Las tres semanas que restan hasta la primera huelga nacional contra la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri estarán fuertemente jalonadas por protestas sectoriales, de sindicatos y partidos de oposición y de organizaciones sociales, además de la previsible multitudinaria concentración por el aniversario 41 del pasado golpe de Estado.
De la evolución de este calendario de reclamos dependerán en parte los alcances del paro nacional por 24 horas, pero sin movilización ni acto, convocado finalmente por la CGT para el jueves 6 de abril. Aunque el factor fundamental en aquel sentido será cuál de los discursos acerca de las motivaciones de la medida, si el del Gobierno o el de la central sindical, calará más en el conjunto de la sociedad.
Desde las vísperas mismas de la oficialización del llamado al paro por parte del triunvirato de la CGT, y más aún después, el Gobierno insistió en su disposición al diálogo, que los dirigentes cegetistas consideran inconducente; sobre todo, dicen, a la luz del incumplimiento del compromiso empresarial de no producir despidos ni suspensiones hasta finalizado el primer trimestre del año que se había firmado en noviembre en la Mesa de la Producción y el Trabajo.
Pero la Casa Rosada sumó un elemento discursivo al que los incidentes finales de la multitudinaria concentración del martes 7 le dieron algún forzado asidero: que el llamado a la paralización de actividades es parte de un plan para desgastar al gobierno de Cambiemos a meses de las elecciones clave de medio término, impulsado por el kirchnerismo y por partidos de izquierda.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el miércoles, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el viernes, fueron incluso más allá al responsabilizar de ese supuesto plan (“destituyente”, dijo el primero; de “desestabilizante y desembozado”, lo tildó el segundo) a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como a “dirigentes gremiales que la acompañaban” en su gestión.
El objetivo del Gobierno está claro: confirmado el paro, pese a las iniciativas que tomó tras el acto del martes 7 (postergación de aumentos tarifarios, reunión con los sindicatos industriales más afectados por los despidos y suspensiones, reglamentación de la Ley de Emergencia Social), se trata ahora de minar su alcance, sobre todo en la opinión de sectores medios, atribuyéndole motivaciones políticas desestabilizantes.
Por el contrario, el triunvirato de la CGT se empeñó desde el anuncio, el jueves pasado, de contrarrestar el discurso gubernamental. La frase más elocuente en ese sentido y que marcó una rotunda toma de distancia, provino de Héctor Daer cuando dijo que “ninguno de los tres (Carlos Acuña y Juan Schmid son los otros dos) que estamos acá (en la conferencia de prensa de la CGT) somos kirchneristas”.
El principal objetivo de la estrategia que se trazó el triunvirato es que el paro tenga el máximo alcance posible como “demostración de que hay un malestar generalizado en amplias capas de la sociedad” afectados por la política gubernamental; una válvula de escape de la presión social que la Casa Rosada no terminaría de ver mal, aunque Schmidt se ocupó al día siguiente del anuncio de advertir que, si tras el paro no hace cambios, el Gobierno “se arriesga a un grado de conflictividad mayor”.
La decisión de esos cambios requeriría antes “ver la realidad”, lo que a juicio de la CGT no hace el Gobierno. Daer puso sobre la mesa un dato que debería inquietar a la Rosada: “No crean (le pidió al Gobierno) lo mismo que creyó (Domingo) Cavallo en setiembre de 2001, que reafirmando un plan recesivo teníamos futuro porque después tropezamos y los tropiezos económicos y políticos los terminan pagando los que menos tienen”.
Pero hasta el jueves 6, el almanaque está plagado de protestas. El lunes y martes próximos el conflicto docente escalará con la “marcha federal” a Plaza de Mayo, mientras que la semana cerrará con la Marcha por la Memoria, y las tres principales organizaciones sociales (Ctep, CCC y Barrios de Pie) volverían a ganar la calle para urgir la implementación de la ley de emergencia social (30 mil millones de pesos hasta 2019 en salario social complementario para trabajadores informales).
Hasta el 30, cuando las CTA “calentarán motores” con una “jornada nacional de lucha con movilizaciones”, en vez de un paro, preparatorio del “plebiscito contundente contra el ajuste de Macri” que quieren se convierta el primer jueves de abril.
