La Suprema Corte de Mendoza falló esta mañana a favor de la ONG Protectora en un reclamo de larga data. El máximo tribunal provincial intimó al Gobierno de Cornejo a poner en funcionamiento el Ente Regulador de Transporte en un lapso de 60 días.
"Estoy chocho con el fallo de la Suprema Corte de Mendoza", celebra en un video publicado en Facebook José Luís Ramón junto a Mario Vadillo, titulares de la asociación de defensa al consumidor y recientemete electos como diputado nacional y diputado provincial, respectivamente.
“En siete minutos, te contamos la verdad de lo que sucede con el transporte público de #Mendoza”. Así titularon el video en el que explican detalles del fallo.
Con esta resolución, la Suprema Corte obliga al gobierno a poner en marcha el ente regulador para el transporte público, creado por ley en 2005. Este organismo “tiene que actuar de intermediario entre el concedente (Gobierno) y el concesionario (empresas privadas)”, explica Vadillo.
Según los legisladores, la ausencia de este órgano de control beneficia a que “el Gobierno y las empresas” se pongan de acuerdo en todo lo que respecta al transporte de pasajeros, sin contemplar las necesidades de los usuarios.
Vadillo y Ramón se explayan en cuatro ítems en el que denuncias "abusos" de los empresarios
Kilómetro recorrido. Las consesionarios del transporte cobran por los kilómetros recorridos y no por pasajeros transportados. "Cobran más gas oil de lo que realmente gastan. Lo que ha generado empresas muy ricas".
Tarjeta Red Bus. "El Gobierno pone toda la inversión y Siemens es la que gana la plata con la creación del software . No quieren que llegue la tarjeta Sube porque el boleto tendría el valor que tiene que tener y los subsidios solo irían a los consumidores".
Terminal de ómnibus. "Sin audiencia pública y sin un ente regulador, que tendría que haber controlado la licitación, regalamos por 20 años uno de los mayores patrimonios de Mendoza, el valor del terreno y la construcción de la terminal de ómnibus. Además le dieron 8 años gratis".
El gran tema, la concesión del servicio público. Llevamos más e 20 años con los mismos empresarios haciendo los mismos recorridos, sin contemplar los nuevos barrios. Además la concesión lleva dos años vencida. Las empresas que están circulando están flojas de papeles. Están dependiendo solamente de la voluntad del Gobernador".
“Los mendocinos tenemos que estar interesados. Porque van a retrasar la implementación para larga una concesión a media de las mismas empresas que están ahora. La Corte les dio 60 días”, finalizaron.