La Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) denunció penalmente en la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales a al menos 10 personas que participaron en una toma de dos días en las instalaciones del Instituto Superior IES 9-002 Tomás Godoy Cruz de calle Rivadavia y Patricias Mendocinas de Ciudad, en el mismo edificio del Normal.
Se trata de docentes, alumnos y hasta algunos legisladores del FIT (partido Frente de Izquierda de Trabajadores), quienes en esta semana serán llamados a declaración indagatoria por el hecho. En el evento que desencadenó la acción llegaron a juntarse más de 200 personas en el interior del establecimiento.
Desde el Ministerio Público Fiscal dan por sentado que esas diez personas (cuyos nombres no se dieron a conocer) serán imputadas del delito de "desobediencia" por el fiscal correccional a cargo, Gabriel Blanco.
Esta semana docentes y estudiantes decidieron tomar la institución como muestra de su rechazo a la resolución 2010 que plantea reformas educativas en los niveles terciarios.
La misma apunta a gestionar la oferta de carreras en función de la demanda de los alumnos y del mercado laboral determinando de esa manera cuáles son "carreras prioritarias" y exigiendo un mínimo de 25 estudiantes por curso en zonas urbanas y 18 en zonas rurales o periféricas desfavorables cuando se trate de instituciones de gestión estatal.
Debido a que los manifestantes lo consideran un nuevo ataque a la educación pública, el jueves por la noche se empezó con una asamblea entre docentes y estudiantes que –según las autoridades del Gobierno– luego tuvo visos de "toma" del establecimiento.
Contraataque
Según informaron desde la DGE, la medida no le gustó para nada al rector de la institución y decidió denunciar la toma ante las autoridades. Posteriormente arribaron al lugar policías y autoridades fiscales para comprobar in situ que la asamblea no era tal y que se trataba de una toma lisa y llana.
Por esta razón tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales a través del fiscal Gabriel Blanco. "Si bien los líderes de la toma aseguraban que estaban en asamblea se determinó que se estaba llevando a cabo una toma indebida del establecimiento", explicaron desde el Ministerio Público.
Debido a ello el representante legal de la DGE intimó a los presentes el viernes por la noche a finalizar con la medida. "Ante la negativa a esta orden, el funcionario de la DGE produjo la intervención de la fiscalía", aseguró la misma fuente.
Con la denuncia penal hecha, se dispuso que en los días venideros –los primeros de esta semana que se inicia– "se llamará a declaración indagatoria a algunos alumnos y profesores que realizaron la toma, quienes pueden ser imputados por el delito de desobediencia", aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal.
Desde el lado de los manifestantes –que no pertenecen a ninguna organización estudiantil– se sabe que harán hincapié en que lo que se desarrollaba era una asamblea y que esa actividad está contemplada en el estatuto.
Con lo que el caso pasa a ser un duelo semántico: "toma versus asamblea". En la DGE sospechan que la Justicia les dará la razón.
"Con esto, además, se busca desalentar el mecanismo de la toma para futuros conflictos", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
