Las provincias frente a la Ley de Emergencia y el impuesto al Cheque

La Ley 25.561, de Emergencia Pública, confiere facultades de legislar a favor del Poder Ejecutivo. Fue sancionada el 6 de enero de 2002, cuando estalló la crisis política, institucional y económica.

Esta ley, de amplitud inédita hasta entonces, comienza estableciendo que en los términos del Art. 76 de la Constitución Nacional se "declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en la presente ley hasta diciembre del 2003".

Desde entonces se ha venido prorrogando la Emergencia y las facultades en materia de Presupuesto se han ampliado aún más. Ahora el PEN pretende una prórroga hasta diciembre de 2015.
 
Resulta curiosa la interpretación que el Congreso hace del Art. 76 citado, ya que el mismo reza: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio".

Así como podía justificarse, en enero del 2002, que el país se encontraba en una situación de emergencia, excepcional, y por lo tanto con las restricciones de la norma constitucional citada, se podía delegar poderes en el Ejecutivo, hoy los argumentos no son aceptables. Menos aún por parte de un gobierno que se ufana, proclamando la "década ganada", haber transformado el país, terminado con la pobreza y logros semejantes.

Una de las cuestiones más delicadas de la norma que se prorroga tiene que ver con el manejo de los recursos presupuestarios y la relación con las provincias.

Las facultades de manejo discrecional de los recursos fiscales convierten en un eufemismo decir que se ha sancionado un Presupuesto de Gastos y Recursos. Ambos son modificados cuantas veces convenga al Gobierno; así en el mes de agosto el Gobierno dispuso un aumento del Presupuesto Nacional de 42.500 millones pesos.
 
Según la Asociación Argentina de Presupuesto, el PEN tiene prevista otra ampliación de 44.907 millones, lo que habrá significado una ampliación de nada menos que el 25% del Presupuesto aprobado originalmente.

Estos cuantiosos recursos (equivalen a algo más de cuatro presupuestos de Mendoza) son manejados discrecionalmente por el PE, con el resultado de que ahora el 75% de los ingresos pertenecen al gobierno central y sólo el 25% restante se canaliza automáticamente a las provincias. Pocas normas han contribuido más a la destrucción del federalismo y la consagración del poder unitario como la Ley de Emergencia.

El impuesto al cheque se implantó por primera vez en el año 1983 y tras sucesivos cambios y modificaciones, se aplicó hasta 1992. Fue reimplantado en el 2001por Ley 25.413, que preveía la vigencia del tributo hasta diciembre de 2012. Desde entonces ha sido prorrogado y vence a fin año.

Originalmente el impuesto iba íntegramente al Tesoro Nacional, pero se podía tomar a cuenta de ganancias, opción luego suprimida. Actualmente el Tesoro se queda con el 80,5%, Anses con el 4,5% y las provincias con el 15%.

Desde su creación ha recibido innumerables críticas por los efectos distorsivos que produce en los negocios, y por desalentar la bancarización. Pero su fácil recaudación, su importancia en la recaudación tributaria total -alrededor de 70 mil millones para este año- y el deterioro fiscal, impulsan su mantenimiento.

Ahora desde la oposición se está motorizando un proyecto para que la recaudación se redistribuya con las provincias, éstas también ávidas de fondos. Pero es un mal impuesto y la carga tributaria es abrumadora.