En la causa Próvolo -que investiga presuntos abusos sexuales contra chicos sordos en el instituto religioso de Luján- no dejan de destaparse novedades.
Ayer, el fiscal Gustavo Stroppiana imputó al cura Horacio Corbacho (56) -el más joven de los dos sacerdotes detenidos- por cuatro hechos nuevos de abuso sexual; por lo que el cura ya acumula 16 imputaciones en la Justicia. Y todas referidas a denuncias de abusos a chicos sordos que estudiaban y dormían en el establecimiento de Boedo 385 (Carrodilla).
Según destacaron fuentes judiciales, las nuevas imputaciones se oficializaron a raíz de las declaraciones de ex alumnos en cámaras Gesell recientes. Todas fueron desarrolladas con posterioridad a la confirmación por parte de la Suprema Corte de la prisión preventiva para los primeros acusados de la causa (ocurrida a principios de febrero).
Durante la audiencia de ayer, Corbacho -notificado de las nuevas imputaciones- optó por declarar y defenderse de las acusaciones, insistiendo en su inocencia como ha hecho desde el comienzo.
Por esta causa que comenzó en noviembre de 2016, la Justicia ha imputado a 14 personas, entre las que se destacan 2 curas, 2 monjas y 2 ex administrativos del Próvolo. Hasta hace unas semanas estaba imputado también un ex jardinero, aunque la Justicia lo sobreseyó al considerarlo inimputable.
Recientemente el fiscal ordenó la devolución del inmueble de 6 hectáreas a sus dueños -la asociación Orden San José-; y el lunes el interventor del Próvolo, Alberto Bochatey, manifestó la intención de volver a habilitarlo como una escuela de educación especial. Sin embargo, esto fue rechazado de lleno por la DGE (que le ha suspendido provisoriamente la habilitación).
Denuncia al Gobierno
Paola González es la madre de una ex alumna que denunció haber sido víctima de abusos en el instituto. La mujer denunció el mes pasado al Ministerio de Salud por incumplimiento en los deberes de funcionario público, argumentando que a la niña no le estaban enseñando lengua de señas como se había ordenado.
“Nos hemos constituido como querellantes, solicitando el cese de delito y que le enseñen a la niña lengua de señas”, destacó el abogado Sergio Salinas, de la ONG Xumek.
