El Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) es la iniciativa latinoamericana más reciente de integración regional. Este proyecto es obra del liderazgo de los derechistas Sebastián Piñera, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, y ha nacido con el fin de terminar de derrumbar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada entre 2004 y 2011 por el polo izquierdista Lula-Chávez-KirchnerFernández de Kirchner.
La creación de Prosur confirma una tendencia preocupante: en América Latina no se crean organizaciones regionales, sino franquicias ideológicas de los gobiernos de turno. Esa imposibilidad de crear bloques verdaderamente de integración condena a la región a desempeñar un papel periférico en la escena global.
Si Suramérica quiere reclamar un lugar protagónico en el tablero geopolítico mundial y resolver los problemas que sobrepasan sus fronteras — narcotráfico o migración— tendrá que alcanzar la integración en las próximas décadas.
Para lograrlo, es urgente que la región depure los proyectos integradores que ya existen y también evite la tentación de creer que la unión se sustenta en términos de “izquierdas y derechas”. Más que la creación de un nuevo foro, habría sido útil resguardar la única iniciativa que tenía a los doce países suramericanos sentados en una misma mesa, la Unasur. Como eso es difícil, lo que se requiere ahora es reestructurar y eliminar los acuerdos e iniciativas que ya existen —más de cuarenta—.
La única manera para establecer reglas claras, sencillas y uniformes a lo largo de Suramérica en materia económica, política y social es la convergencia de las organizaciones existentes y ponerlas en práctica de manera eficiente.
La unión regional está contemplada en nueve de las doce constituciones suramericanas y, a pesar del auge de los nacionalismos, es una aspiración que casi el 80% de los latinoamericanos apoya. ¿Por qué, entonces, los líderes de las distintas gamas de izquierda y derecha no pueden materializar este deseo?
Desde hace varios meses se viene gestando la crisis del suraméxit, que ha provocado una profunda desunión en Suramérica. Se desató por el bloqueo de Bolivia y Venezuela al nombramiento del secretario general de la Unasur. Prosur, entonces, fue ideada como una alternativa para avanzar en la integración regional ante ese estancamiento. Pero se es una solución errónea: en vez de integrar, profundiza la división regional al destruir el único organismo en el que existía la posibilidad de convergencia de todas las naciones de Suramérica.
Además de dividir a la región, Prosur es contraproducente por una cuestión pragmática: la replicación de las entidades regionales genera solapamiento tanto en los objetivos como en las funciones de cada institución.En vez de complementarse, los organismos de integración colisionan o se alejan entre ellos. Por ejemplo, Bolivia es parte de la Comunidad Andina (CAN) y está en proceso de ingreso al Mercosur. Pero los dos organismos tienen sistemas distintos de aranceles, así que Bolivia tiene requisitos delineados por ambas organizaciones que son incompatibles.
En materia de movilidad de bienes y personas la existencia de distintos estándares establecidos por organismo y tratados ha dado lugar a lo que se llamó el efecto "tazón de espagueti", en el que se entrelazan reglas de distintos acuerdos en direcciones diferentes y hasta contradictorias. El maíz está en la base histórica y
cultural de la cocina latinoamericana y sirve para ilustrar este problema. Una producción de maíz que se cultiva en Argentina tendrá que pagar distintos aranceles para exportar este producto a Colombia o Perú y, en ciertos casos, Estados Unidos tiene más beneficios que los propios países latinoamericanos.
Ante esta coexistencia alarmante de tantos órganos regionales, la creación de Prosur no solo es contraproducente, sino también inútil. Desde el punto de vista jurídico, las decisiones de este tipo de foros no tendrán efectos obligatorios para todos los Estados miembro. Al no contar con un tratado ni con instituciones que se encarguen de materializar el cumplimiento de sus objetivos, su capacidad de maniobra será nula: nada ni nadie obligará a los países para que cumplan lo pactado.
Como llevar a cabo la reestructuración y depuración de organizaciones para conservar las alianzas que sí tienen utilidad requiere tiempo, un plan de desarrollo o de visión de cara a 2030 tendría más sentido que mantener el Prosur. Planes de visión regional como los creados en África y Asia, que son menos susceptibles al péndulo ideológico, permitirían articular los objetivos suramericanos a corto, mediano y largo plazo.
Para que los organismos de integración que queden después de la reestructuración funcionen, se tienen que considerar dos cuestiones cruciales: la financiación y su efectividad para garantizar resultados. Con el fin de que el presupuesto no sea objeto de manipulación por los cambios de gobierno, se requiere de la creación de pólizas, fondos o fianzas que garanticen los recursos económicos ante los cambios de mandatarios. Esto permitiría que la integración suramericana sea una política de Estado y esté menos sujeta a los vaivenes políticos.
Finalmente, para garantizar que las entidades tengan “dientes”, se requiere ceder cierta soberanía, por lo que la regla de la unanimidad —la idea de que para adoptar decisiones todos los países deben estar de acuerdo— debe ser reemplazada por un mecanismo menos rígido.
Los liderazgos actuales tanto de izquierda como de derecha serán sustituidos en la próxima década. Si los gobernantes quieren dejar un legado de su paso efímero por el poder, lo mejor que podrían hacer es ayudar a organizar un proceso integrador duradero. De lo contrario, al igual que sus colegas de los últimos años, serán olvidados o recordados como los responsables de la fragmentación regional y de condenar a Suramérica a la irrelevancia global.
Juan C. Herrera es investigador posdoctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público.
