Los ojos de todo el mundo estarán puestos sobre Mendoza a partir del lunes próximo, cuando en los Tribunales de Mendoza comience el primero de los juicios por el Caso Próvolo; que investiga la comisión de abusos sexuales contra más de 20 chicos sordos que estudiaban y dormían en el instituto Antonio Próvolo (Luján).
Entre los primeros imputados –y quienes serán juzgados desde el lunes- hay dos curas (Nicola Corradi –también con denuncias por episodios similares en La Plata y en Verona- y Horacio Corbacho). Por tal motivo, durante la mañana de hoy el Arzobispado de Mendoza difundió un comunicado en la previa al debate indicando que se solidarizaba con las víctimas de "las más aberrantes vejaciones".
"Creemos que la acción de la justicia es imprescindible para esclarecerlos, establecer las responsabilidades y las sanciones que correspondan", se detalla en el escrito del Arzobispado.
Este comunicado público no cayó nada bien entre los denunciantes y sus familiares; más teniendo en cuenta que desde el comienzo de la investigación han cuestionado lo que consideran una falta de colaboración de la Iglesia (tanto del Arzobispado de Mendoza como desde el Vaticano). Por tal motivo, la ONG Xumek –a la que pertenecen los abogados Sergio Salinas, Juan Dantiacq y Lucas Lecour; y quienes acompañan a algunas de las víctimas- respondió duramente a las expresiones de la Iglesia con otro comunicado. En la misma sintonía se manifestó el otro abogado querellante, Oscar Barrera.
"Debemos rechazar las demagógicas expresiones de solidaridad y cercanía vertidas, dado que se encuentran alejadas del actuar por parte de las autoridades eclesiásticas", detalla el fuerte comunicado de Xumek.
Entre los fundamentos a esta apreciación, la ONG destaca una "falta de colaboración desde un inicio con el Ministerio Público Fiscal en la investigación, omitiendo aportar pruebas, compartir los documentos del procedimiento eclesiástico y haciendo caso omiso a los pedidos realizados por la justicia, desde el 15 de mayo de 2017 a través de una orden impartida por el señor fiscal al cura investigador Dante Simón".
Contra el interventor
Incluso, detallan que ante la falta de respuesta, se denunció a Simón y al también cura Alberto Bochatey (designado por el Vaticano como interventor del Próvolo) dentro de la causa por obstrucción de la justicia. El comunicado de los abogados de las víctimas acompaña una copia de la respuesta a un mail enviado a Bochatey, en el cual –y de acuerdo a las acusaciones de la ONG- el religioso "manifiesta su negativa a colaborar, contrariando el derecho de acceso a la información pública". Según puede leerse en el correo y ante la requisitoria de ese material, el interventor destaca que esa información se encuentra dentro del expediente de la investigación canónica y que él no tiene la facultad de remitirla.
Otra de las acusaciones de los querellantes es referida a "los constantes ataques a las víctimas expresados públicamente en los medios de comunicación por los miembros de la Iglesia Católica, en los cuales se cuestiona la veracidad de los testimonios brindados por los y las ex alumnos y alumnas". Asimismo, cuestionan que en la causa que se tramita en el fuero civil también se descree de las víctimas y se niegan los hechos.
Por último –y una vez más- critican la “sorpresiva venta a un precio irrisorio” del edificio donde funcionaba el instituto a la Municipalidad de Luján; y consideran que esta decisión dificulta el esclarecimiento de los hechos y altera el derecho de reparación para las víctimas.
"Por todo esto, las autoridades del Arzobispado de Mendoza, con una conducta negadora e hipócrita frente a lo ocurrido en dicha institución católica; no reconoce el alcance de los delitos cometidos, ni ha adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y niñas, acogiendo políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos. Todo ello lleva a un permanente atentado contra la dignidad y la personalidad de quienes representamos y acá, nuevamente, denunciamos", concluyen.
Más críticas
El abogado Oscar Barrera -quien acompaña a las otras víctimas de la causa también arremetió contra el comunicado de la Iglesia. "Resulta oportunista e hipócrita. Cuando en todo el desarrollo de la causa negaron colaboración, trataron de inmiscuirse sin derecho, y tuvieron una conducta excluyente con todas las víctimas que forman o formaban parte de la comunidad de sus fieles. Como siempre, priorizando la estructura de su institución por sobre el dolor de las personas causadas por sus propios miembros", destacó el abogado.
Barrera agregó que los sobrevivinetes de abuso sexual eclesiástico en el Próvolo confían en la Justicia ordinaria, "una Justicia que no le viene muy cómoda a la Iglesia. Es la misma Justicia que ha puesto en sus justos términos sus pretendidos derechos, declarando la inconstirucionalidad de la ley canónica y el Concordato con el Vaticano en cuanto vulnera los tratados internacionales de Derechos Humanos", acotó.
Barrera llamó a las autoridades De la Iglesia a "reflexionar en sus conciencias" y sepan que en el Próvolo sufrieron niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva "los más aberrantes abusos sexuales, maltratos físico y psicológicos y discriminación; siendo sobrevivientes de todo ese martirio".
"Ellos esperaron su contención. Por el contrario, encontraron un discurso solapado, una cautela impropia de quienes deben enseñar y profesar con el ejemplo la moral y la fe. No se trata de pecados mortales, se trata de delitos aberrantes, de violación de derechos humanos; porque donde se vulnera el derecho de un discapacitado, de un niño, niña o adolescente, de un pobre; se violan derechos humanos", sintetizó.
Ver también: el documental exclusivo de Los Andes sobre los abusos en el Próvolo
