Después de pedir perdón al mundo por los abusos sexuales y actos de pedofilia cometidos por sacerdotes y religiosos a lo largo de la historia, el papa Francisco fue determinante.
De hecho, en sintonía con las directivas de "tolerancia cero" que había empezado a cimentar Benedicto XVI cuando estuvo al frente de la Iglesia Católica, creó en junio de 2015 un tribunal destinado a juzgar a los obispos acusados de encubrir estos actos perpetrados por sacerdotes en sus diócesis.
La consigna fue clara. Incluso, con la creación de un tribunal a cargo de los casos, el derecho canónico dio pie a nuevas figuras destinadas a agilizar los procesos penales por violaciones y abusos a menores y adultos vulnerables cometidos por el clero.
Sin embargo, la realidad muestra que la estructura eclesial aún está lejos de evitar que más hechos aberrantes se repitan. Fue aquí, en Mendoza, a miles de kilómetros de Roma, donde ocurrieron los últimos actos de pedofilia por parte de curas.
Los hechos que tuvieron como escenario el Instituto Antonio Próvolo de Carrodilla dieron la vuelta mundo luego de que el viernes 25 la Justicia detuviera a dos curas.
Los testimonios de las víctimas -hasta ahora se han comprobado 12 abusos de niños, niñas y adolescentes con dificultades para escuchar, hablar o ambas- apuntaron a los sacerdotes Nicolás Corradi (82) y Horacio Corbacho (55). También fueron denunciados el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), el monaguillo Jorge Bordón (55) y el jardinero, Armando Gómez (46).
Los cinco se encuentran detenidos e investigados por el delito de abuso sexual -en muchos casos violaciones- agravado por la guarda y la convivencia preexistente “en concurso real con corrupción de menores”. Por su parte, el Arzobispado informó que a los curas les fueron quitados sus derechos canónicos.
En tanto avanza la investigación del fiscal Fabricio Sidoti, las denuncias no dejaron de escucharse a lo largo de toda la semana y ya hay más de 60. También continúan los allanamientos en la sede de la institución.
Fieles dolidos
Lo cierto es que el dolor de las madres y padres de los ex alumnos se hizo sentir. El viernes, con una concentración en pleno centro, pidieron que además se investigue a los profesionales, docentes y monjas del Próvolo.
Plantean, en suma, que alguien debió haber estado al tanto hace tiempo de lo que sucedía, sobre todo teniendo en cuenta que en los casos de niños y niñas que viven lejos, la única alternativa para no perder días de clase era quedándose a dormir en el instituto.
“Nos mintieron en la cara. Nos hacían firmar confiados y nos convencían de que el servicio era el mejor; que nuestros hijos estarían bien cuidados. Y miren lo que hicieron, manga de canallas”, repitió al encabezar la manifestación pacífica Antonia Rojo, mamá de un alumno de 16 años, que decidió sacarlo del colegio en junio cuando regresó a casa con una pierna quebrada.
“Ahora ¿quién me asegura que no fue víctima, si él no puede expresarse bien?”, reclamó la mujer junto a las otras madres que se unieron para pedir justicia.
Al ser consultados sobre cómo lo ocurrido ha repercutido en la visión que tienen de la Iglesia, los fieles católicos se muestran dolidos, pero aseguran que los actos cometidos por los curas no echan por tierra su fe.
Mientras algunos incluso destacan que no se puede juzgar con la misma vara a todos los sacerdotes, otros buscan rescatar la tarea de aquellos que trabajan de manera silenciosa en los barrios más pobres y hacen lo posible por sacar a los jóvenes de las adicciones.
Los más críticos, en cambio, suspiran profundo y los ojos se les llenan de lágrimas al ponerse en el lugar de los niños y niñas abusados por los curas a cargo de la única institución para personas con problemas auditivos de corte religioso en Mendoza.
"Lo que ha pasado duele en el alma; no hay condena que alcance para esos curas porque arruinaron la vida para siempre a esos chicos", dijo al borde del llanto Elizabeth Moyano (69), antes de ingresar a misa en la parroquia San Nicolás. Su sentimiento se notó sincero: ella desde la docencia trabajó durante 40 años con niños y niñas.
Daño sin remedio
Es que las heridas ya están abiertas. No alcanza el dolor y la vergüenza expresados por los máximos representantes de la Iglesia en Mendoza, quienes aseguran y juran no haber estado al tanto de los antecedentes que ya pesaban sobre Corradi.
Tampoco vuelven atrás el tiempo las determinaciones de apartar a los responsables de su cargo eclesial. Más, teniendo en cuenta que Corradi ya tenía antecedentes en Verona y fue trasladado a estas tierras en 1996.
"El daño ya está hecho", sentencia la psicóloga y psiquiatra infanto juvenil Sonia González Herrera al referirse a las violaciones y abusos contra menores, y destaca la importancia de que los afectados, como así también sus familias, no dejen de acudir a los equipos de salud mental.
Las víctimas -destaca- ya no podrán borrar el sufrimiento, sólo tendrán la posibilidad de convivir con él. Menciona además que las patologías mentales asociadas al abuso sexual en la infancia y la adolescencia -en el caso de no ser tratadas- son la enuresis (incontinencia), retardo en el crecimiento, problemas en el área cognitiva, psicosis y, en el caso de los niños hipoacúsicos, los cuadros de mudismo pueden potenciarse. “Incluso hasta el lenguaje logrado puede desaparecer”, agrega Herrera.
En el mismo sentido, Sebastián Cuattromo, titular de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia (con sede en Buenos Aires), suma su punto de vista. Él, contra viento y marea, luchó durante 20 años para lograr que su abusador, un cura marianista, fuera encarcelado a causa de los abusos que cometió en su contra cuando era sólo un niño.
Dice que “los abusos sexuales se cometen en todos los ámbitos, sobre todo el intrafamiliar, y alcanzan al menos al 25% de la población infantil en Argentina”. Por eso, insta a la sociedad civil a “no quedarse callados, a salir a la calle y rechazar estos hechos inaceptables”.
Nuevo allanamiento del fiscal en el Instituto
La Policía realizó ayer a la mañana un nuevo allanamiento en el Instituto Próvolo, una semana después de que se denunciaran casos de abuso sexual por parte de sacerdotes contra niños y adolescentes hipoacúsicos.
El fiscal Fabricio Sidoti, que investiga las más de 60 denuncias de presuntas víctimas de abusos sexuales en el Instituto de Luján, encabezó el operativo. Secuestraron nueva documentación que puede ser clave para la causa. “Volvimos a buscar documentación porque el lugar es muy grande”, dijo el fiscal.
Sidoti sumará esto a computadoras y otros dispositivos secuestrados el miércoles que serán analizados para saber si contienen material pornográfico y que se sumarán a revistas de contenido erótico y ropa interior encontradas en las habitaciones. El fiscal también ordenó investigar una denuncia realizada por un menor presuntamente abusado en 2008 en el Instituto pero que nunca avanzó en la Justicia.
