el Ministerio Público Fiscal -en la figura del jefe de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide- pidiera 45 años de prisión para los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y 22 años y medio para el ex jardinero Armando Gómez; alegaron los primeros abogados querellantes en el juicio por los abusos en el instituto Próvolo.

Sergio Salinas y Lucas Lecour -de la ONG Xumek- fueron los encargados de fundamentar su pedido de condena por los hechos que involucran a las 5 víctimas que ellos defienden (en total la causa inicial tiene a 11 víctimas). Y solicitaron la máxima para el cura Corbacho, quien tiene la mayor cantidad de imputaciones -16 en total- y también quien acumula la mayor cantidad de acusaciones por violaciones.

Los abogados de Xumek adhirieron además al pedido de la Fiscalía (integrada también por Gustavo Stroppiana) referido a las penas para Corradi y Gómez. Es que en lo que a sus defendidos respecta, sólo está involucrados el cura octogenario por un episodio de corrupción y el ex jardinero por dos episodios.

Además, hicieron una serie de pedidos referidos a medidas de satisfacción y prevención, tanto para las víctimas como para evitar episodios futuros similares. Entre ellas, se destacan que la Iglesia Católica haga un "pedido de disculpas público" a los involucrados en este caso; que el Congreso de la Nación derogue el Concordato con el Vaticano (de 1966), que se garantice la enseñanza de Lengua de Señas en las escuelas mendocinas y que se asegure además un seguimiento y contención a las víctimas una vez culminado el juicio.

Para mañana miércoles están previstos los alegatos del segundo grupo de abogados de las víctimas, integrado por Oscar Barrera y Lenadro Lanci; quienes defienden a los otros denunciantes de la Causa Uno.

Medidas especiales

Dentro de sus alegatos, Salinas y Lecour incluyeron la requisitoria de una serie de medidas institucionales a adoptar, tanto para las víctimas del caso como para evitar hechos similares a futuro.

Por un lado, enumeraron tres medidas de rehabilitación. La primera tiene que ver con una recomendación al Ministerio de Salud de Mendoza para que brinde "de forma inmediata, efectiva y por el tiempo que sea necesario" tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito; con intérpretes a todas las víctimas. Además, solicitaron que se aseguren las facilidades para que los damnificados puedan asistir, ya sea a través de becas de transporte público o mediante la visita de los profesionales a sus domicilios. "En el caso de las víctimas que viven fuera de la provincia de Mendoza, se recomiende al Ministerio de Salud en la provincia de residencia la concesión de dicho tratamiento en iguales término", se explayaron.

Por otra parte, recomendaron a la Dirección General de Escuela que asegure cuanto antes opciones educativas a las víctimas. Solicitan que esta posibilidad se les brinde a través de sus instituciones, otorgando una beca de estudio, que incluya transporte y materiales de estudio. Por último (dentro de las medidas de rehabilitación), recomendaron al Ministerio de Desarrollo Social que inicie todos los trámites necesarios para que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda nacional para estudiantes o trabajo joven o primer trabajo.

También incluyeron medidas "de satisfacción". Entre estas, solicitaron que se le exija a la Iglesia Católica Argentina "un pedido de disculpas, mediante acto público, a las víctimas; realizadas con el acuerdo y participación de ésta". Además, pidieron que en la web del Poder Judicial solamente se publique la parte resolutiva de la sentencia; para resguardar la identidad de las víctimas.

Asimismo, recomendaron que se le pida a la Municipalidad de Luján de Cuyo que coloque en el inmueble donde funcionaba el instituto Próvolo "una placa recordatoria de los terribles hechos que allí sucedieron".

Medidas preventivas

El tercer grupo de medidas solicitadas por los abogados querellantes son las que consideraron como "de no repetición".

Entre otras cosas, exhortan a la Legislatura que cree por ley la figura del Defensor del Niño, con competencias para intervenir en ámbitos públicos o privados, laicos o religiosos; dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 9.139 "Régimen jurídico de protección de las personas menores de edad". En este sentido, solicitaron que se garantice que el Defensor del Niño pueda realizar monitoreos y visitas sorpresivas en cualquier tipo de instituciones en las que se encuentren niños, niñas o adolescentes albergados.

Los letrados solicitaron además que se exhorte al Congreso de la Nación a denunciar el Concordato con la Santa Sede de 1966 en todas aquellas prerrogativas que sean contrarias al marco constitucional y convencional actual, tales como la obligación de dar información, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso "I.G. contra Arzobispado de Mendoza" del 2015.

También pidieron que se replique en Mendoza el programa "Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales", que incluye contención a la víctima, a su familia, y asistencia jurídica, social y psicológica.

Lengua de Señas en las escuelas y protocolos

En otro de los apartados, los abogados querellantes recomendaron a la DGE que haga efectiva la Ley 7.393 sobre Lengua de Señas Argentina, y la reciente 9.168 mediante la cual se establecen talleres sobre el Lenguaje de Señas Argentina en el sistema educativo local. Y llamaron a que se cree un “Protocolo de Actuación para la prevención de delitos de índole sexual en establecimientos educativo y/o religiosos”. Esto en sintonía con la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de ONU adoptada por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985; y con la Guía de Buenas Prácticas para la protección de derechos y el acceso a la justicia de niños víctimas de abuso sexual de UNICEF.

Precisamente sobre esta documentación internacional, solicitaron que se dicten cursos de capacitación a personal del Ministerio de Seguridad, de la Corte y del Ministerio público Fiscal.

Además, recomiendan al Ministerio Público Fiscal "reducir los tiempos de demora en la fijación de los turnos de las Cámaras Gesell", ya que sostuvieron que actualmente supera los tres meses.