El gobernador Alfredo Cornejo dispuso, a través del decreto Nº 63, el comienzo de verificación de deuda para aquellos proveedores del Estado a quienes se les deban sumas superiores a un millón de pesos.
El pago se realizaría en títulos provinciales y dinero en efectivo, luego de certificarse fehacientemente la acreencia.
En virtud del “desorden fiscal y administrativo” en las cuentas públicas, Cornejo dispuso no sólo verificar que se haya efectivizado el servicio o la entrega real de bienes sino también investigar la posible responsabilidad de los funcionarios y empleados intervinientes en las contrataciones.
El decreto determina en primer lugar que los proveedores de organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, con deudas superiores al millón de pesos exigibles o anteriores al 31 de diciembre de 2015, deberán acreditarla ante la Tesorería General .
La Tesorería General deberá remitir el expediente al órgano en el cual se originó la misma, quien emitirá un detallado informe sobre la existencia y causa de la acreencia, para luego ser remitido a la Contaduría General para su control. Una vez allí, se determinará el monto de la deuda.
El paso final será la firma de un convenio de cancelación de obligaciones.
