La ONG Protectora salió una vez más a denunciar los problemas que existen con el suministro de agua en la provincia. Presentó ante el Ente Provincial de Agua y de Saneamiento (EPAS) una solicitud para que intervenga de manera urgente a fin de establecer el servicio normal de agua potable, se disponga la indemnización por los daños causados y se sancione a los operadores.
Pidió una indemnización tarifaria a los usuarios, "que no debería ser inferior a los $ 100, dado el perjuicio en la salud, en los artefactos sanitarios, cañerías, compra de agua potable en bidones, entre otros; y que su monto mayor dependerá de la cantidad de tiempo que fuere perjudicado, para resarcir a todos los usuarios damnificados como consecuencia de la acción u omisión culpable del Operador del servicio, y que debería hacerse efectiva mediante un crédito en la próxima factura que se emita".
Y agregó: "No obstante, todo usuario que pueda acreditar daños y perjuicios mayores a la indemnización tarifada por el organismo, podrá solicitar su reparación, mediante las vías administrativas o judiciales que elija".
Solicitó además que se apliquen las sanciones correspondientes en la legislación vigente "por las infracciones cometidas ante la falta de información". Y pidió que esta denuncia se acumule a la realizada por la asociación en relación a la disminución, corte y/o falta de suministro de agua potable desde el 31 de enero de 2013.
Reclamo radical
En la misma sintonía que la asociación de Defensa al Consumidor, la UCR pidió "resarcimiento económico para los usuarios y sanciones a los responsables".
Según el radicalismo, "es claro que el ministro Rolando Baldasso debió llamar a una reunión a todas las partes involucradas (Irrigación, Hidráulica, Centrales Térmicas Mendoza, las tres empresas prestadoras y el EPAS) y planificar con 48 horas de antelación para tomar las previsiones del caso".
