Finalmente los enviados por el Vaticano para investigar a los dos curas acusados de abusar sexualmente de al menos 27 chicos sordomudos e hipoacúsicos en la sede mendocina del instituto religioso Antonio Próvolo se presentaron ante el Ministerio Público Fiscal.
Se trata de Dante Simón (62) y Juan Martínez (45), quienes viajaron por segunda vez a Mendoza desde que la Santa Sede les encomendó la investigación contra los clérigos Nicola Corradi y Horacio Corbacho, quienes podrían ser expulsados de la Iglesia en caso de que el caso llegue a un tribunal eclesiástico y se los encuentre culpables.
Si bien la investigación canónica que llevan adelante no interfiere en el proceso penal (o al menos no tendría por qué hacerlo) y se realiza en forma simultánea, la querella había solicitado que los emisarios comparecieran ante el fiscal. Así lo hicieron durante la mañana de ayer.
Luego de una extensa audiencia, los religiosos llegados de Córdoba abandonaron la sala insistiendo en que su misión es colaborar para que se sepa la verdad, proteger a los niños vulnerables y condenar a los curas en caso de que sean culpables. No obstante, entre los abogados de las víctimas la intervención de la Santa Sede no hace más que generar dudas, al igual que lo ha hecho -y han denunciado- cada acción de la Iglesia en el proceso.
“Las víctimas no confían en ellos (los enviados) y han dejado en claro que no quieren entrevistarse con estas personas. Pero sí solicitan que brinden toda la información que tengan”, destacó el abogado querellante Sergio Salinas (de la ONG Xumek), quien insistió en que el Arzobispado tiene copia del primer cuerpo del expediente con información crucial sobre los denunciantes.
La información a la que hace alusión Salinas es justamente la referida al estado actual y parcial de la investigación sobre el Próvolo mendocino, así como también los datos sobre los episodios de abusos denunciados en la sede central (Verona, Italia) y en la de la La Plata, que también involucran a Corradi.
Si bien el pedido surgió por iniciativa de la querella, fue autorizado y oficializado por el propio fiscal Flavio D’Amore -subrogante de Gustavo Stroppiana- amparándose en “el deber de colaboración entre la justicia penal y canónica para el descubrimiento de la verdad real de los hechos aquí investigados”.
“Las pruebas existentes contra los imputados ya merecen condena, porque trasladaron a un cura acusado por abusos, pusieron a un lobo entre corderos”, manifestó Salinas.
En un principio, los sacerdotes de la comisión tienen previsto permanecer en Mendoza hasta el sábado, por lo que el viernes habrá una nueva audiencia y allí se espera que remitan la información solicitada.
Más allá de la pregonada voluntad de colaborar con la causa por parte de los investigadores eclesiásticos, lo cierto es que durante la audiencia de ayer se vivieron momentos incómodos. Es que en reiteradas oportunidades alegaron secreto pontificio para no responder preguntas, a tal extremo de que el fiscal debió interceder para que lo hiciesen.
Además, la querella solicitó que se cite a Lidia González (monja superiora de Kumiko, la religiosa denunciada por las víctimas) para determinar dónde estuvo la imputada durante el mes en que permaneció prófuga; y también a Sergio Buenanueva.
Este último fue la segunda autoridad del Arzobispado de Mendoza entre 2008 y 2013 y actualmente es obispo de San Francisco y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que se ocupa de recibir las denuncias por abuso sexual. Buenanueva manifestó recientemente que “uno de los grandes errores” de la Iglesia argentina fue proteger a los curas abusadores.
La palabra de los sacerdotes que investigan para la Iglesia
“Lo que he podido aportar es muy poco, porque estamos al inicio de la investigación y no estamos en condiciones de decir cómo han sucedido los hechos”, indicó Simón luego de la audiencia. Y confirmó que la querella manifestó que las víctimas no desean reunirse con él y su compañero de investigación, pese a que era una de las intenciones con las que volvían a Mendoza.
“Corradi y Corbacho dicen que no han cometido los episodios por los que se los denuncia”, agregó, y dijo que tomó conocimiento de los hechos por los medios y que -desde lo personal- desconocía las acusaciones que pesaban sobre Corradi en Italia y La Plata. “Vamos a evaluar cómo seguimos, porque ahora se nos ha solicitado información considerada clave para aportar a la causa penal, y tenemos que solicitarla”, destacó Simón.
Denuncian que escondieron al cura que confesó abusos
Hace unos días salió a la luz un aberrante video en el que un cura del Próvolo italiano reconoce abusos sexuales a chicos sordomudos en la sede central del instituto (en Verona, de donde es Corradi y donde también está denunciado por abusos).
Desde la cama de un hospital de esa ciudad, filmado por una cámara oculta, el padre Eligio Piccoli confirmó las violaciones a los niños -incluso sonriendo y catalogándolos como “una broma”- y el traslado de los sacerdotes abusadores a diferentes puntos de Argentina.
El abogado miembro de la red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos Carlos Lombardi denunció que luego de que se conociera este video, la Iglesia “escondió” a Piccoli para protegerlo. Así se lo confirmaron desde La Rete L’Abuso, que investiga y ha denunciado estos episodios en Italia.
