El kirchnerismo lo ha dejado bien en claro a lo largo de sus más de diez años de mandato. No admite términos medios y sólo se debe aceptar lo que decide el presidente o la presidenta, corriendo el riesgo de ser un paria dentro del esquema político nacional si no se actúa como ellos establecen. Los circunstanciales adversarios políticos han pasado a ser enemigos; los gobernadores consecuentes con la política nacional pero capaces de alguna crítica, son considerados tibios y no pueden formar parte del núcleo duro del poder y sólo son aceptados -y premiados- los obsecuentes, aquellos que dicen sí a todo, aunque muchas veces las decisiones vayan en contra de los intereses de sus provincias.
Todo surge a través de la imposición, de la presión de la mayoría en las Cámaras legislativas nacionales y el avance no sólo se implementó sobre el plano político sino que se lo hizo sobre la libertad de expresión y se intentó también hacerlo sobre la Justicia, todo dentro de un marco que ellos y sólo ellos califican de democrático, aunque la realidad marque que ese tipo de actitudes está mucho más cercano al autoritarismo.
Afortunadamente, ese tipo de actitudes a nivel nacional no se ha trasladado a la provincia quizás porque la Constitución local no admite la reelección, lo que ha determinado la inexistencia de caudillos o también porque en la provincia existe una clara conciencia de la importancia del diálogo entre los sectores políticos. La realidad marca que los acuerdos se logran por consenso, donde cada sector intenta persuadir e imponer su posición sin que se produzcan enfrentamientos que terminan siendo estériles y que le hacen muy mal a la política.
Respecto de la relación entre los gobernadores de Mendoza y el Gobierno nacional, los tres últimos mandatarios provinciales han sido consecuentes con la política implementada por la gestión K. Julio Cobos fue seducido por aquella famosa transversalidad, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Nación, pero su voto "no positivo" en la crisis por el campo lo convirtió en un traidor y, por ende, en un acérrimo enemigo. Celso Jaque y Francisco Pérez también fueron consecuentes con la conducción kirchnerista y cabría preguntarse qué recibió Mendoza a cambio, en estos últimos once años. Sobrarían los dedos de una mano para enumerar cuántos proyectos lograron concretarse dentro del sinnúmero de promesas que, tanto Néstor como Cristina, anunciaron en cada una de sus visitas a la provincia.
El ejemplo más claro de los premios y castigos con que se maneja el Gobierno nacional quedó ratificado días pasados, cuando la Presidenta de la Nación prorrogó los acuerdos de desendeudamiento con 13 provincias (la gran mayoría de ellas lideradas por gobernadores obsecuentes, a quienes se sumaron algunos "obsecuentes por necesidad") y dejó de lado a tres provincias productoras de petróleo, Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén, por haber cometido el pecado de defender los intereses de sus provincias por encima de las imposiciones de la Nación.
A modo de una tibia explicación, desde el Gobierno nacional se dijo que el desendeudamiento se hará en dos tandas, pero no deja de llamar la atención que las tres rebeldes que pidieron aclaraciones en la discusión por la renta petrolera no integraran la lista. También quedó en evidencia que la Presidenta ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el ojo propio porque ese "castigo" se produjo en medio de un discurso en el que aseguró que no iba a hipotecar al país por la decisión de un juez de los Estados Unidos, por el caso de los fondos buitres, pero a la vez exige que las provincias hipotequen su futuro en algunas discutibles decisiones nacionales sobre el petróleo.
